Según Andrews, Pritchett y Woolcock, prestigiosos académicos de Harvard y Oxford, en su reconocido libro “Building State Capability” (Construyendo Capacidad Estatal), Guatemala, al ritmo histórico de los últimos 200 años, alcanzaría a los países con «fuerte capacidad estatal» en el año 2584. Para estos autores, la capacidad estatal implica la habilidad de un Estado para diseñar, implementar y hacer cumplir políticas públicas de forma efectiva y sostenida. Esto va más allá de formular leyes; requiere infraestructura administrativa, recursos humanos, financieros y técnicos, y mecanismos institucionales para ejecutar decisiones en beneficio del desarrollo y bienestar social. En otras palabras, un Estado funcional debe traducir su marco legal y visión política en resultados tangibles, que respondan a las necesidades de sus ciudadanos y promuevan el desarrollo a largo plazo.

Según los autores, el “profundo estancamiento” que experimentan países como Guatemala en su capacidad estatal no es un fenómeno aislado, sino el resultado de una inercia sistémica. Argumentan que el lento progreso en la capacidad estatal no se debe a falta de intentos (o al menos de esfuerzos que parecen intentos), sino a la creencia de que basta con tener “instituciones correctas” para mejorar la efectividad del Estado. A menudo, estas instituciones se crean para satisfacer expectativas de grupos específicos, sin conexión real con las necesidades y objetivos de la mayoría. Esto ignora debilidades sistémicas en la implementación a nivel nacional. Además, se pasa por alto que instituciones funcionales en un contexto específico pueden fracasar en otro donde los valores y comportamientos difieren. Y tampoco se considera que la capacidad del Estado está profundamente entrelazada con clientelismo, corrupción y prácticas informales que no se resuelven con un “borrón y cuenta nueva.” Al ignorar estas realidades, las reformas institucionales se quedan en la superficie, ocultando la debilidad estructural del Estado.

Estos autores sostienen que centrarse en las Tres P’s – Políticas, Programas y Proyectos – no siempre es efectivo. Preguntan: “¿Qué pasaría si realmente no importaran? ¿Y si la política oficialmente adoptada, el programa presupuestado o el diseño del proyecto fueran de importancia secundaria?”. Si los resultados dependen de la implementación, entonces el verdadero determinante del rendimiento no son las tres P, sino la capacidad de ejecutarlas. En muchos contextos, es más fácil enfocarse en las Tres P que en los complejos y poco atractivos detalles de la implementación.

“Que una llanta esté pinchada no significa que el agujero esté en la parte inferior”, afirman los autores. Se cree que es suficiente con crear nuevas formas organizacionales, movilizar recursos específicos, seleccionar figuras notables para liderar instituciones y profesionalizar a los servidores públicos. Sin embargo, se espera que “islas” de honestidad, eficiencia y efectividad floten independientemente en un vasto océano de corrupción, clientelismo, nepotismo y arbitrariedad. Transplantar modelos exitosos, estructuras institucionales y mejores prácticas de otros contextos, sin considerar la presión política y la capacidad de adaptación local, solo añade una capa superficial a los problemas. “Las organizaciones nacidas por trasplante, que no tuvieron que luchar por existir y defender su legitimidad en base a su funcionalidad, son criaturas sin sistema inmunológico. Eventualmente, algo matará su funcionalidad; caerá presa de alguna de las muchas ‘enfermedades’ que afectan a las organizaciones gubernamentales.”

En cuanto a los problemas de infraestructura vial en Guatemala, es necesario reconocer que el país no puede permitirse nuevas reformas que luzcan bien en papel, pero fracasen en la práctica. Sin una reflexión profunda y mecanismos adecuados de implementación, la ley de infraestructura que se discute en el Congreso corre el riesgo de caer en la misma trampa que otras leyes anteriores: promesas de progreso que perpetúan el estancamiento. Existe el peligro de que esta ley engrose la lista de reformas superficiales que se vuelven víctimas de las enfermedades del sistema.