En  interesante reportaje, Sergio Morales de La Hora, Tribuna no Mostrador, publicó el pasado 29 de julio una crónica de lo que será una compra planeada, anunciada y millonaria.  Los millones van para la adquisición de los famosos Plavix y Aprovel. Y además con el agravante de no tener más que un proveedor único que se ha embolsado millones.

En el caso del Plavix, el medicamento se administra en adultos para prevenir la formación de coágulos en vasos sanguíneos endurecidos, en procesos conocidos como aterotrombosis. Se trata entonces de prevenir infartos.

En el caso del famosísimo Aprovel, de la casa Aventis,  la onerosa pastilla es de la familia de los sartanes, que son parte del ritmo de vida moderna, pues es común ahora observar jóvenes que padecen de hipertensión arterial; y es usual   la receta automática del Ibersartan, siendo el medicamento más oneroso el de marca el Aprovel, que llega a valer cerca de diez veces más que diversos genéricos, con buena bioequivalencia, comprobada en las comisiones terapéuticas locales y nacionales instituidas en el IGSS desde hace un tiempo.

Resulta ser así que una licitación en donde la mayoría de casas ofertan Q19 millones, las que monopolizan la marca Aprovel lo hacen por Q190, significando ello un drenaje significativo en las finanzas del IGSS. Cabe advertir que la deuda del Estado con el IGSS ya ha superado los Q40 mil millones, y los puntos de equilibrio de programas como el IVS se van achatando, mientras que la clase política y la tecnocrática de las finanzas no abordan el tema.

Morales bien nos muestra que con la próxima adjudicación de los medicamentos Aprovel y Plavix, el IGSS bajo la dirección de José Flamenco Lau, flamante presidente nombrado por el Giammatteiato, se aproxima a otro episodio de una compra forzada por resolución judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que en Guatemala los jueces no sólo recetan, sino lo hacen con medicamentos de marca, lo que es claramente ilegal y objeto de acusaciones penales.

Y lo que es peor: como la Junta Directiva actual  no ha movido a los cuerpos técnicos a encontrar soluciones para evitar proveedor único -que las hay por montón al interior del IGSS- se favorece a Lanquetin u otra de sus subsidiarias, lo que le ha valido, según el reportero, contratos millonarios.

En febrero del 2023, el IGSS hizo compras por millones de tabletas de ambos productos, pero como ya se acabaron, se repite el proceso y no se cambia la modalidad de proveedor único. La nueva operación para Lanquetin será por la bicoca cercana a los Q400 millones.

Mucho hemos escrito sobre la judicialización de la salud, porque es penoso que los jueces de la jurisdicción de trabajo y a menudo acuerpados por la Corte de Constitucionalidad receten medicamentos de patologías que desconocen. Aparte de Medicina Forense, el pensum de las facultades de Derecho, cada vez más deficiente por cierto, desconoce los pormenores y los efectos dañinos que pueden conllevar a daños colaterales. En el mundo se viene escribiendo hasta la saciedad sobre ello, y hay advertencias hacia los togados para no excederse en el tema que, lamentablemente, hoy está en su apogeo de nuevo, al estilo del IGSS previo al 2015.

En el caso que hoy se comenta, resulta ser que la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social otorgó amparo para el Clopidogrel y el Ibersartán, con el agravante que exige que sea de marca Plavix y Aprovel, que distribuye una de las bodegonas de Lanquetin.

Vale indicar que el amparo fue a petición de Mario Roberto Palomo Leonardo quien fungía como mandatario de la Asociación de Afiliados cubiertos por el Régimen del IGSS (ASFIGGSIA).

Según la nota de La Hora, por un lote parecido, la última vez de tal operación significó un sobrecosto cercano a los Q251 millones.