El 1 de mayo de 2015 publicamos en la revista diálogo de FLACSO, un número especial titulado La crisis de la SAT y el Rescate de la Política Fiscal Guatemalteca. El mismo comentaba las investigaciones de la Comisión Internacional en contra de la Impunidad en Guatemala –CICIG-, en forma conjunta con el Ministerio Público de su tiempo sobre la existencia de una estructura criminal vinculada con el contrabando y la evasión del pago de impuestos reales a la importación de mercancías.

La investigación sobre tales fraudes duraron  casi un año, y a diferencia de la hoy expuesta por las autoridades de SAT, la del 2015 ya llevaba un involucramiento directo del Ministerio Público; y derivó, en parte,  en la renuncia de Otto Pérez Molina y el cambio por un gobierno de transición. La investigación de CICIG fue clara, mencionando nombres y apellidos de incontables funcionarios y empresarios ligados a estructuras mafiosas.

En aquella oportunidad este escribiente advertía que las repercusiones de tal proceso eran diversas y su desenlace debiera tener importantes cambios en lo económico, lo social y lo politico; y ello derivó  en el rediseño la Ley Orgánica de SAT y de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reglamentos. Pero hoy hay retrocesos y se demuestra también que hay poca voluntad de cambios integrales.

Afirmamos en tal oportunidad que el rescate de las finanzas públicas resultaba vital para la discusión de los intereses colectivos futuros de la sociedad guatemalteca, en virtud de que este importante campo de la actividad económica se constituye en el principal estabilizador ante cualquier crisis financiera o económica y, además, es el motor impulsor del crecimiento económico, de acuerdo con los nuevos postulados de la política contemporánea.

Viéndolo en retrospectiva el papel del Ministerio de Finanzas Públicas al respecto de lo acontecido fue fundamental, e incluso se convocó a una serie de mesas técnicas para la discusión de la mencionada reforma a la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT-.

Además, se llegó a hacer una revisión, que hoy vemos que fue tímida y muy focalizada en lo relativo  al Impuesto al Valor Agregado -IVA- a las importaciones y de los aranceles a la importación. Adicionalmente, a las formas de tramitación del muy conocido crédito fiscal a los exportadores. Todo ello para tratar de limpiar el poder de grupos irregulares sobre las aduanas. Hoy el zapato aprieta por otro lado.

Insistimos en tal oportunidad, como ahora, que el tema SAT no puede ser de ninguna manera, visto aislado de la política fiscal como un todo, ni de la política económica, social y de infraestructura. Y ello cae como anillo al dedo, cuando la abeja reina de las nuevas corruptelas se ubica en el Sistema de Adquisiciones del Estado, y principalmente en las empresas constructoras y altos proveedores del sector público, que es un vasto comprador, cuyas dimensiones incide de diversas maneras, no solo en la estructura social del país, sino en las electorales y de acumulación de capital de la denominada Clase Política.

En aquella oportunidad los organismos multilaterales de crédito ofrecieron contribuir en apoyar una reingeniería adentro de la SAT, que hoy vemos que ha derivado en costosas y complejas estructuras burocráticas y en inversión tecnológica que permite al propio contribuyente, no digamos a los reguladores y auditores, tener información en tiempo real.

En aquellos tiempos el ex Ministro de Finanzas Públicas de Otto Pérez Molina, Dorval Carías, viajó a Washington para negociar con el Banco Mundial un préstamo de más de 50 millones de dólares para fortalecer la estructura informática de la SAT, que dicho sea de paso debiera forjar convenios con el sistema de registro y adquisiciones del Estado, para calificar mejor a proveedores y constructores.

También, Carías en sus primeras declaraciones hizo un llamado a diversos sectores representativos de la sociedad, para estar atentos a la instalación de una Mesa Técnica que, al final, derivó en  cambios y propuestas diversas. El propio Congreso de la República estuvo muy activo.

¿Qué propusimos? Primero conocer la estructura de SAT y lo que allí acontece. La SAT fue diseñada en plenos tiempos de las ideas del denominado ajuste estructural, y las reformas económicas liberalizadoras de su tiempo. Su propósito era desprenderse de las estructuras de recolección de impuestos del Ministerio de Finanzas Públicas. Es así como ambas entidades están íntimamente ligadas, al punto que el presidente del Directorio es el propio ministro de Finanzas Públicas, a quien le queda hoy la gran pacaya  de desarticular las nuevas mafias que operan en sus dominios pues dicho ministro es el gran Rector del Sistema Nacional de Adquisiciones del Estado.

La estructura de adquisiciones está conformada, primero, por un alto decisor que es el Viceministro de la Transparencia, luego se cuenta con una entidad rectora denominada Dirección General de Adquisiciones del Estado, responsable de facilitar procesos, pero a la vez proponer o aprobar la normativa en el ámbito de su competencia, procurando que las adquisiciones públicas se desarrollen en un marco general de transparencia, certeza, eficiencia y competencia.

Y por si ello fuera poco, se cuenta con un Registro General de Adquisiciones del Estado, que es el que hoy inscribe y además califica a las empresas que entran en las convocatorias de contratación de la obra pública y la proveeduría. Pareciera ser entonces que, de nuevo lo fiscal hace aguas y se necesita de una profunda redefinición de regulaciones y afinamientos mercantiles, tributarios y por supuesto de cambiar la actuación y prácticas culturales de contadores, auditores y abogados.