Quince mil ochocientas es el número estimado de detenciones arbitrarias con motivos políticos que han ocurrido en Venezuela en el período comprendido entre 2014 a 2023. Quince. Mil. Según datos recopilados por PROVEA, se estiman alrededor de diez mil ejecuciones extrajudiciales en el mismo período. Cuando se utiliza el término “ejecución extrajudicial” se trata de la participación directa de fuerzas de seguridad del Estado en la muerte de la víctima. 

En 2019, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas estableció una Misión internacional independiente de determinación de hechos en Venezuela. Los hallazgos de la misión han corroborado lo documentado por las organizaciones de sociedad civil venezolanas. Casos de desaparición forzada, tortura, detenciones arbitrarias, persecución, y, obviamente, desplazamiento forzado. 

Por todo ello, en 2022 la Misión consideró que tenía suficientes elementos para concluir que la mayoría de las violaciones de derechos humanos documentadas “se habían cometido en el marco de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil en el contexto de una política para reprimir la oposición al Gobierno”. Es decir, estimó que habría suficiente información para concluir que se han cometido crímenes de lesa humanidad. Del mismo modo, la fiscalía de la Corte Penal Internacional tiene un examen preliminar sobre la situación en Venezuela abierto desde 2021. 

Ciertamente Venezuela no es el único lugar donde se han cometido crímenes internacionales en el hemisferio, pero es el único lugar en Latinoamérica donde estos crímenes han sido cometidos en pleno siglo XXI en proporciones tan dramáticas. 

Al examinar la degradación de las instituciones en Venezuela, no es tarea fácil poner una fecha exacta del momento en el que ese país dejó de ser una democracia, pues hay varias fechas críticas que podrían anotarse. ¿Habrá sido cuando fue cooptado el poder judicial en 2004? ¿Las elecciones de 2013? ¿O quizás las de 2018? 

Desde 2002, el profesor Steven Levitsky ha clasificado a Venezuela como un régimen híbrido, o un autoritarismo competitivo. Es decir, un lugar donde hay elecciones sin democracia. 

Típicamente, quienes aún defienden al régimen homicida, señalan la cantidad de elecciones generales que se han celebrado en el país desde la llegada del chavismo al poder. Lo que suelen omitir, son las condiciones desproporcionadamente desfavorables en las que cualquier expresión opositora ha tenido que competir.

Las elecciones del pasado 28 de julio, son, quizás, el culmen de este proceso de degradación. Si bien es cierto, en el pasado se habían levantado serias dudas respecto de los procesos electorales de 2012 y 2018, a mi juicio, el grotesco cinismo con el que el régimen pretende robarse estas elecciones no tiene precedentes en los 25 años de chavismo. Dicho lo anterior, también pareciera que la oposición contaba con dos hechos que hacían parte de su estrategia: sabían que iban a ganar y sabían que el régimen no tenía intención alguna de reconocer su derrota. Eso llevó a los diferentes partidos que conforman la plataforma unitaria a realizar un esfuerzo por documentar los resultados electorales de manera paralela. 

Quienes aún defienden al régimen homicida, suelen argumentar que el sistema electoral venezolano ha sido considerado de “los más seguros del mundo”. Si bien es cierto, los procedimientos de recepción y de conteo de votos son confiables, esa confiabilidad no puede sobrepasar una autoridad electoral cooptada. El Consejo Nacional Electoral (CNE) emitió un boletín con resultados preliminares que han sido ampliamente cuestionados por su improbabilidad matemática, así como por la ausencia de resultados detallados por centros de votación. Es decir, no es posible verificar lo reportado por el CNE. 

No obstante, ha sido la fuerza de la ciudadanía la que ha sido capaz de enfrentarse a una muy bien aceitada maquinaria de represión. La plataforma unitaria movilizó a decenas de miles de activistas para ser “testigos” (el equivalente a un fiscal de mesa en Guatemala) en cada centro de votación y conservar copias de las actas que daban cuenta de los resultados por mesa y centro de votación. Con base en esas actas es que hoy por hoy es posible saber con certeza total, que los datos reportados por el CNE son absolutamente falsos. Con 81.70% de las actas digitalizadas, hay una diferencia de 37 puntos porcentuales entre los votos recibidos por Edmundo González y Nicolás Maduro. 

La escala de la victoria de la plataforma unitaria es tal, que, según Omar Zambrano, un prestigioso economista venezolano, se trata de “la brecha electoral más grande de la historia de las elecciones presidenciales de Venezuela desde el regreso a la democracia en 1958”. 

Hace unos meses, la débil democracia guatemalteca logró sobrevivir, en parte, gracias al apoyo de la comunidad internacional a las movilizaciones ciudadanas que defendieron el resultado de las elecciones. Lo que pide la ciudadanía venezolana es que se respeten los resultados y la comunidad internacional, incluyendo Guatemala, deben tener una posición firme para ese fin.