El déficit fiscal del 3.1% proyectado para 2025 no es el villano inflacionario que conmumente se describe. La inflación en Guatemala responde más a factores monetarios y externos que a las variaciones en el déficit fiscal. Quienes afirman que se avecina una fuerte inflación a causa del déficit fiscal presupuestado para 2025 parecen inspirarse en la Teoría Fiscal del Nivel de Precios (FTPL, por sus siglas en inglés). Teoría que propone que el nivel general de precios en una economía está determinado únicamente por el comportamiento fiscal del gobierno. Desde esta perspectiva, cuando existe la dominancia fiscal,  la política fiscal es la que determina el equilibrio macroeconómico y la política monetaria actúa de forma subordinada. Esto significa que el Banco Central no puede controlar plenamente el nivel de precios porque debe acomodarse a las decisiones fiscales.

De tal cuenta, si el gobierno opera con déficits persistentes y el mercado anticipa que no serán financiados con superávits futuros, esto podría generar expectativas inflacionarias.La inflación, en este caso, surge como un mecanismo para reducir el valor real de la deuda pública cuando los ingresos fiscales son insuficientes. Licuar la deuda, como se le conoce en el Cono Sur. Esta inflación actúa como un “impuesto inflacionario” que reduce el valor real de la deuda, permitiendo al gobierno financiarse indirectamente. Sin embargo, la prohibición constitucional que prohibe al banco central a otorgar préstamos al gobierno actúa como un cortafuegos crucial contra la dominancia fiscal. Esta regla garantiza que la política monetaria conserve independencia de las decisiones fiscales, previniendo que el gobierno utilice la emisión de dinero como mecanismo para financiar déficits persistentes, obligándolo a depender de financiamiento mediante deuda o ajustes fiscales.

¿Déficit fiscal, motor inflacionario? No tan rápido. Si realmente se quiere hablar de lo que mueve la inflación en Guatemala, hay que hablar de la expansión de la oferta monetaria. No han sido los déficit fiscales, per se, los responsables de la inflación durante los últimos 60 años, sino decisiones monetarias descontroladas que han incendiado el panorama inflacionario. Esto no es una casualidad; es producto de las correcciones fiscales y monetarias, casi automáticas, que ocuren después de grandes incrementos en el déficit fiscal. La refereida prohibición constitucional ha ayudado a mantener separadas las políticas monetarias y fiscales. La evidencia disponible no permite concluir que Guatemala sufra un caso severo de dominancia fiscal. Por el contrario, en materia fiscal, los ajustes de corto plazo tienden a darse a través de correcciones en el propio déficit fiscal y no mediante incrementos sostenidos en los precios.

Insistir en que el déficit proyectado de 2025 generará una gran inflación es como culpar al termómetro de la fiebre. Sin embargo, no se puede ignorar que déficits sostenidos pueden traer consecuencias negativas a largo plazo. Una acumulación constante de deuda pública conduce a un aumento en el costo del financiamiento, restringiendo los recursos disponibles para inversión productiva. Además, si a consecuencia de esto aumenta la percepción de riesgo crediticio del país, la calificación soberana podría deteriorarse, limitando el acceso a financiamiento externo en condiciones favorables. Aunque la independencia del banco central reduce el riesgo de inflación por monetización, la falta de disciplina fiscal podría obligar eventualmente a realizar ajustes drásticos, afectando la estabilidad económica y la confianza de los inversionistas.

Aunque es correcto perfilar al déficit fiscal como una importante amenaza, en términos de la inflación de corto no es el enemigo que algunos pintan. Más que seguir alimentando una narrativa que demoniza el déficit fiscal por ser el responsable de la inflación en el futuro inmediato, lo que hay que demonizar es que la mayor parte del gasto público contribuye poco al bienestar de la población más necesitada. El desafío consiste en enfocar el debate público sobre las acciones de gobierno que realmente tienen el potencial de mejorar el bienestar y la estabilidad económica del país. Esto incluye un manejo prudente de los agregados monetarios; una política fiscal honesta, transparente y orientada al desarrollo; y fortalecer la productividad económica.