El Financiamiento Político en Guatemala y Estados Unidos: Dos contextos, un patrón común de corrupción y captura del Estado

Marco Fonseca

enero 18, 2025 - Actualizado enero 17, 2025
Marco Fonseca

El financiamiento de la política es un aspecto clave para entender cómo las élites económicas y políticas consolidan su poder, tanto en democracias emergentes como en las más consolidadas. Aunque Guatemala y Estados Unidos representan contextos radicalmente distintos, los escándalos de corrupción destapados por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el financiamiento masivo de las élites estadounidenses a la campaña y la inauguración de Donald Trump revelan patrones similares: la captura del Estado por intereses privados, la opacidad en el flujo de recursos políticos y las implicaciones para la democracia.

Aquí analizamos brevemente cómo el financiamiento oculto y no registrado en Guatemala, investigado por la CICIG, y la concentración de poder económico en torno al proyecto político de Trump representan manifestaciones de una misma dinámica: el alineamiento de una fracción de las élites con proyectos políticos que, aunque diferentes en su discurso, comparten una agenda implícita de consolidación del poder de estas élites.

La CICIG, en colaboración con el Ministerio Público, destapó una serie de casos que ilustran cómo el financiamiento político opaco y las redes de corrupción han capturado el Estado guatemalteco. Entre los casos más emblemáticos están:

La Línea: Una estructura de defraudación aduanera liderada por el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, donde se desviaban recursos públicos mediante sobornos. Este caso mostró cómo las élites políticas utilizaban el poder estatal para enriquecerse a expensas de los recursos del país.

Cooptación del Estado: Un esquema en el que el Partido Patriota canalizó financiamiento ilícito para acceder al poder, otorgando contratos estatales a sus financiadores una vez en el gobierno. Este caso reflejó cómo las elecciones eran financiadas y decididas por intereses privados.

Transurbano: Un fraude vinculado al expresidente Álvaro Colom, en el que se desviaron fondos destinados al sistema de transporte público para beneficio personal y político. Esto evidenció cómo los recursos públicos eran sistemáticamente utilizados para financiar campañas políticas.

Estos casos expusieron patrones claros: las élites guatemaltecas financiaban la política para garantizar contratos, beneficios y control sobre el aparato estatal, creando un ciclo de corrupción que perpetuaba la desigualdad y debilitaba la democracia.

Aunque Estados Unidos tiene instituciones políticas más consolidadas, el financiamiento masivo a la campaña y la inauguración de Donald Trump refleja cómo las élites económicas también buscan capturar el poder político. En 2025, el Comité de Inauguración de Trump ha recaudado más de 250 millones de dólares, superando todos los récords previos. Esta cifra proviene de corporaciones tecnológicas y grandes empresarios como Elon Musk, Jeff Bezos y Mark Zuckerberg que han donado hasta un millón de dólares cada uno solo para pagar la fiesta inaugural de Trump el próximo 20 de enero. Aunque Trump se ha posicionado retóricamente como un crítico del globalismo y defensor del proteccionismo, este apoyo financiero sugiere un alineamiento de sectores de las élites tecnológicas con su proyecto político.

Al igual que en Guatemala, el financiamiento de campañas en Estados Unidos también enfrenta cuestionamientos por la falta de transparencia, especialmente con la proliferación de los «super PACs» y donaciones oscuras. Este apoyo plantea interrogantes sobre cómo las élites económicas buscan influir en las políticas de un gobierno que, en teoría y en derecho, debería estar orientado a desafiar los intereses y grandes monopolios corporativos.

Pese a sus diferencias, los casos de Guatemala y Estados Unidos comparten elementos clave que revelan cómo las élites capturan el poder político.

En ambos países, sectores o fracciones de las élites en pugna han financiado proyectos políticos – a veces incluso los mismos proyectos políticos – con el objetivo de influir en las políticas públicas. En Guatemala, esto se tradujo en contratos estatales y exenciones fiscales; en Estados Unidos, el financiamiento a Trump refleja una estrategia para garantizar regulaciones favorables y protección de intereses corporativos.

En Guatemala, el financiamiento oculto permitió la consolidación de redes de corrupción. En Estados Unidos, la falta de transparencia en las donaciones políticas y el papel de los «super PACs» han generado preocupaciones similares sobre la influencia indebida de las élites.

En ambos casos, el financiamiento élitista socava la confianza en las instituciones políticas, promoviendo la idea de que las decisiones políticas están guiadas por los intereses de unos pocos, no por el bienestar general. En Estados Unidos, los ideólogos del movimiento MAGA se refieren a la red de intereses corporativos y políticos que realmente gobierna en Washington como el «Estado profundo». Lo irónico es que no reconocen que Trump mismo pertenece a dicho «Estado profundo» y que ahora mismo se encuentra orquestando una nueva versión del mismo.

Hay, pues, una contradicción entre la retórica antiglobalista y populista y la realidad del control empresarial y elitista. Uno de los aspectos más paradójicos del proyecto político de Trump es su retórica antiglobalista y proteccionista frente al apoyo financiero de élites corporativas globales. Lo muy irónico en el caso de Trump es que su movimiento MAGA, particularmente sus ideólogos más influyentes, galvanizaron a la población trabajadora más profundamente afectada por el impacto negativo de la globalización neoliberal (identificada sobre todo como un proyecto del Partido Demócrata y las élites «woke» que dominaron la política en Washington con Obama y luego Biden), la desindustrialización de Estados Unidos, el auge del desempleo estructural y la precariedad laboral y la pérdida de hegemonía por parte de Estados Unidos a nivel global. Sin embargo, el financiamiento elitista de Trump demuestra que las elites más globalizadas – desde Zuckerberg hasta Musk y Bezos – quieren seguir con las manos en el timón del proyecto neoimperialista y restaurador de Trump. Esta contradicción refleja, entonces, cómo la política populista de derecha está siendo instrumentalizada por sectores de las élites para consolidar su poder.

El trumpismo es, por tanto, un populismo de derechas instrumentalizado desde arriba. Aunque Trump critica tanto la corrupción en Washington como el globalismo (es decir, el globalismo donde EE.UU., a pesar de haber sido su principal impulsor y promotor, ya no juega el papel más poderoso y países como China han llegado a ocupar una posición dominante), sus políticas han beneficiado y seguirán beneficiando a las corporaciones mediante recortes fiscales, desregulaciones y protección de monopolios. Las élites que financian su proyecto político no necesariamente comparten su discurso, pero es curioso ver la rapidez con la que Zuckerberg y la empresa Meta (que controla a Facebook, Threads e Instagram) ha desmantelado las políticas de Diversidad, Igualdad e Inclusión (DEI, por sus siglas en inglés) y han despedido a miles de personas encargadas de chequear los hechos («fact checkers») de conformidad con el discurso de «libertad de expresión» y no a la censura que pregona Trump. En todo esto, estas élites claramente ven en el gobierno entrante de Trump una oportunidad para consolidar su poder económico tanto nacional como global.

Este fenómeno también encuentra cierto eco en Guatemala, donde las élites empresariales del CACIF han respaldado proyectos autoritarios o populistas que garantizan su control sobre el aparato estatal y el modelo extractivista de capitalismo irrestricto que, en gran medida, predomina en Guatemala. Ante todo esto, el gobierno de Arévalo y Herrera no es solo muy débil. La falta de acción decisiva y audaz parece estar enraizada en un acuerdo ideológico fundamental entre el gobierno formal de la «Nueva Primavera» y el gobierno real del sector empresarial.

La concentración de recursos en torno al proyecto político de Trump y el historial de escándalos en su primer mandato, por otra parte, sugieren que su próximo gobierno podría estar plagado de casos de corrupción similares a los destapados por la CICIG en Guatemala. Ya podemos anticipar que el próximo gobierno de Trump será un gobierno de favores políticos a donantes. Solo la magnitud del financiamiento recibido por el comité de inauguración plantea dudas sobre qué favores podrían estar garantizándose a los financiadores en este mismo momento. La presencia directa de varios billonarios en posiciones de alto poder o mucha influencia garantiza una cadena escandalosa de conflictos de interés que no solo mina todos los reclamos del movimiento MAGA, sino que también desacreditará la política exterior que Marco Rubio, el candidato a Secretario de Estado de Trump, quiera llevarle a países como Guatemala.

Al igual que en Guatemala, ya podemos anticipar que las políticas del próximo gobierno van a beneficiar desproporcionadamente a los financiadores de la campaña, especialmente en áreas como infraestructura, tecnología y defensa, a expensas de los grupos marginados y subalternos, aunque sea blancos y fundamentalistas, que nutren las filas del movimiento MAGA. La historia demuestra que la falta de transparencia en el financiamiento y la conocida propensión de Trump a ignorar conflictos de interés y erguirse por encima de la ley van a conducir a nuevos escándalos y nuevas embestidas autoritarias que convierten en arma tanto al derecho como al orden y que debilitarán aún más la ya precaria confianza en las instituciones liberales que encontramos en la cultura política de EE.UU.

Los casos de Guatemala y Estados Unidos muestran, entonces, cómo el financiamiento político se convierte en una herramienta, un arma, para la captura del Estado por parte de las élites económicas. Aunque las instituciones y contextos son diferentes, los patrones de opacidad, alineamiento de intereses privados con proyectos políticos y erosión de la democracia liberal son notablemente similares.

La experiencia de la CICIG en Guatemala ofrece lecciones clave sobre la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en el financiamiento político. Eso es algo que el gobierno de Arévalo y Herrera estarán en perfectas condiciones legítimas de recordarle a la embajada de EE.UU. en Guatemala o a los representantes del Departamento de Estado cuando se hagan presenten en el país. Es claro que esa experiencia plantea interrogantes urgentes sobre cómo enfrentar estos desafíos en democracias más consolidadas como Estados Unidos, donde la influencia de las élites es menos visible pero incluso más poderosa que en países periféricos como Guatemala.

En última instancia, combatir la corrupción y garantizar que las instituciones liberales respondan al interés público requiere una voluntad democrática firme, así como mecanismos de fiscalización independientes y robustos. No olvidemos que Trump ha propuesto desmantelar o politizar muchos de estos mecanismos. No olvidemos que en Guatemala muchos de estos mecanismos ya se encuentran irremediablemente politizados y que por ello el gobierno de Arévalo y Herrera empieza el año 2025 bajo la amenaza de una posible destitución espuria e ilegal. Y no olvidemos que mucha gente en posiciones de poder dentro de la entrante administración de Trump se han declarado como amigos de la corrupción y la impunidad en Guatemala.

Etiquetas:

Todos los derechos reservados © eP Investiga 2024

Inicia Sesión con tu Usuario y Contraseña

¿Olvidó sus datos?