La orgía de hacer chinche los recursos públicos continúa a más y menor. La piñatización es un signo constante que muestra la degradación de lo público, pero al mismo tiempo, la pasividad de una sociedad que nuevamente es burlada con total impunidad y parece no hacer nada al respecto; con lo cual resultamos en cómplices de semejantes acciones inmorales (por decir poco). 

Por mucho que los discursos insistan en la urgencia de nuevos vientos, la realidad se impone. Muestras muchas, pero al menos preciso tres lamentables ejemplos. Por un lado, el aumento estrafalario del salario de los 160 diputados (mayor al 60% del anterior), que representa una burla descomunal. No solo lo hicieron con absoluta prepotencia e incluso desconociendo lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad, sino, además, en especial, quienes integran la actual junta directiva del congreso, escondiendo el acta legislativa que oficializa el nuevo ingreso (acta 10-2025).  

La complicidad pone de manifiesto que, ante los incentivos generalizados, desaparecen las diferencias ideológicas, los pensamientos y planteamientos aparentemente divergentes. Al menos esperaría que los diputados que se precien de ser un tanto distintos, creen una bolsa conjunta con los recursos provenientes del absurdo aumento, lo hagan público, y se destine para una iniciativa social relevante (de las muchas que abundan en este país donde las desigualdades son pan de todos los días). 

Otra muestra vergonzosa es el bono, aprobado por el directorio de la SAT, para todos los empleados de esa institución, simplemente por cumplir con una de las tareas que le son propias: cumplir con la meta de recaudación del 2024.  Si bien en 2024 se otorgó el mismo beneficio, eso no resta el cuestionamiento de la medida. De esa forma se menoscaba la función pública: ahora, hacer las tareas habituales “merece paga extra”.  

La decisión es indicador de mediocridad, complacencia y burdo clientelismo. Además, genera un incentivo perverso para toda la administración pública: hagamos las cosas a medias, porque para cumplir al cien por ciento debe haber paga extra. Para terminar de ajustar, la medida se tomó en la institución rectora de la política tributaria. Vaya forma de incentivar al ciudadano a que pague impuestos. En otros países, cuando se cumple o superan las metas de recaudación, los ciudadanos reciben los beneficios (por ejemplo, se disminuyen algunos impuestos); pero acá seguimos siendo primitivos, lejos de ser un país.   

El tercer ejemplo son las reiteradas muestras de autoritarismo local en la alcaldía de Quetzaltenango. El alcalde, con la complicidad de una parte del concejo municipal, hace lo que le ronque en gana, elimina toda muestra que no simpatice con sus medidas; mientras el municipio va a la deriva. Lo que sucede en esa ciudad no es ajena a las tendencias que se registran en otras comunidades, donde los alcaldes de turno, “dignos” representantes del cacicazgo, aplican una diversidad de mecanismos autoritarios; propios de un ciclo de recrudecimiento de ese tipo de regímenes a escala global.    

Los casos enunciados se quedan cortos y probablemente sean rebasados en el corto plazo por otras muestras, pero ejemplifican el momento y las tendencias que se han enquistado en nuestras sociedades. Lo público es moneda de cambio, al mismo tiempo que objetivo de unos y otros, incluso de quienes, boca para afuera, insisten en su menosprecio.