Aunque la iniciativa que busca reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público (MP), presentada por el presidente Bernardo Arévalo como una salida legal para remover de su cargo a la fiscal general Consuelo Porras, fue llevada al Congreso de la República el 5 de mayo pasado, esta aún no ha sido conocida por el pleno del Congreso pese a la presión ciudadana.
Sobre esta propuesta, el presidente del Organismo Legislativo, Nery Ramos, dijo en su momento que debía seguir el trámite normal para que fuera conocida por el pleno y enviada a las comisiones de trabajo respectivas. Además, existía un acuerdo no escrito al que se llegó sobre conocer todas las iniciativas de ley en el orden normal en que fueran presentadas a la Dirección Legislativa.
Sin embargo, otra iniciativa de ley presentada también por el Organismo Ejecutivo el pasado 28 de mayo atrajo la atención de los diputados para su rápido trámite y la Comisión Permanente del Congreso decidió adelantarla e incluirla en la sesión extraordinaria del pasado 6 de junio, con la finalidad de que fuera conocida por el pleno del Congreso y pasara a la Comisión de Finanzas para su dictamen.
Reuniones en el piso 18
El interés, según señalaron fuentes del Organismo Legislativo a eP Investiga, es la existencia de obras dentro de esta ampliación para que sean ejecutadas por los legisladores en los municipios que ellos mismos eligieron.
Durante mayo, diputados de varias bancadas, algunas de ellas de oposición y otras que fueron aliadas coyunturales al principio de la legislatura con el bloque Semilla, fueron invitados al Ministerio de Finanzas Públicas.
En el lugar, los diputados oficialistas Román Castellanos y Samuel Pérez, acompañados del ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, recibieron a los otros congresistas para presentarles la ampliación presupuestaria y señalarles que dentro de esta había recursos para ejecutar en los municipios que ellos consideraran mejor.
Un diputado que dijo haber acudido a la reunión en el nivel 18 del Ministerio de Finanzas y pidió no ser citado por su nombre, explicó que aunque no se habló de sobornos, los legisladores sabían que eso significaba poder ejecutar esos proyectos con empresas de su propiedad o vinculadas a ellos para recibir una comisión, tal como sucedió durante el Gobierno de Alejandro Giammattei cuando se amplió la ejecución de los Consejos de Desarrollo bajo la excusa de la pandemia.
Si el Congreso aprueba la ampliación como fue enviada por el Ejecutivo, los Consejos Departamentales de Desarrollo recibirán Q1,675 millardos adicionales.
eP Investiga preguntó al Ministerio de Finanzas, a través de la unidad de comunicación social, las razones por las que llegaron diputados a reunirse a la oficina del ministro Menkos, la respuesta de la institución fue que “las reuniones con congresistas fueron para discutir sobre el contexto fiscal, en particular sobre la ampliación que el Ejecutivo estaba preparando, y entender sus inquietudes y las preocupaciones de la población en los distritos que representan”.
Desconfianza en el Ejecutivo
Como no había ocurrido antes, los diputados que acudieron al nivel 18 del Ministerio de Finanzas pidieron que se dejara en claro el destino de los recursos, con nombre del municipio y monto que habían solicitado.
La iniciativa de ley enviada al Organismo Legislativo detalla el destino específico que los fondos tendrán y agrega un candado que “prohíbe la reprogramación y reordenamiento de las asignaciones presupuestarias para la ejecución del aporte extraordinario en el listado de municipios…”, señala la iniciativa.
La razón para hacer esto, explicó uno de los congresistas que pidió no ser nombrado para no tener represalias por parte de otros legisladores, fue porque el Organismo Ejecutivo les ha incumplido todos los acuerdos que han hecho antes.
“Habían ofrecido puestos en el Ejecutivo y en su mayoría no cumplieron, después ofrecieron que los diputados podrían nombrar a los gobernadores y tampoco lo hicieron, ahora lo que querían era garantizar que en la ampliación se hiciera y estuvieran disponibles para ejecutarlos”, señaló el legislador.
Sin criterio técnico
Los montos para los Codedes han venido en aumento desde la llegada de Giammattei al poder. En 2020, el presupuesto de los Codedes alcanzó los Q3.2 millardos hasta llegar a los Q4.3 millardos el año pasado.
Con la ampliación presentada por Finanzas, el presupuesto de los Codedes podría alcanzar este año poco más de Q5.06 millardos, un incremento de más de Q732 millones respecto al año anterior, cuando se criticó la cifra por haber sido un año electoral y cuando la ejecución alcanzó el 90.4 por ciento.
Aunque para asignar recursos a los municipios deben existir criterios técnicos que establezcan las razones para destinar determinados montos a unos municipios y menos a otros, como el número de habitantes, porcentaje de pobreza del municipio, entre otros, la realidad es que los montos incrementados a los municipios a través de los Codedes no reúnen esas condiciones.
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), entidad para la que el actual ministro de Finanzas laboró durante varios años, recomendó hace unos días al Congreso no aprobar la ampliación al aporte extraordinario para los Codedes.
El Icefi señaló que: “Ni la exposición de motivos, ni el articulado de la iniciativa de ley explican ni proveen justificación técnica para la distribución por municipio de los Q1,675 millones”.
“A criterio del Icefi, esta omisión es preocupante porque es un monto muy voluminoso, que estaría, sin obligación legal, siendo destinado a los Codedes, pese a ser focos históricos y severos de corrupción, abuso y opacidad”, señaló ese Instituto en un comunicado.
eP Investiga consultó con dos Gobernadores departamentales sobre los criterios técnicos que utilizaron en su departamento para asignar los montos a los municipios, una de ellas señaló que desconocía cuál había sido el criterio técnico utilizado y dijo que a su consideración esos montos no reflejaban las necesidades del departamento.
Mientras tanto, otro Gobernador consultado vía telefónica dijo que en estos días las municipalidades estaban llevando sus proyectos a la Gobernación departamental para que estos fueran incluidos en la ampliación que podría aprobar el Congreso, con lo cual se refleja que no hubo criterios técnicos para asignar los montos.
Al cuestionarlo sobre qué criterios habían utilizado para esa ampliación, el Gobernador señaló que había hablado con un diputado y este le dijo que los criterios eran el porcentaje de población y pobreza así como las necesidades de la población, sin embargo, esto no se ve reflejado en los montos aprobados.
A la consulta sobre los criterios utilizados, el Ministerio de Finanzas señaló escuetamente: “Sobre la asignación a las municipalidades, eso se hace por mandato constitucional”.
Menos pobreza, más recursos
Los números establecidos en la ampliación presupuestaria demuestran que prevalecieron los criterios políticos y no los técnicos.
De esa cuenta quedó establecido que Huehuetenango tenga una asignación de Q197 millones 041 mil, aunque dicho territorio posee una índice de pobreza de 73.1 por ciento, es decir, no alcanza el 80.9 por ciento de pobreza que concentra Sololá, ni el 83.1 por ciento de Alta Verapaz.
Paradójicamente, el Consejo Departamental de Desarrollo de Sololá tiene una designación de Q11.08 millones, mientras que a Alta Verapaz le asignaron Q96.7 millones.
Otro dato desconcertante es que a Izabal, que tiene un índice de pobreza total estimado de 59.9 por ciento y una población de 463 mil habitantes, se le designaron Q76 millones 541 mil en la ampliación; mientras que a Totonicapán, que posee una población de 514 mil habitantes y un índice de pobreza total de 77.5 por ciento, se le asignaron Q39 millones 082 mil.
La repartición de los fondos dentro de los mismos departamentos tampoco refleja criterios técnicos, ni una repartición equitativa. Así por ejemplo, a la cabecera departamental de Huehuetenango, con una población estimada por el INE de 143 mil 954 habitantes y un índice de pobreza menor que el del resto del departamento, se le asignaron Q30 millones 500 mil, mientras que a Santa Cruz Barillas, con una población estimada de 133 mil 295 personas y con un mayor índice de pobreza, se le asignó una ampliación de Q2 millones.
Lo mismo sucede en otros departamentos como Izabal, en donde el municipio de Morales tiene una ampliación de Q40 millones, el presupuesto más alto de todas las comunas izabalenses, y que contrasta con los Q10 millones asignados a El Estor y los Q541 mil a Livingston.
La misma falta de criterio técnico muestra Escuintla, en donde al municipio de San José, dirigido por la alcaldesa Marcos Odilia González, condenada a seis años de prisión por narcotráfico, se le asignaron Q30 millones teniendo alrededor de 70 mil 300 habitantes, mientras a Santa Lucía Cotzumalguapa, con alrededor de 131 mil 200 habitantes, se le asignaron Q541 mil.
Decisión de diputados
Dos de los diputados consultados señalaron que al revisar los municipios en los que se dejaron esos fondos de los Codedes, se puede llegar a quienes solicitaron que se asignaran esos recursos en determinado departamento.
Así por ejemplo, el municipio de Huehuetenango, donde fue electa la diputada Sofía Jeanetth Hernández Herrera, recibió una ampliación de Q30.5 millones. En ese municipio fue electo como concejal 1 Juan Gualberto de León Herrera, quien fue asesor parlamentario de la diputada Hernández, mientras Edward Geobany Martínez Félix, exesposo de la congresista, participó como candidato a concejal suplente 1.
Tanto la diputada Hernández como su hijo Erick Geovany Martínez Hernández fueron electos como diputados para la actual legislatura.
Al municipio de Ipala, dirigido por Lusvin Ellioani Javier Javier, hermano del exalcalde y ahora diputado Esduin Javier Javier –Tres Kiebres–, le fueron asignados Q20 millones. Este municipio es el que recibió la mayor ampliación presupuestaria de todo Chiquimula pese a que sus índices de pobreza y desnutrición distan de los de Camotán y Jocotán.
La legisladora Thelma Ramírez, de Izabal, pidió la asignación de recursos para ella y otros diputados de su agrupación en la municipalidad de Morales, Izabal, según explicaron los diputados consultados.
Criterios políticos
El diputado Samuel Pérez del partido Semilla, reconoció que sí participó en “dos o tres” reuniones en el Ministerio de Finanzas, pero niega que haya estado con todos los diputados que asistieron a reunirse con el ministro.
“Yo participé en dos o tres reuniones cuando fuimos con la bancada y con los diputados, pero no estuve en todas las reuniones, el que participó fue el diputado Román Castellanos que es el delegado de la bancada en el Ministerio y en algunas otras el diputado Duvalier (Castañón)”, señaló Pérez.
El legislador reconoció que se utilizaron criterios políticos para asignar los fondos a las municipalidades, pero negó que se esté pagando a los diputados a cambio de votos.
“Antes existían mecanismos en donde se buscaba una lógica distinta, ahora hay un componente de criterio político, no tengo la información, pero sé que una parte de la estrategia es escuchar las necesidades de los diputados, sin embargo, lo que no estamos haciendo es pagar por votos, que era lo que se hacía antes”, señaló Pérez.
El diputado agregó que el monto de la asignación para los Codedes representa menos del uno por ciento del presupuesto total del Estado, por lo tanto, indicó que las prioridades de salud, educación y caminos vecinales de los municipios con mayores índices de pobreza se cubrirán con los presupuestos de los ministerios de Estado.
“La asignación es marginal, es de alrededor del uno por ciento del total del presupuesto, por lo tanto no debe haber una confusión sobre que se va a dejar tirado al pueblo”, señaló el legislador.
Mientras tanto, el legislador Román Castellanos no respondió con claridad sobre cuáles habían sido los criterios para otorgar recursos a algunos municipios, mientras otros no recibieron o no superaron los Q541 mil, pese a tener mayor población o peores índices de pobreza y desigualdad que los que más recibieron.
“A nosostros nos toca conversar con todos, o con la mayoría de diputados, esto es lo que nos corresponde para hacer viable una agenda legislativa. Estas (las reuniones en el Ministerio de Finanzas) fueron particularmente para discutir el contexto fiscal y la ampliación que al Gobierno le interesa, conocer las inquietudes que puedan identificar en todo el país y sus posicionamientos sobre la readecuación presupuestaria. A partir de esto, es que se concluye que era viable y posible aprobar una ampliación presupuestaria y para cubrir varios compromisos que tiene el Estado”, señaló Castellanos.
Sin embargo, al preguntarle en tres ocasiones sobre cuáles habían sido los criterios para incluir algunos municipios con millones de ampliación presupuestaria, mientras otros casi no obtuvieron recursos repitió, las tres veces, que esta era una primera fase, y que se extenderían a todos los municipios, es decir, no aclaró las razones técnicas para hacer las asignaciones en la ampliación.
La última vez que se le preguntó señaló que era la propuesta que se construyó en el Ministerio de Finanzas y que todo lo que pasa en el Congreso se construía con aportes de los diputados.
¿A cambio de qué?
Al principio de la aprobación de esta ampliación presupuestaria se creyó que la asignación de estos fondos se hizo para que fueran ejecutados por diputados a cambio de aprobar las modificaciones a la Ley Orgánica del MP solicitadas por el Ejecutivo, sin embargo, al preguntar a los legisladores que acudieron a las reuniones, estos señalaron que no se hizo esta solicitud por parte de la agrupación Semilla.
Otro diputado que conoce detalles sobre el tema señaló que incluso desde el MP estaban indagando con los diputados si esto iba de la mano de la ampliación presupuestaria, sin embargo, la respuesta era la misma con todos los interlocutores: Semilla habría decidido dejar en el olvido la modificación de la Ley del MP, por lo tanto no había otra condicionante a la ampliación.
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