Somos una sociedad que pareciera aceptar como normal que la mayoría de nuestra población carezca de acceso razonable a hospital, escuela, techo, transporte cotidiano, empleo digno, seguridad física y jurídica, y en general, a la esperanza en un futuro mejor.  Por eso somos esta sociedad políticamente inestable y polarizada, que nunca logra “despegar”. Eso a pesar de que la Historia nos demuestra que todas las naciones del hoy llamado “primer mundo”, a través de procesos políticos deliberados, dieron eso -entre otras conquistas sociales-  a sus mayorías, creando, de paso, las inmensas clases medias que los caracterizan y con ello, las condiciones para un capitalismo inclusivo, políticamente viable.  Dentro de las medidas que nos permitirían avanzar en esa dirección, está la de ampliar la cobertura de nuestro Seguro Social -que con todo y sus limitaciones es un gigantesco apoyo para sus afiliados actuales- a toda la ciudadanía.  Para lograrlo, habría que empezar por lograr que el Estado guatemalteco pague las obligaciones que dejó de pagar desde el año 1956 y que según cómo se calculen, ascienden a entre cinco y ocho millardos de dólares. Es un “ahorro forzado” del IGSS y una obligación pendiente del Estado guatemalteco, que ahora es conveniente saldar. Este prospecto, por supuesto, hace temblar a la mayoría de nuestros “expertos financieros” y a “la mayoría de la minoría”, quienes ya de por sí “pusieron el grito en el cielo” con la reciente aprobación del Presupuesto del Estado para el año 2025, aduciendo que ese presupuesto nos conducirá a una debacle inflacionaria. Pero no se asuste, ciudadano, hay maneras de hacerlo inteligentemente.

                Una manera de lograr este objetivo de manera “poco dolorosa” para nuestra economía, es incursionando en el mundo de las “criptomonedas” en este momento, antes de que la próxima gran revalorización del Bitcoin (BTC) se materialice, cuando retorne el Presidente Trump a la Casa Blanca.  Trump ha ofrecido escuchar a la Senadora por el el Estado de Wyoming, Cynthia Lummis, que ha propuesto que el Tío Sam venda sus reservas en oro y las traslade a BTC, como una medida anti-inflacionaria y de apoyo al rol del dólar como “divisa internacional de reserva” en el mundo.  Además de que es público que con sus hijos, el norteño Presidente-Empresario ya se metió a ese negocio y que se beneficiaría personalmente si se toma esa medida. Por eso, en mi artículo previo, indiqué que era hora de que Guatemala constituyera su propia “Reserva Estratégica en Bitcoin”. Hoy voy más allá:  cómo “sacarle el jugo” a una política monetaria menos inmovilista y más visionaria.  Los pasos a seguir serían:

• Tomar el 10% de las reservas cuasi-líquidas que el BANGUAT tiene hoy invertidas en valores de bajo rendimiento y supuesto bajo riesgo (y que al 31 de diciembre de 2023 sumaban aproximadamente unos veinte millardos de dólares) y con eso que se compre Bitcoin, para nuestra propia “reserva estratégica BTC” (un poco más de tres veces lo que ya tiene nuestro vecino, El Salvador, que oficialmente ya tiene unos seis mil BTC).  Para esto, el actual gobierno no tiene que acudir al Congreso, pues sería un simple cambio de instrumentos en la cartera de “Inversiones en Valores del Exterior”, bajo el exclusivo control de la Junta Monetaria, en la que el Organismo Ejecutivo tIene mayoría.

• Estructurar un “Bono BTC-IGSS”, similar al que concibieron en El Salvador, con su aún en proceso de materialización “Bono Bicoin del Volcán”.  Conceptualmente se trata de la emisión de un Bono del gobierno a largo plazo, por digamos, doce millardos, en dólares, que se invierten por mitad en BTC (para beneficiarse  con la revaluación a largo plazo de ese activo financiero) y la otra mitad destinada, en este caso, al pago de la deuda del Estado al IGSS (para que éste, de inmediato, pueda iniciar las acciones de remozamiento institucional y de universalización de la seguridad social en Guatemala; todo un proceso político en sí). Los tenedores de dicho Bono  tendrían un rendimiento en dólares, y otros en BTC, por especificar.  Hay apetito en los mercados globales para ese tipo de instrumento, y uno avalado por un BANGUAT que ya tuviera reservas en BTC, se colocaría sin problema.  La idea siendo que la parte invertida en BTC se revalorice a tal punto, que el costo del pago de la deuda se reduzca drásticamente, o hasta que resulte “gratis”.  La emisión de este Bono, no obstante, sí requerirá, probablemente, de la sanción del Congreso de la República.  Pero esto será parte de una discusión política nacional que ha sido demorada por demasiado tiempo y cuya atención le podría generar al gobierno de Arévalo un incremento de su popularidad; la que últimamente se ha venido deteriorando, por la supuesta falta de “resultados tangibles” de su Administración.  Una consecuencia indirecta de esta política, de paso, sería la del estímulo al crecimiento económico, derivada de la construcción de nueva infraestructura hospitalaria en todo el país.

Estas medidas probablemente conducirán a la revisión y reforma de la política fiscal y monetaria del país a mediano y largo plazo.  Para que esto se haga de manera inteligente y patriótica, sería ideal que nuestro sistema político evolucione,  dotándonos de representantes que de veras nos representen.  Representantes que a su vez nos doten de jueces y magistrados que no sean venales, sino que nos encaminen a un verdadero Estado de Derecho.  Lo que implica que debemos avanzar hacia una reforma de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) que hoy nos obliga a “elegir” diputados por “lista de anónimos listos”, un mecanismo consustancial a las organizaciones electoreras “con dueño”; esas que están detrás del golpismo y de la resistencia a la modernización del país.  Mientras ese momento llega,  es preciso que la ciudadanía presione a la actual Legislatura, para que pese a sus vicios de origen, los actuales diputados respondan a los clamores populares.  Y en ese contexto, mucho ayudaría que el Organismo Ejecutivo extirpe el cáncer de su cuerpo, esa anomalía constitucional que representa un Ministerio Público (MP) que actúa como si fuera un Cuarto Poder del Estado, contraviniendo el espíritu y la letra muerta de nuestra Constitución.  El país necesita un MP que persiga al crimen y a la corrupción, no ese que hoy tenemos que sirve de escudo a los corruptos y de instrumento de persecución política.  Se avecina un 2025 cargado de potencialidades pero también de negros nubarrones.  Ojalá Guatemala no pierda, una vez más y por parálisis de su liderazgo formal,  la oportunidad de cambiarle el rumbo al país…