Tras la azarosa jornada del 14 de enero, que cerró en la madrugada del lunes 15 con la investidura de Bernardo Arévalo y Karin Herrera, el Consejo Permanente de la OEA declaró que Guatemala volvía a la normalidad democrática. Fue una conclusión prematura. El pacto golpista sigue a tambor batiente.

El presidente Arévalo y el Movimiento Semilla irán aprendiendo con la cruda fuerza de la realidad que los aliados pueden ser falsos y los enemigos, verdaderos. La fiscal general Consuelo Porras está mostrando una destreza política insospechada. A la vez que arrecia la venganza contra antiguos operadores de justicia y mantiene en la mira a los nuevos huéspedes del Palacio, así como al bloque oficial en el Congreso, se fotografía con ministros, diputados de oposición y otros altos funcionarios. La fiscal, acosada por los pueblos indígenas durante más de cien días de intensas movilizaciones en 2023, se ha enseñoreado. Se adueñó del escenario.

La CC, por su lado, desempeña un rol de sabotaje sinuoso. Se ensaña contra el bloque Semilla y ofrece una de cal y otra de arena al Ejecutivo, pero el resultado al final del día es que mantiene a las fuerzas oficiales con las manos atadas. Si la fiscal general es la punta de lanza táctica protagónica, la CC juega detrás de escena el menú de la política estratégica.

En la integración de la CC el veterano abogado-político-cabildero Molina Barreto ejerce el liderazgo, por eso las resoluciones del tribunal constitucional reflejan en buena medida sus propios vaivenes (alianzas, rupturas e intereses). Héctor Hugo Pérez mantiene los formalismos y, convenientemente, un segundo plano. Néster Vásquez –que en pocos días asumirá la presidencia–, sancionado por Estados Unidos, no tiene mucho que perder, aunque sí qué recuperar. Leyla Lemus, con una inteligencia política más práctica, podría estar pensando en un retiro sin ruido en Europa, poniendo a buen resguardo lo acumulado en estos años.

Otro flanco inseguro para la democracia es el Congreso. Aunque sobre el tablero el bloque Semilla puede obtener mayoría simple con relativa facilidad, en las agendas duras pierde. En parte por la invalidez a la que lo ha sometido la CC y en parte, también, porque el centro de gravedad de la gobernabilidad radica en varios poderes fácticos con intereses pecuniarios. Entre tanto, dos liderazgos emergentes, Nery Ramos y Adim Maldonado extienden sus dominios, ambos guardando las formas, por ahora.

En la dimensión territorial de la gobernanza, la problemática designación de los gobernadores deja en evidencia que allí también la autoridad del poder democrático central está desafiada. No es la primera vez que ocurre, pero nunca el contraste de las agendas de la sociedad civil regional –enquistada durante más de quince años en los Consejos de Desarrollo– y la de un presidente democrático habían quedado tan expuestas. El poder de los Consejos se ha soldado con el acceso a más de Q 40 millardos en inversión de obra pública, esto es, ocho veces más de lo que puede invertir el MICIVI. Esa inversión está manejada de manera clientelar por los diputados distritales y alcaldes, y de forma criminal por grupos de narcotraficantes que emplean los contratos públicos para blanquear sus utilidades.

Todas las alarmas tempranas que obstruyen la implantación de la primavera democrática que el presidente Arévalo enarboló en su campaña electoral apuntan hacia una tarea central impostergable: rescatar las instituciones de la gobernabilidad, empezando por el sistema de justicia y continuando por las instancias de participación ciudadana. Como cualquier decisión de Estado democrático, la ecuación para lograrlo tiene componentes legales y políticos, y operadores que traducen la voluntad de restablecer el orden republicano.

Para lograrlo, Arévalo deberá tejer alianzas con dos actores fundamentales: las autoridades ancestrales de los pueblos indígenas –que han defendido como nadie en los últimos tres años el Estado de derecho y la democracia– y frondosos grupos empresariales que saben que la democracia es el mejor viento para navegar competitivamente en un mercado anegado de privilegios y corrupción. Además, claro está, deberá seguir movilizando a la comunidad internacional comprometida desde junio de 2023 con la defensa de la democracia en Guatemala.

Con el Congreso Arévalo deberá aprender a convivir cerrando filas con su bloque, pues, por si fuera poco, ahí se aprecian desacoples precoces. En cualquier caso, ya se ve que los diputados de las bancadas de oposición carecen de disciplina partidaria y están al acecho de ofertas pecuniarias, aunque saben ser “demócratas” si las circunstancias se les imponen.

En resumen, el gobierno de Arévalo, a menos de tres meses de haber asumido, mantiene capacidad de iniciativa para ganar gobernabilidad y hacer germinar la democracia, aunque hasta ahora la ha subutilizado. Enfrenta el reto de todo presidente democrático: alcanzar el equilibrio en el manejo del poder ganando autoridad y ofreciendo los resultados que espera la población.