Últimamente hay una tendencia global de cuestionar la forma en que se está practicando la democracia, no importando que se sea un país desarrollado o no, la democracia está bajo cuestionamiento, con esa tendencia de validar prácticas autoritarias, corruptas o poco democráticas. En Guatemala la democracia está en crisis y no precisamente por las prácticas autoritarias del presidente de turno, sino porque quienes quieren perpetuar esas prácticas que tienen al país casi en ruinas.    Analizar a Guatemala a través de los pilares de una sociedad democrática permite observar tanto los avances como los desafíos que el país enfrenta en su camino hacia una democracia plena y estable.

En primer lugar, tenemos que hablar del Estado de Derecho; en Guatemala, el Estado de Derecho enfrenta importantes desafíos, especialmente en términos de justicia y combate a la corrupción. Si bien existen leyes y una Constitución que rigen la vida democrática, la corrupción, la impunidad y la falta de acceso a la justicia afectan gravemente la efectividad de este pilar.  Somos testigos de todos los cuestionamientos que existen sobre la falta de transparencia en la elección de cortes y la cuestionada administración de la fiscal general, tampoco podemos perder de vista la aprobación de leyes por parte del Congreso que van en detrimento de la administración de justicia. A pesar de los esfuerzos de los diferentes sectores, el sistema judicial sigue siendo vulnerable a influencias externas y conflictos de interés, lo cual obstaculiza la confianza ciudadana en la justicia.

Otro de los pilares indispensables es la participación ciudadana, especialmente en materia electoral, la que en el caso de Guatemala ha avanzado, permitiendo que los ciudadanos voten para elegir a sus representantes. Sin embargo, la baja participación electoral, especialmente en zonas rurales, y la falta de representatividad en algunos sectores reflejan una desconexión entre la ciudadanía y sus líderes políticos. Esto se debe en parte a la desconfianza en el sistema político, los problemas de transparencia y los obstáculos que enfrentan las comunidades indígenas y rurales para ser escuchadas y representar sus propios intereses. Una sociedad democrática se caracteriza por el respeto a los derechos humanos, materia que Guatemala aún no aprueba, pese a que la Constitución de Guatemala protege los derechos humanos y se han ratificado la mayoría de convenios internacionales, en la práctica aún no hay un respeto igualitario de los derechos humanos. La violencia contra grupos vulnerables, como mujeres, indígenas, operadores de justicia y periodistas, sigue siendo preocupante. Además, defensores de derechos humanos y defensores del ambiente enfrentan amenazas y persecución.

Además, también es necesario respetar e incluir el pluralismo y la diversidad; Guatemala es un país de gran diversidad cultural, con más de 24 comunidades lingüísticas y grupos étnicos. Sin embargo, esta diversidad no se refleja en la política nacional o en la vida pública. Las comunidades indígenas y afrodescendientes suelen estar marginadas y tienen menos oportunidades de representación. A pesar de esto, existen movimientos indígenas y plataformas de defensa que trabajan para que sus derechos e identidad sean respetados y reconocidos en la esfera pública, siendo el caso de los Cuarenta y ocho cantones de Totonicapán, que en los últimos años han logrado defender e incidir en la vida política del país. La separación de poderes; es algo con lo que Guatemala cuenta al menos en teoría, pero en la práctica, la influencia política y la corrupción afectan su funcionamiento. El sistema judicial, en particular, ha sido objeto de manipulaciones y presiones externas. La falta de independencia judicial limita la efectividad de los controles y contrapesos, debilita la rendición de cuentas y contribuye a la percepción de impunidad en casos de corrupción.

También dentro de los pilares de la democracia se encuentra la libertad de expresión y de prensa, como es bien sabido, Guatemala reconoce la libertad de expresión y de prensa, pero en la práctica, los periodistas y comunicadores enfrentan riesgos, incluyendo amenazas, ataques y procesos judiciales. La violencia y la intimidación limitan la capacidad de los medios para investigar y reportar con libertad, afectando el acceso a una información plural y veraz, clave para una democracia sólida. A esto se suma la transparencia y rendición de cuentas, que al igual que los pilares anteriores, existen leyes de transparencia y acceso a la información, su implementación y cumplimiento han sido irregulares. La corrupción y la falta de transparencia en la administración pública socavan la confianza ciudadana en las instituciones. La sociedad civil ha jugado un papel importante en exigir mayor rendición de cuentas, a través de auditorías sociales y denuncias de corrupción, aunque estos esfuerzos aún enfrentan resistencia y limitaciones.

Ninguna sociedad se puede llamar democrática sino se practica la igualdad y justicia social, en este caso Guatemala enfrenta serios desafíos. Las poblaciones rurales e indígenas tienen menos acceso a servicios básicos como salud, educación y oportunidades de trabajo, lo cual profundiza la pobreza y la exclusión social. La inversión en políticas de inclusión y desarrollo sigue siendo limitada, aunque existen esfuerzos de organizaciones comunitarias e internacionales para mejorar el acceso y las condiciones de vida de estos grupos, el Estado aún no logra alcanzar por lo menos los porcentajes mínimos establecidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Y como último pilar tenemos la educación cívica y democrática, este es un eje fundamental para consolidar una cultura democrática, el problema es que aún es una asignatura pendiente para Guatemala, debido a que los recursos destinados a la educación son insuficientes, y muchos guatemaltecos no reciben una formación cívica adecuada. Aun así, en los últimos años, el papel de la sociedad civil y de organizaciones no gubernamentales ha sido clave en la educación de jóvenes y comunidades sobre sus derechos y deberes cívicos, promoviendo así una mayor participación y conciencia democrática como se pudo observar en las elecciones presidenciales de 2023.

En resumen, Guatemala enfrenta numerosos retos en su aspiración por consolidarse como una sociedad democrática plena. Si bien existen avances en algunos pilares, otros aún requieren grandes esfuerzos para fortalecer la democracia. La participación activa de la sociedad civil, la defensa de los derechos humanos y el combate a la corrupción son elementos esenciales para avanzar en este camino. La construcción de una Guatemala verdaderamente democrática exige que el Estado y la sociedad trabajen en conjunto para garantizar la igualdad, la justicia y el respeto a la diversidad que caracterizan a la nación.