Según los informes de técnicos del Ministerio de Comunicaciones, la empresa que tendrá a su cargo la construcción de la autopista, no cumplió con las observaciones que se hicieron.
El Ministerio de la Defensa realizó un evento de compra utilizando la modalidad de Adquisición por Proveedor Único, lo cual a criterio de dos empresas que presentaron inconformidades, restringe la competitividad y se buscó beneficiar a un oferente específico.
Según los diputados del partido Vos, la autopista aún no ha sido entregada legalmente, por lo que la empresa concesionaria debería de hacerse responsable por la reparación del kilómetro 44.
El gobierno retiró hoy el resguardo policial a 17 diputados del partido Vamos tras una publicación de eP Investiga del pasado 12 de julio. Sin embargo, las bancadas Cabal, UNE, Valor y otras ocho cuentan con agentes de la PNC que protegen a 26 congresistas.
Por segunda ocasión, la administración de Bernardo Arévalo beneficia con un contrato a Fábrica Mixta en Metal, Madera y otros Fabrimix, cuyo propietario tiene vínculos con el diputado, Maynor Gabriel Mejía Popol, hombre de confianza del expresidente Alejandro Giammattei e integrante del bloque legislativo Vamos.
Aunque los miembros del partido fundado por Alejandro Giammattei han sido protegidos por Consuelo Porras en el Ministerio Público (MP), 15 integrantes de esa bancada del Congreso y dos del Parlacen tienen seguridad del Estado por medio de la Policía Nacional Civil (PNC), según datos actualizados hasta mayo de 2024. Algunos de estos congresistas tienen vínculos con el narcotráfico.
El exministro de Comunicaciones negó en 2014 que una extensa propiedad vecina al área arqueológica de Yaxhá fuera suya, sin embargo, las investigaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) revelaron todo el entramado que utilizó el exfuncionario para ocultar que era él quien estaba detrás de la propiedad.
Una denuncia presentada por Ricardo Méndez Ruiz contra el presidente Bernardo Arévalo avanza después de tres meses de haber sido interpuesta en el Ministerio Público (MP), el caso ya se encuentra en el Juzgado Noveno para seguir el proceso de antejuicio. Mientras tanto, la Fiscalía de delitos contra Operadores de Justicia inició una investigación de oficio contra el mandatario y otras siete denuncias –de un total de once– se analizan en el ente investigador.
Los salarios de los 47 asesores contratados por la entidad portuaria oscilan entre los Q25 mil y Q15 mil mensuales. La mayoría de ellos tiene vínculos políticos o son antiguos empleados de la misma institución.
Entre las personas beneficiadas con seguridad presidencial destacan secretarios y subsecretarios, comisionados, ministros, diputados, la hija de un secretario de la SAAS y un presidente de una gremial de pilotos del transporte pesado.
