En la madrugada del 1 noviembre del 2022, al finalizar una fiesta de Halloween, una mujer de 21 años cayó desde el quinto piso de un edificio en el condominio San Rafael, en la zona 15 capitalina. Era una celebración organizada por el diputado Carlos Roberto Calderón Gálvez, en su residencia. El congresista de Vamos, que cuenta con cuatro agentes de la PNC que lo resguardan desde el 19 de marzo de 2020, argumentó que no conocía a la fallecida y que colaboraría con la investigación. Según las publicaciones sobre ese hecho, no existió rastro de los elementos asignados al parlamentario esa noche, lo que mantiene la duda sobre las acciones o inacciones que pudo realizar ese equipo de seguridad durante el supuesto accidente.
En las elecciones de 2023, el partido Vamos obtuvo 39 escaños en el Congreso de la República y cinco en el Parlacen. De acuerdo con documentos oficiales provenientes del Ministerio de Gobernación, 15 diputados de esa bancada son custodiados por 58 elementos de la PNC, mientras que las dos diputadas del Parlacen cuentan con seis agentes de seguridad.
El gobierno de Giammattei facilitó el resguardo de diez miembros de su partido, otras cinco personas de esta lista obtuvieron el acompañamiento oficial antes del 2020 y otras dos fueron beneficiadas durante esta administración.
El motivo de resguardo de ocho congresistas se originó por análisis de riesgo, mientras que la asignación para los otros nueve se generó de manera discrecional por órdenes directas de quienes han sido directores de la PNC al momento de otorgar las medidas de seguridad. Además de los elementos policiales, estas medidas también incluyen vehículos (patrullas) de la PNC.
Este es el listado de los 17 diputados del partido Vamos resguardados por 64 agentes de la PNC hasta mayo del 2024:
Los amigos de Giammattei y Martínez
Allan Estuardo Rodríguez Reyes
Es diputado por Sololá desde 2020, cuando asumió la presidencia del Congreso con señalamientos de sobornos para los diputados que votaran por su planilla. Se mantuvo en la presidencia hasta enero de 2022, cuando fue sucedido por Shirley Rivera.
El 14 de noviembre del 2020 obtuvo cuatro agentes de la PNC por “orden verbal del director general José Antonio Tzuban Gómez para resguardar la vida e integridad física del, en ese entonces, presidente del Organismo Legislativo”.
Esta decisión se tomó siete días antes de la protesta en el Centro Histórico por la aprobación del presupuesto en la que el gobierno de Giammattei reaccionó con violencia y gases lacrimógenos que provocaron que dos personas perdieran un ojo. Durante su gestión, el Legislativo era custodiado por cientos de policías cada vez que ocurría una votación polémica para evitar manifestaciones alrededor del edificio.
“Utilizó su autoridad como presidente del Congreso para otorgar subvenciones para la construcción a cambio de sobornos financieros. Rodríguez ha utilizado su influencia política para llegar a acuerdos a cambio de sobornos y facilitó sobornos a otros, incluso, por ejemplo, supuestamente ofreciendo sobornos a cambio de votos en un proyecto de ley sobre el estado de emergencia durante una sesión plenaria del Congreso”, describe el Departamento del Tesoro de EE. UU. las acciones de Rodríguez en el Legislativo.
Una publicación de eP Investiga reveló que constructoras allegadas a la exsocia de Rodríguez obtuvieron Q188.8 millones del Estado. “En los cuatro años de Gobierno de Alejandro Giammattei, del partido Vamos, 13 empresas ligadas a una sociedad del expresidente del Congreso recibieron contratos no solo del gobierno central, sino también de fondos entregados por Codedes a distintas alcaldías del país”, consigna la investigación.
Rodríguez comenzó su carrera política en el extinto Partido de Avanzada Nacional (PAN). Fue asesor del exdiputado del Partido Patriota (PP), Fernando García Gudiel y fue candidato a diputado por la coalición Creo-Unionista en 2015, pero no ganó. En diciembre de 2022 fue sancionado por el gobierno de Estados Unidos por medio de Ley Global Magnitsky que restringe su ingreso a ese país y bloquea sus cuentas bancarias relacionadas con bancos estadounidenses.
Carlos Roberto Calderón Gálvez
Es diputado por lista nacional desde 2020 con Vamos. Dos meses después de asumir, el 19 de marzo de ese año, la PNC les asignó cuatro agentes para su seguridad. Tres días antes de esta decisión, el expresidente Giammattei decretó el cierre del país por la pandemia de Covid-19. Según los documentos oficiales, el resguardo de Calderón está sustentado en un acuerdo gubernativo que favorece a exfuncionarios del Ministerio de Gobernación, aunque no se dan más detalles al respecto.
Junto a Rodríguez, el diputado Calderón promovió un amparo en la Corte de Constitucionalidad contra la integración de la Junta Directiva liderada por Samuel Pérez del Movimiento Semilla. La corte falló a favor y obligó al Congreso a votar de nuevo por la Junta Directiva, pero sin integrantes del oficialismo.
El parlamentario fue presidente de la Fundación de la Coalición Nacional de Organizaciones Guatemaltecas (Conguate) que ha recibido más de Q20 millones del Estado, sobre todo durante el gobierno de Giammattei.
Otra persona vinculada a Conguate, al partido y al gobierno de Giammattei fue Romelia Valle Alegría, abogada que prestó sus servicios en la fundación, fue candidata a diputada al Parlacen por Vamos en 2019 y fue asesora jurídica del Ministerio de Cultura y Deportes en el gobierno pasado. Valle también prestó sus servicios para la sociedad Soluciones Profesionales Integrales, S. A. en 2017, en la que Miguel Martínez fue promovido por Giammattei como representante legal.
Maynor Gabriel Mejía Popol
Es diputado por Chimaltenango reelecto por Vamos. Cuando ya había ganado de nuevo su curul, el 22 de octubre del 2023, la PNC le asignó dos agentes para custodiarlo con base en un análisis de riesgo, según el Ministerio de Gobernación.
El diputado es vicepresidente de la Comisión de Asuntos Municipales y en el 2022, fungió como secretario de la Junta Directiva del Congreso
Tiene vínculos con Mariano Paz Montes, el esposo de Roxana Baldetti, ya que figuró como representante legal de la firma Valser, una sociedad anónima fundada por Baldetti con dinero ilícito para pagar los honorarios a Mario Cano, exabogado de la exvicepresidenta.
También formó parte de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, en la cual se discutió el presupuesto del 2024. Además, fue uno de los impulsores de que la Corte Suprema Justicia tenga el control total sobre los jueces, aunque la iniciativa aún no se ha aprobado.
Según una publicación de elPeriódico de 2020, durante el período de Giammattei, su hija Bany Paula Patricia Mejía Siliezar fue contratada como gerente general en el Plan de Prestaciones del Empleado Municipal, donde recibió un sueldo de Q28 mil mensuales, que con bonos y dietas llegó a Q71 mil 150. Así también, su pareja, Ruth Aracely López Gómez ganó Q45 millones por contratos de mobiliario escolar con la Usac, el CIV, Mingob y Mineduc. Otros familiares del diputado también ganaron contratos con el Estado que suman más de Q100 millones.
Boris Roberto España Cáceres
Es diputado por Chiquimula desde 2012. Entre 2022 y 2023 fue presidente de la Comisión de Gobernación. En 2011 y 2015 ganó su curul por el PP. Luego se trasladó al partido Todos y en el gobierno de Giammattei se alió con el entonces oficialismo y ahora pertenece a la bancada de Vamos.
Gracias a ese acercamiento con la administración anterior, el 2 de septiembre de 2021, el entonces director de la PNC, José Antonio Tzuban Gómez, le asignó seis agentes por orden directa.
El parlamentario era una pieza primordial en el partido Todos, pues operaba junto a Felipe Alejos. Así como Alejos, Boris España está incluido en la Lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos del Departamento de Estado de EE. UU. y es acusado de vender su voto en el Congreso. Así también, la CICIG lo acusó dos veces por corrupción.
Carlos Napoleón Rojas Alarcón
El diputado por Santa Rosa y subjefe de la bancada Vamos obtuvo cuatro agentes policiales el 6 de diciembre del 2017 por orden verbal del entonces director de la PNC y actual presidente del Congreso, Nery Ramos. En ese momento, Rojas era congresista por el partido Unión del Cambio Nacional (UCN), de Mario Estrada.
En 2015 y 2019 ganó su curul con la UCN y el año pasado obtuvo el escaño con el partido Vamos. Es hijo del coronel retirado Napoleón Rojas Méndez, quien estuvo preso por desfalco de Q30 millones del Ministerio de la Defensa Nacional en el 2001.
Así como otros diputados provenientes de la UCN, Rojas se acercó a Giammattei por la cancelación del partido de Mario Estrada, etiquetado por la embajada estadounidense como “un partido de ideología narco”. Además de acompañar al expresidente en giras departamentales, Rojas mantuvo una relación cercana con él y Miguel Martínez. A inicios del 2021, circularon fotografías en las cuales se revelaba la presencia del expresidente y Martínez en la boda del congresista.
Josué Edmundo Lemus Cifuentes
Fue electo como diputado de Quiché en 2019 y 2023 por Vamos. Aunque asumió como congresista en 2020, fue nombrado ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda hasta el 29 de junio del 2021, cuando regresó a su curul. Antes de asumir esos cargos, el 9 de enero del 2020, el gobierno de Jimmy Morales lo benefició con dos agentes policiales para su seguridad gracias a un oficio firmado por el subdirector Edwin Leonel López Ramírez.
Según una publicación de No Ficción, el diputado compitió en 2015 con la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). Sin embargo, no pudo asumir por ser contratista del Estado. Lemus fue constructor y dueño de una empresa que obtuvo contratos desde el 2006 hasta el 2014 con distintas entidades públicas que sumaban un total de Q58.4 millones. Además, fue financista de la UNE y el PP.
Sergio David Arana Roca
El diputado por Escuintla es el integrante de Vamos que más agentes policiales obtuvo del gobierno de Giammattei. Arana era cercano a Miguel Martínez desde antes de iniciar el gobierno anterior. El 13 de febrero del 2020 le asignaron al diputado siete elementos policiales derivado de un análisis de riesgo.
Aunque era amigo íntimo de Miguel Martínez y su principal enlace con el Congreso durante el gobierno anterior, Arana se distanció de la cúpula del poder del partido por lo que fue perseguido por el MP de Consuelo Porras y expulsado de la organización política.
Tras una denuncia por violencia contra la mujer, la Corte Suprema de Justicia le retiró su inmunidad el 12 de enero de este año en las vísperas de la toma de posesión del nuevo gobierno. Al día siguiente, la Fiscalía de la Mujer solicitó su aprehensión, pero una jueza autorizó citarlo para obtener su primera declaración.
María Eugenia Castellanos Pinelo de Pineda
Es una de las cinco diputadas electas por el partido Vamos para el Parlacen que pertenecen a la bancada Guatemala. La actual parlamentaria centroamericana fue parte de la bancada de Vamos del Congreso de la República de 2020 a 2024 y fue jueza de Mayor Riesgo.
Su familia obtuvo distintos cargos durante el gobierno de Alejandro Giammattei, su esposo, Marco Aurelio Pineda Colón, fue secretario de Inteligencia Estratégica del Estado (SIE) de esa administración hasta febrero del 2021. Pineda fue gobernador de Santa Rosa durante el gobierno de Jimmy Morales. Según una publicación de Prensa Comunitaria, Pineda Colón perteneció al grupo de espionaje denominado “La Oficinita” integrado por militares, abogados, jueces y operadores de justicia dirigidos por Luis Mendizábal, prófugo por el caso La Línea.
En 2023, se postuló como candidato a diputado por el extinto partido Podemos. El hijo de ambos, Marco Aurelio Pineda Castellanos, fue subsecretario de Asuntos Políticos en la Secretaría Privada de la Presidencia a cargo de Giorgio Bruni. Así como su padre, renunció al cargo en febrero del 2021 junto a Bruni. De 2012 a 2020 fue diputado con el PP, Lider y FCN-Nación.
María Laura Pineda Castellanos, hija de Castellanos Pinelo, fue nombrada como segunda secretaria de la Embajada de Guatemala en España con el aval de la entonces canciller y actual diputada de Valor, Sandra Jovel.
Según una nota publicada por Soy502, la mamá de la diputada es Ana Aida Pinelo de Castellanos, quien desde 2009 ha recibido contratos con el Estado por Q2 millones en la venta de artículos de librería y papelería.
El clan de los Hernández
Sofia Jeaneth Hernández Herrera
Esta es la cuarta legislatura de Hernández Herrera, electa en el distrito de Huehuetenango. Aunque ahora es parte de la bancada Vamos, ha transitado por el PP, Lider y UCN. Desde su primer año como legisladora obtuvo el resguardo policial ordenado por el entonces comisario general de la PNC Jorge Ernesto Aldana Gálvez. Desde hace 12 años, cuenta con cuatro agentes de la PNC para su cuidado.
Hernández está vinculada con la organización criminal del narcotráfico “Los Huistas”. Su hermano Henry Hernández fue condenado por manipular evidencias en un caso de lavado de dinero en 2013, y falleció en 2022 en un ataque armado en Huehuetenango. Su sobrino fue condenado por narcotráfico en Estados Unidos en febrero de 2022 tras ser extraditado en agosto de 2021 desde Guatemala.
Hernández Herrera fue incluida en la Lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos del Departamento de Estado de EE. UU. en 2022. Según la sanción, la congresista “socavó procesos o instituciones democráticas al hacer mal uso de sus poderes oficiales para que miembros de la UCN mantuvieran indebidamente roles de liderazgo en comisiones del Congreso y usar su alianza con organizaciones del narcotráfico para intimidar a opositores políticos. También solicitó sobornos y amenazó con convertir en acciones legales dentro del Congreso de Guatemala como represalia contra sus enemigos para beneficio personal”.
Durante el período de Giammattei, Hernández fue nombrada primera vicepresidenta en el Congreso durante dos años. También se mostró cercana al exmandatario en varias giras de trabajo en Huehuetenango. Antes de ser diputada, trabajó 13 años como encargada de la Oficina de Atención a la Víctima del MP.
Karla Andrea Martinez Hernandez
Fue diputada distrital de Huehuetenango y ahora ocupa una casilla en el Parlacen. Es hija de Sofía Hernández Herrera. Le asignaron dos agentes de la PNC el 12 de febrero del 2019 “a requerimiento de la diputada para resguardar su vida e integridad física e instrucciones del señor director general del Carlos Roberto Tohom Escobar”. Ese año, se postuló como candidata del partido UCN de la mano de Mario Estrada, quien fue aprehendido ese año por acusaciones de narcotráfico y condenado por ese delito un año después.
Está casada con el destituido embajador de Guatemala en Nicaragua, Jaime José Regalado Oliva, quien aparece en un informe de InSight Crime que perfila la relación entre el Cartel del Golfo y Los Regalado, una familia de terratenientes en Petén.
Erick Geovanny Martínez Hernández
También es hijo de Sofía Hernández y electo por el mismo distrito de Huehuetenango. Este es su segundo período como legislador. En 2020, cuando llegó al congreso por la UCN obtuvo cuatro agentes policiales derivado de un análisis de riesgo. Esta decisión fue ejecutada el 12 de febrero de ese año cuando ni siquiera cumplía un mes en el cargo.
El año pasado fue presidente de la Comisión de Gobernación, en 2020 ocupó la vicepresidencia de la Comisión de la Defensa Nacional y en el 2022 presidió la Comisión del Ambiente, Ecología y Recursos Naturales.
Otros diputados
Joel Rubén Martínez Herrera
Es diputado por Huehuetenango y cuenta con tres agentes policiales desde el 3 de diciembre de 2018 como resultado de un análisis de riesgo. Actualmente es vicepresidente de la Comisión de la Juventud.
Empezó con el PAN, pasó por Lider, FCN, y finalmente Vamos. Ha sido diputado por cinco legislaturas consecutivas, es decir, 20 años. Él, Luis Alberto Contreras Colindres y José Inés Castillo Martínez integraron la Junta Provisional de Debates que se encargó de la transición de gobierno.
Christian Joel Martínez Juárez
Es su primer período como diputado del distrito de Huehuetenango. De acuerdo con los documentos del Mingob, el parlamentario fue beneficiado con dos agentes policiales el 24 de abril pasado como resultado de un análisis de riesgo. Este es uno de los dos únicos diputados de Vamos que han obtenido seguridad de la PNC durante este gobierno.
El congresista preside la Comisión Pesquisidora contra los magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Esto debido a la inscripción de Manuel Baldizón en las elecciones generales, aunque más tarde se revirtió la decisión.
Thelma Elizabeth Ramírez Retana
Ha sido diputada electa por el distrito de Izabal desde 2008, cuando asumió con la UNE. El 19 de marzo del 2016, la PNC le asignó cuatro elementos para su seguridad por un análisis de riesgo.
El 14 de enero del 2020, Ramírez fue una de las seis diputadas de la UNE que votó a favor de la planilla que postulaba a Allan Rodríguez como presidente del Congreso. Durante el gobierno de Alejandro Giammattei ella se mostró afín al entonces oficialismo.
En 2023 fue candidata del partido Vamos por el que ahora ocupa la presidencia de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.
Según publicaciones de prensa, entre el 18 y el 25 de marzo la diputada gastó más de Q30 mil en viáticos por una semana en Indonesia para participar en la 144 Asamblea de la Unión Interparlamentaria en 2022.
Sandra Carolina Orellana Cruz
En 2022 fue vicepresidenta del Congreso. Llegó al congreso en el 2020 de la mano de la UCN por el distrito de Zacapa. Según los datos del Mingob, la diputada obtuvo cuatro agentes de la PNC para su resguardo el 15 de febrero del 2022 por un análisis de riesgo.
Esta diputada también permanece al grupo del extinto partido de Mario Estrada que se alió a Giammattei y ganó su curul el año pasado por el partido Vamos.
Fue gobernadora de Zacapa durante el gobierno de Otto Pérez Molina. En sus primeros dos años de legisladora presidió la Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas. El año pasado presidió la Comisión de Salud y Asistencia Social y actualmente dirige la Comisión de la Mujer.
José Carlo Solano
Es uno de los nuevos diputados del Congreso electo por Retalhuleu. Este es el segundo congresista de Vamos que obtuvo seguridad de la PNC durante la actual administración.
El 7 de marzo pasado se le asignaron cuatro agentes como resultado del análisis de riesgo.
Maynor Castillo Castillo
Fue reelecto por el distrito de Jutiapa con el partido Vamos. Así como otros de sus compañeros de bancada, el diputado obtuvo seguridad de la PNC a principios del gobierno pasado.
El 5 de marzo de ese año, el director de la PNC, José Antonio Tzuban Gómez, ordenó que le asignaran cuatro agentes para su seguridad, “a requerimiento del interesado para resguardar su vida e integridad física”, según la información del Mingob.
La postura del Gobierno actual
Para este reportaje, eP Investiga consultó al Ministerio de Gobernación (Mingob), a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia y a la Comisión Nacional Contra la Corrupción (CNC).
Por parte de la CNC, el departamento de Comunicación citó que la asignación de agentes de la PNC para resguardar a funcionarios públicos es una medida que debe fundamentarse en una análisis de riesgo para garantizar que los recursos públicos y agentes se utilicen de manera efectiva y lícita.
“Esperamos y confiamos en que esos análisis de riesgo estén presentes y que se cumpla con el procedimiento correspondiente para la asignación de agentes de seguridad de la PNC”, declaró el comisionado a eP Invesiga.
Al Mingob se le cuestionó si estas medidas de seguridad están siendo evaluadas para evitar la discrecionalidad, pero al cierre de esta nota ni esa cartera ni la Presidencia emitieron una postura.
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