Resulta sumamente preocupante y contradictorio que los legisladores, quienes deberían velar por el cumplimiento de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, estén haciendo uso tan descarado de sus cargos, esto al aumentarse el salario sin el consentimiento de la población, están violando claramente el principio de: No utilizar el poder público para beneficio personal. En estos momentos es cuando vemos la realidad alterada que poseen los legisladores al aumentarse el salario, sabiendo que gran parte de la población está sumida en la pobreza. Evidentemente, estas acciones demuestran que su cercanía y apoyo a la ciudadanía es ejercido únicamente en campaña electoral.

La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) revela una realidad alarmante respecto a la línea de pobreza y pobreza extrema, la encuesta indica: “Los departamentos de Alta Verapaz, Quiché, Huehuetenango y Baja Verapaz muestran porcentajes de pobreza por encima del 80.0% de pobreza.” Muy probablemente varios funcionarios desconozcan la grave situación de las familias, peor aún, que utilicen los escasos recursos públicos para enriquecerse, recursos tributados con bastante esfuerzo. Es hora de exigirles que cumplan con su deber y trabajen en favor del bienestar de todos los guatemaltecos.

La disparidad entre los Q29,150.00 que perciben los legisladores y el salario mínimo de Q3,477.00 es una afrenta a la dignidad de los guatemaltecos, mientras millones luchan por sobrevivir, nuestros representantes se benefician de sueldos exorbitantes. Es aún más indignante que muchos de ellos estén involucrados en actividades ilícitas, aun así lograron acceder al poder y ahora están demostrando sus verdaderas intenciones, la ciudadanía merece políticos que trabajen con honestidad, compromiso y transparencia, no que se aprovechen del sistema. Es irónico que quieran que se les reconozca la labor que realizan cuando ostentan de diversos beneficios, incluso algunos son tan descarados que devengan el salario sin presentarse al Congreso de la República.

La propuesta de los diputados de obtener indemnización y prestaciones laborales es una muestra más de la desconexión entre quienes nos gobiernan y la realidad de las grandes mayorías. Mientras millones de trabajadores enfrentan condiciones laborales precarias, sin acceso a seguridad social ni a la sindicalización, nuestros representantes buscan privilegios. El desglose de derechos laborales de los asalariados según el ENCOVI, nos indica: “el 18.7% reportó no contar con afiliación al IGSS, el 16.6% reportó haber sufrido incumplimiento del horario laboral y el 6.6% reportó maltrato laboral. Por el contrario, un 1.2% reportó una falta a sus derechos sindicales”. Es una vergüenza que los legisladores prioricen sus propios beneficios económicos en lugar de trabajar por el bienestar común.

Es hora de que el Movimiento Semilla cumpla con su promesa de austeridad, resulta incoherente criticar estos excesos en el pasado y ahora, en el poder, aprobarlos. La ciudadanía exige acciones concretas al gobierno Arévalo-Herrera, es momento de dejar los discursos, los diputados y diputadas deben comprender que sus decisiones tienen un impacto directo en la vida de millones de guatemaltecos.

Los argumentos utilizados por algunos diputados para justificar su aumento salarial son débiles, ser legislador es un privilegio que conlleva una gran responsabilidad. El pueblo guatemalteco espera líderes que sean capaces de tomar decisiones difíciles y que estén dispuestos a sacrificar sus intereses personales por el bien del país, de no ser así deberían reflexionar si están en trabajo adecuado, sino les parece el sueldo o ejercer la propia labor  de legislar, están en la libertad de declinar para cederle el espacio a ciudadanos comprometidos para que dirijan al país.