Mediante la resolución 219 firmada el pasado 25 de abril, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, avaló la adquisición de 12 mil lockers para uso de la Policía Nacional Civil (PNC) por un monto de Q7 millones 200 mil, por lo que el costo unitario de cada casillero será de Q600.
La empresa que resultó ganadora del evento de licitación es Fábrica Mixta en Metal, Madera y otros Fabrimix, propiedad de Edmundo Asdrúbal Bonilla Reyes y quien está relacionado con el diputado de Vamos, Maynor Gabriel Mejía Popol.
La oferta presentada por la empresa individual de Bonilla Reyes se impuso a otras presentadas por Juan Carlos González García (Q15 millones 600 mil), Sofija, S. A. (Q15 millones 600 mil), Industria Tecnificada, S. A. (Q10 millones 740 mil) y Smart Office, S. A. (Q5 millones 508 mil).
Según las bases de licitación del evento la compra tiene “la finalidad de equipar las diferentes dependencias de la PNC a nivel República. En virtud que es de utilidad que el personal policial tenga un adecuado resguardo de sus pertenencias”.
Los lockers adquiridos por Gobernación para la PNC deberán ser metálicos, de dos puertas, color negro mate, de un metro con 80 centímetros de alto por 0.28 metros de ancho y fondo de 0.38 metros. En la parte interior con dos compartimientos (un entrepaño). Cada puerta deberá medir 0.24 metros de ancho por 0.85 metros de alto, con su respectivo dispositivo para candado y tres rejillas de ventilación en cada puerta.
De acuerdo con el calendario de entrega programado, Fábrica Mixta en Metal, Madera y otros Fabrimix deberá entregar los primeros 2 mil lockers a los 20 días calendario tras la aprobación del contrato. Posteriormente hará otras cinco entregas de 2 mil casilleros cada una a los 60, 100, 140, 180 y 220 días tras la resolución que avala el contrato suscrito.
Segunda compra a Bonilla Reyes
La compra de lockers es la segunda adjudicación que la administración de Bernardo Arévalo le hace a la Fábrica Mixta en Metal, Madera y Otros Fabrimix.
El pasado 1 de febrero, el Ministerio de Educación, suscribió un contrato de Q20 millones 951 mil 590 con Edmundo Asdrubal Bonilla Reyes, propietario de la empresa Fábrica Mixta en Metal, Madera y Otros Fabrimix, para la adquisición de pupitres que serán distribuidos en centros educativos públicos.
La adquisición del mobiliario escolar se realizó a través del Programa para el Mejoramiento de la Cobertura y Calidad Educativa que se financia con fondos provenientes del préstamo BID 3618/OC-GU.
El proceso de compra arrancó en agosto del año pasado y las autoridades requirieron la compra de 75 mil escritorios unipersonales de paleta para ser distribuidos en 26 áreas del territorio nacional.
Hasta ahora la administración de Arévalo ha entregado Q28 millones 151 mil 590 a Bonilla Reyes por la compra de pupitres para Educación y lockers para la PNC.
Vínculos con Mejía Popol
Fábrica Mixta en Metal, Madera y otros Fabrimix es una empresa individual propiedad de Edmundo Asdrúbal Bonilla Reyes, quien en el pasado acudía junto con Mejía Popol a las oficinas de las entidades gubernamentales para negociar los contratos de mobiliario escolar y de oficina.
En enero de 2021, elPeriódico documentó que Fabrimix, S. A. fue faccionada por el notario Víctor Hugo Cano Chávez, mientras que Bonilla Reyes es socio fundador de la entidad.
Cano Chávez también fue el notario que constituyó la empresa Fábrica y Distribuidora de Muebles y Estructuras Metálicas, S. A. (de nombre comercial Ofi muebles Mejía), de la cual el congresista Mejía Popol es socio fundador, accionista mayoritario y de la que ha sido administrador único y representante legal, según consta en documentos del Registro Mercantil.
Otro de los notarios que ha prestado sus servicios a Fabrimix, S. A. y que también posee vínculos con el diputado Maynor Mejía Popol es Óscar Elías Marroquín Toj, quien en 2019 se postuló, sin éxito, como concejal segundo a la Municipalidad de Chimaltenango. El abogado Marroquín Toj compitió con el partido Vamos, del cual el legislador es secretario departamental y representante al Congreso de la República por dicho distrito.
Entre agosto y diciembre de 2020, Marroquín Toj prestó sus servicios como asesor legal en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides). El abogado fue asesor del viceministro de Política, Planificación y Evaluación del Mides, Melvin Caná Rivera, exdiputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Guatecompras muestra que Fábrica Mixta en Metal, Madera y otros Fabrimix ha ganado Q211 millones 607 mil 569.27 de 2004 a la fecha. De esa cifra Q101 millones 870 mil 24 fueron obtenidos en los cuatro años de gobierno de Alejandro Giammattei.
De 2020 a 2023, la empresa de Edmundo Asdrubal Bonilla Reyes firmó contratos con los ministerios de Educación, Defensa, Comunicaciones y Desarrollo Social, la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia y la Guardia Presidencial.
También tuvo adjudicaciones con el TSE, la Universidad de San Carlos de Guatemala, el Registro de Información Catastral (RIC), el Organismo Legislativo, el Plan de Prestaciones del Empleado Municipal, la Municipalidad de Villa Canales y la Asociación Latinoamericana Eco-Innovación para el Fomento del Desarrollo Sostenible.
Diputado cercano a actores vinculados con corrupción
El pasado 29 de abril, eP Investiga, dio a conocer que en los cuatro años del gobierno de Alejandro Giammattei, Maynor Gabriel Mejía Popol captó Q147 millones 200 mil 459 en contratos por la venta de mobiliario escolar y de oficina para entidades del Estado, a través de tres entidades mercantiles.
Mejía Popol fue uno de los legisladores de confianza del exgobernante y es por ello que en 2020 y 2021 fue jefe de la entonces bancada oficial y en 2022 y 2023 ocupó la primera secretaría de la Junta Directiva del Congreso cuando esta era controlada por Giammattei y sus aliados.
Antes de relacionarse con Giammattei, Mejía Popol, mantuvo una relación estrecha con Mariano Paz Montes, esposo de la ex vicepresidenta, Roxana Baldetti Elías, y que le valió para ser gobernador de Chimaltenango en el gobierno de Otto Pérez Molina.
Además Mejía Popol sirvió como prestanombre de una sociedad controlada por Baldetti, según consta en investigaciones realizadas por la ya desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Mejía rindió declaración testimonial en el caso Cooptación del Estado en la que aceptó haber firmado un nombramiento como representante legal de Representaciones Alliancee, S. A., con el fin de ayudar a la exvicepresidenta a evadir una eventual extinción de dominio de los bienes que habían sido adquiridos por esa empresa.
Los investigadores determinaron que dicha entidad mercantil tenía a su nombre ocho bienes inmuebles. Entre los que destacan un apartamento en la Torre II del edificio Casa Margarita de la zona 10, tres parqueos y una bodega en el mismo complejo habitacional. Una vivienda en Lomas de Pamplona de la zona 13 capitalina y una bodega situada también en la zona 13.
Las pesquisas señalaron que Representaciones Alliancee, S.A. llegó a manejar hasta Q35 millones en coimas que fueron entregadas por contratistas del Estado a la exvicepresidenta Baldetti.
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