Se les llama “juez de garantías” porque estos son la primera línea del sistema de justicia llamados a garantizar los derechos fundamentales de las personas involucradas en un proceso penal. Eso debiera ser y representar el juez Fredy Orellana.

En septiembre de 2021, emitió la primera orden de captura en mi contra. Han transcurrido tres años y medio sin que yo pueda tener acceso al proceso pues se encuentra en reserva; contrario a ello, de vez en cuando, Rafael Curruchiche utiliza ese caso para desacreditarme. Aunque con mínimos indicios me he enterado de la falacia y triquiñuela que armaron para afectarme.

Era julio de 2022 y con una novela fabricada por la fiscalía en contubernio con el juez, detuvieron al periodista José Rubén Zamora Marroquín por una presunta operación de lavado de activos.

Para permitir, en forma ilegal, la participación de la Fundaterror, involucraron a Samari Gómez y a mí, para acusarnos que el dinero supuestamente lavado, provenía de una extorsión del periodista, con información que Gómez y yo facilitábamos a Zamora para extorsionar a terceros.

Fredy Orellana mantuvo en prisión a Rubén Zamora y Samari Gómez hasta que el tribunal de sentencia penal absolvió a ambos de las calumnias armadas por la fiscalía. Aunque Zamora aún sigue ligado a proceso por el supuesto lavado de activos.

En el 2023 el objetivo fue sabotear el evento electoral. Consuelo Porras usó de nuevo a la fiscalía que dirige Curruchiche y al juez afín a sus propósitos. Sé que en los pasillos de la FECI, gritan abiertamente que “deben buscar que los casos “caigan” con un juez afín a los intereses del MP”.

Así fue como montaron un show mediático con el caso que llamaron “Corrupción Semilla” y estuvieron cerquita de impedir la segunda vuelta electoral, incluso legitimados por la Corte de Constitucionalidad. Si no es por el impulso de las autoridades y organizaciones indígenas, el soporte de la comunidad internacional, las clases medias que salieron a protestar, hubiesen cumplido con en ese cometido.

La dupla Curruchiche-Fredy Orellana no da tregua. Hace pocos días, repitieron su guión en el marco de las elecciones de Junta Directiva en el Colegio de Abogados y Notarios: la fiscalía requirió la detención de Eduardo Masaya, un joven profesional involucrado en la política partidista y que en esta oportunidad participaba en una de las planillas que contendían en la elección.

Varios aspectos llaman la atención de la captura: el momento en que se produjo, las razones y argumentos de la fiscalía y sobre todo lo demás: la displicencia del juez.

El “juez de garantías” Fredy Orellana, quien está alejado a no más de los principios de la independencia judicial: qué neutralidad, cuánta ajenidad y qué desinterés en el asunto que se resuelve. Ordenó la prisión preventiva, basado en que el apoyo que Masaya recibió en las redes sociales constituía un peligro.

Es el mismo interés inusitado que marca en el caso del partido de gobierno cuando gira oficios para informar a la autoridad electoral sobre decisiones que asume en la judicatura.

El juez, se nota, está siempre pendiente de las noticias: se anticipa con resoluciones ilegales y ha modificado las “medidas cautelares” en sanciones contra oponentes o adversarios políticos del Ministerio Público.

Muy preocupado del quéhacer de otras instituciones, advierte, amenaza y exige que, el Congreso, el Tribunal Supremo Electoral, el Colegio de Abogados y cuanta institución necesite para cumplir sus objetivos, envía notas “para poner de conocimiento” a fin de que la autoridad actúe “como corresponda”.

No existe la posibilidad de que la Corte de Apelaciones y/o la Corte Suprema de Justicia reviertan las decisiones ilegales. Menos aún de la Corte de Constitucionalidad que, como ocurrió el 12 de julio de 2023 en pleno proceso electoral, en vez de advertir las ilegalidades, afianzó las acciones del juez.

Las decisiones de un juzgador debieran ser acordes a la democracia: la independencia judicial no es un bien de propiedad del juez, sino una garantía para toda la sociedad.