El 9 y 10 de diciembre, el mundo conmemora dos días internacionales de gran relevancia: el Día Internacional contra la Corrupción y el Día Internacional de los Derechos Humanos. En Guatemala, ambos días ofrecen una oportunidad crucial para reflexionar sobre cómo la corrupción impacta negativamente en el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos, perpetuando desigualdades y obstaculizando el desarrollo de una sociedad justa y equitativa.

La corrupción es un fenómeno que erosiona el estado de derecho y debilita las instituciones democráticas, afectando profundamente la vida de millones de personas. En nuestro país la corrupción ha estado profundamente arraigada en las estructuras del Estado, las consecuencias sobre los derechos humanos son especialmente graves. Casos como la compra de vacunas para combatir el COVID que tomó mucho tiempo provocando la muerte de muchos guatemaltecos, la falta de acceso a servicios esenciales como la educación, salud, seguridad y la alimentación, hasta la criminalización de operadores de justicia y defensores de derechos humanos hacen que las intersecciones entre corrupción y derechos humanos sean ineludibles.

Esto se debe a que la corrupción desvía recursos que deberían ser destinados a garantizar los derechos fundamentales. Cuando los fondos públicos son malversados o utilizados de manera ineficiente, las comunidades más vulnerables son las que sufren las consecuencias más graves. El desfinanciamiento de programas sociales clave ha perpetuado la pobreza y la exclusión social, limitando el acceso de millones de personas a los servicios esenciales.

Por ejemplo, la corrupción en el sistema de salud pública ha llevado a la falta de medicamentos, infraestructura inadecuada y personal insuficiente. Esto afecta directamente el derecho a la salud de los guatemaltecos, particularmente en áreas rurales e indígenas. Asimismo, los casos de corrupción relacionados con el sistema educativo reducen las oportunidades de aprendizaje para miles de niños y jóvenes, perpetuando el ciclo de la pobreza.

La corrupción también socava la capacidad del sistema de justicia para garantizar la rendición de cuentas y proteger los derechos humanos. La cooptación de instituciones judiciales por redes corruptas ha llevado a la impunidad de violaciones graves, incluidas desapariciones forzadas, feminicidios y desplazamientos forzados. En Guatemala, quienes denuncian la corrupción a menudo enfrentan represalias, incluyendo persecución judicial, intimidación y violencia. Los defensores de derechos humanos, especialmente aquellos que luchan contra proyectos extractivos y despojo de tierras, son blanco frecuente de ataques por parte de actores corruptos que buscan proteger sus intereses económicos.

La corrupción también se utiliza como herramienta para silenciar a la oposición. A través de la manipulación del sistema judicial, operadores de justicia, activistas y líderes comunitarios son criminalizados con cargos infundados, lo que socava su capacidad para defender los derechos de sus comunidades. La corrupción afecta de manera desproporcionada a los grupos más vulnerables, como comunidades indígenas, mujeres y niños. Los proyectos extractivos aprobados sin consulta previa a las comunidades indígenas violan sus derechos territoriales y culturales. Además, los recursos naturales frecuentemente se explotan sin garantizar beneficios para las comunidades locales, exacerbando la pobreza y la desigualdad.

Las mujeres también enfrentan barreras adicionales debido a la corrupción. Por ejemplo, la falta de transparencia en los programas de protección social limita su acceso a beneficios esenciales, mientras que la corrupción en los sistemas judiciales impide que obtengan justicia en casos de violencia de género. La corrupción electoral, como la compra de votos y el financiamiento ilícito de campañas, afecta la transparencia de los procesos democráticos en Guatemala. Esto limita el derecho de los ciudadanos a elegir a sus representantes y perpetúa gobiernos que priorizan intereses particulares sobre el bienestar público. La falta de integridad en los procesos democráticos también debilita la confianza de la ciudadanía en las instituciones, lo que puede conducir a un descontento social generalizado y protestas masivas.

En el contexto de los días internacionales contra la corrupción y de los derechos humanos, se presentan varias oportunidades para abordar estas problemáticas de manera integral: como fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas por medio de la promoción de leyes de acceso a la información pública y fortalecer los mecanismos de supervisión ciudadana. También es importante fomentar la participación ciudadana, garantizando los espacios para que la sociedad civil participe activamente en la formulación de políticas públicas y la supervisión de su implementación.

Es fundamental fortalecer las capacidades del sistema judicial y colaborar con organismos internacionales para monitorear el cumplimiento de los compromisos anticorrupción y de derechos humanos asumidos por Guatemala.

La corrupción y las violaciones a los derechos humanos en Guatemala son dos caras de una misma moneda. Combatir la corrupción no solo es una lucha por la legalidad, sino también por la dignidad y los derechos fundamentales de todos los guatemaltecos. Es importante aprovechar la conmemoración de estos días internacionales para promover el debate y la acción conjunta para evitar esta relación y   construir un futuro más justo y equitativo.