En 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado de Guatemala por la separación de Osmín Tobar Ramírez junto a su hermano, y su posterior adopción internacional irregular en Estados Unidos. El viernes 12 de julio, el presidente Bernardo Arévalo ofreció una disculpa pública a Ramírez y su familia. Aunque el reconocimiento fue dirigido a las víctimas directas, éste se extendió a todos los que han sido adoptados irregularmente en Guatemala. Para profundizar en esta acción, el presidente Arévalo podría realizar de buena fe una disculpa masiva a todos los adoptados y niños desaparecidos de la guerra a través del reconocimiento continuo de quiénes somos y cómo llegamos a ser adoptados. Además, se podría respaldar a las organizaciones guatemaltecas que trabajan en reunificar a familiares, y también sería deseable que se revisara el Código de la Niñez, creado durante la administración de su padre, Juan José Arévalo.

Según el Departamento de Estado de EE.UU., un total de 20 mil 807 niños guatemaltecos han sido adoptados por Estados Unidos. La organización comunitaria Next Generation Guatemala identificó otros 19 países donde también se adoptaron niños alrededor del mundo, y el número total de adoptados asciende a los 40 mil. El informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, respaldado por las Naciones Unidas, determinó  que 5 mil niños desaparecieron forzosamente durante el conflicto armado interno, y que al menos 500 de los desaparecidos fueron puestos en adopción.

Según la investigación de la historiadora Rachel Nolan en su libro Until I Find You (Hasta que te encuentre), las adopciones privadas empezaron a aceptarse como práctica común siete meses después del devastador terremoto en Guatemala. El 10 de septiembre de 1976, el Colegio de Abogados y Notarios presentó al Congreso un proyecto de ley llamado «Ley Reguladora del Procedimiento Notarial en Asuntos de Jurisdicción Voluntaria». Cuando la ley basada en este proyecto fue aprobada en 1977, a los abogados se les permitió autorizar adopciones representando tanto al adoptado como a las familias adoptivas sin la supervisión de un juez. Este tipo de proceso de adopción privada no existe y nunca ha existido en ningún otro país del mundo.

La investigación de Nolan describe cinco circunstancias (entre el inicio y el fin de las adopciones desde Guatemala) a través de las cuales un niño era colocado en adopción:

• Desaparición forzada a través de violencia política
• Secuestro debido a documentación de adopción falsificada
• Verdaderos huérfanos por muerte o abandono
• Niños arrebatados de sus familias, a menudo madres solteras en extrema pobreza
• Niños entregados por madres biológicas que deseaban colocarlos en adopción

Por sí sola, esta lista es clara, pero a través de la privatización de las adopciones desde Guatemala, cualquiera de estas circunstancias podría usarse como una excusa conveniente o como un medio para lo que ahora reconocemos como una adopción irregular. Como resultado, el adoptado adulto de hoy puede experimentar dificultades para rastrear a sus familias biológicas incluso contando con la documentación completa.

Durante su discurso en el acto de disculpa pública, el presidente Arévalo dijo que romper el ciclo de condiciones que hicieron posible que ocurrieran eventos como este «es una tarea diaria que requiere reconocer, reparar y reorientar las acciones de las instituciones para asegurar que estos actos nunca puedan repetirse». Como parte de las reparaciones a Ramírez y a su familia, la Corte IDH estableció que la disculpa pública debía contar con la presencia de las más altas autoridades del Estado, incluyendo los jefes de todas las instituciones que estuvieron involucradas en los «hechos graves» del caso de Ramírez, incluyendo el Poder Judicial, el Poder Legislativo y la fiscalía general. No solo es importante que estas instituciones reconozcan esta falla en la supervisión de los procesos de adopción que afectaron a varias generaciones de guatemaltecos, sino que también denuncien una segunda mercantilización de los adoptados a través del negocio privado y con fines de lucro de la búsqueda de familias biológicas. La investigación de Nolan identificó cómo los servicios de reunificación con familias biológicas involucraban a algunos de los mismos actores y antiguos intermediarios de bebés.

Para continuar con una política en este sentido, la administración de Arévalo debería trabajar de cerca con organizaciones de la sociedad civil, incluyendo la Liga Guatemalteca de Higiene Mental (La Liga) y la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG). Ninguna tiene vínculos con actores previos que participaron en adopciones privadas, y ambas han crecido para incluir la participación de adoptados adultos que buscan a sus familias biológicas.

A lo largo de 22 años, el programa de La Liga, Todos por el Reencuentro, ha reunido a 513 niños que desaparecieron debido a la guerra, con más de mil casos de personas desaparecidas documentados. La FAFG ha identificado a más de 3 mil 800 personas desaparecidas y mantiene la Base de Datos Genética Nacional de Familiares y Víctimas de Desaparición Forzada. En 2021, Next Generation Guatemala participó en un programa piloto diseñado específicamente para la inclusión de perfiles de ADN de adoptados en esta base de datos.

La investigación de Nolan también encontró que durante la administración del padre del actual presidente Arévalo, Juan José Arévalo, la primera dama Elisa Martínez presionó para replantear legalmente la adopción como una institución de «ayuda social». El Congreso aprobó nuevas leyes que regulaban a los menores que se aglutinaron en el Código de la Niñez, que establecía que «la falta de recursos económicos no se considera razón suficiente para separar a un menor de sus padres». La ley de adopción fue un intento por proteger a las madres empobrecidas de perder a sus hijos por adopción o acogida. Me pregunto qué lecciones aún se pueden aprender y aplicar de esta temprana mirada a los derechos del niño que se perdieron durante el golpe de Estado respaldado por la CIA en 1954, que originó una guerra sangrienta de varias décadas. Aunque los niños de ese tiempo han crecido hace mucho, los adoptados adultos de hoy ahora dependen de Guatemala para que nunca más los trate como una fuente de lucro.

*La organización de Gemma Givens, Next Generation Guatemala, ha conectado a más de 900 adoptados adultos guatemaltecos en 20 países alrededor del mundo. Su historia ha sido cubierta por Associated Press, Nomada Magazine, Berkeley News y el documental ganador del premio Emmy, Los Niños Perdidos de Guatemala, de Telemundo. Givens fue oradora en el foro Volverte a Ver, Niñez Desaparecida en Guatemala, organizado por Grupo Apoyo Mutuo, y fue profesora invitada en el curso Indigenous Diasporas: Adoption en la Universidad de California, Los Ángeles. Además, presentó en la conferencia 200 Years of Central America in the World / 200 Jahre Unabhängigkeit Zentralamerikas en Berlín. Next Generation Guatemala recibió una mención honorífica en la categoría de nuevas ideas para organizaciones sin fines de lucro en la competencia Emprendete Guatemala 2020. En 2022, Givens coeditó un número especial para la revista Maya America Journal con el fin de fomentar la inclusión de la adopción irregular como parte de la diáspora maya y una parte integral de la migración de personas desde Centroamérica.