Mi primera columna en este nuevo medio es comenzar expresando una demanda repetida y sentida: ¡Libertad inmediata para José Rubén Zamora Marroquín!

¿Cómo olvidar su trayectoria y significado en el periodismo investigativo en los medios que fundó y dirigió? Aunque la verdad duela es la meta del periodismo objetivo. Decir la verdad y nada más que la verdad.  Zamora era molesto para los caciques de la corrupción en Guatemala. Para los políticos mafiosos. Para militares enredados en el narco y con raíces negras en el pasado de violencia durante el conflicto armado. Les dolió a todos mucho la verdad, que se revelaran sus delitos, sus movidas corruptas y el dañino tráfico de influencias en la política.

Existe una correlación entre la democracia y el periodismo, como dos caras de la misma moneda. Sin democracia, no hay libre expresión y medios libres. Sin prensa responsable y libertad de expresión, no hay democracia. La prensa busca siempre la verdad de la manera más objetiva posible.

¿Es la democracia un resultado de la libertad de expresión o viceversa? La misión periodística no es agradar a los mandatarios ni ensalzar gobiernos. Los regímenes autoritarios detestan al periodismo fiscalizador. 

La verdad es la primera víctima de la guerra, afirmaba un periodista norteamericano llamado Hiram Johnson ya en 1917. Lo primero que un régimen autoritario elimina es la libertad de expresión. Se corta el acceso público a la verdad y se suprime el derecho a la fiscalización. Se atacan y clausuran periódicos incómodos, se encarcelan periodistas, mientras otros se van al exilio. En situaciones extremas se elimina físicamente a los periodistas. El poder ejercido autoritariamente se resiente al sentido de contrapoder del periodismo independiente y profesional.

Al mismo tiempo que se fabricaban los casos contra Zamora y aplica la táctica inhumana y perniciosa de retrasar y aplazar las audiencias para mantenerlo en prisión a toda costa, se liberaba de una orden de captura a la esposa del Don Corleone de los canales de la televisión, Ángel González y después se le exculpa de todo. No es un secreto la alianza del Pacto de Corruptos con ciertos medios radiales y televisivos. Se libra asimismo de cargos una exmagistrada delincuente, capturada con peluca y pistola en mano, a la que se restituye en el cargo, pagándole salarios caídos que llegan a los cinco millones de quetzales. Mientras los guatemaltecos emigran por la pobreza y falta de empleo. 

Las investigaciones jurídicas son instrumentalizadas para realizar acciones políticas y represivas, dando una fachada de legalidad. Nada fundamental ha dicho el Colegio de Abogados. Ha callado con complicidad la otrora digna facultad de Derecho de la San Carlos, tampoco dice nada nuestra alma máter cooptada y penetrada su rectoría por la corrupción.

Nada dicen las universidades llamadas “de garaje”, que producen abogados como si fueran conejos, gente sin escrúpulos que se prestan a todo. Se acabó la ética y el conocimiento.

Nuestra historia reciente está marcada por intrigas de verdaderos oligarcas que pactan con la clase política, aliada a las mafias y sus alfiles o caballos militares, como quiera verse el ajedrez. Sin olvidar los “jurisconsultos” con muchos diplomas, pero sin ética. Usar el derecho contra los ciudadanos “incómodos” es la peor atrofia jurídica, judicialización criminal que aplasta la democracia. Una metáfora del antropólogo norteamericano Richard Adams retrataba exactamente a la Guatemala crucificada por el poder de licenciados y militares.

Una ralea de abogados ha mostrado en los últimos años una moral de baja estofa. Se acabó la colegialidad y la certeza jurídica. Se substituyó con la maniobra, la corrupción por un terrible lawfare o “golpismo legalizado”. Vemos como tantos abogados se prestan a la persecución de los operadores decentes de la justicia, jueces y fiscales. Hay que decirlo con nombres, ¡aún nos queda algo de libre expresión!, lo que han hecho doña Porras y su Curruchiche no tiene disculpa: han atentado contra el Estado de Derecho en Guatemala, contribuyendo al subdesarrollo político y económico y ante la plena complacencia del llamado Pacto de Corruptos, escondido en el anonimato, pero existente en los actos que hunden al país.

Al mismo tiempo se viene desatando una sistemática e ignominiosa campaña de estigmatización y desinformación contra los ciudadanos y organizaciones que luchan por los valores democráticos. Aparecen grandes muestras de odio y una falta total de objetividad en las redes sociales y en algunos medios cooptados que funcionan como megáfonos de los corruptos. ¿Por qué tienen tanto odio los corruptos y sus portavoces? 

Una sociedad, un mundo, mal informados o desinformados nos aleja de los controles democráticos, si partimos de que libre expresión, información verídica y acceso a la misma constituyen el triángulo equilátero de la democracia.

Los procesos contra José Rubén Zamora no solo ha sido fabricados, espurios, sino hay una evidente tosquedad desde su misma captura que confirma la estrategia de imponer a toda costa el silencio, callar a la prensa independiente utilizando de manera perversa recursos del Estado. La arremetida legal contra el expresidente del clausurado elPeriódico está inmersa dentro de una maniobra cuyo objetivo ha sido todo el tiempo consolidar una dictadura disfrazada de sistema legal, el lawfare. Como el mismo Zamora dijera alguna vez: ¡la cleptocracia!

*Jaime Barrios Carrillo es escritor y académico guatemalteco, residente en Suecia. Es columnista de eP Investiga