El excomunicador del Ministerio de Salud es un hombre con suerte. Tenía pendiente una orden de captura desde hace cinco años, tiempo durante el cual continuó ganando contratos con entidades públicas. Cuando lo detuvieron y a los pocos días la jueza lo benefició con arresto domiciliario.
La entidad castrense realizará una segunda compra a la empresa Class Equipos de Guatemala, S.A., de la familia Recinos cuyo historial incluye a un miembro de la familia vinculado a casos de corrupción y otro integrante es asesor del diputado Nery Ramos, presidente del Congreso de la República.
El Organismo Legislativo contrató a nueve personas cercanas al presidente Nery Ramos y que pertenecieron al partido Azul, por el cual obtuvo su curul.
Durante las Elecciones Generales pasadas, Ortega Arana participó como candidato a diputado y actualmente forma parte del Comité Ejecutivo Nacional del partido Azul del congresista Nery Ramos, presidente del Congreso de la República.
La Policía Nacional Civil otorgó un contrato millonario a uno de los nuevos constructores que ganó una fortuna durante la administración de Alejandro Giammattei.
Presidenciables, diputados, alcaldes y exfuncionarios forman parte del abanico de personalidades públicas que en Guatemala son intocables pero en el país norteamericano se han declarado culpables y han pagado con prisión.
El parlamentario argentino Rodolfo Tailhade recordó que Federico Machado, un empresario de ese país acusado de narcotráfico, habría financiado a Jimmy Morales y Alejandro Giammattei. En Guatemala existen empresas vinculadas a Machado y varias incautaciones de aeronaves de la supuesta estructura criminal.
Ropa, zapatos, chalecos antibalas y municiones son algunos de los artículos que adquirió el año pasado el Ministerio Público (MP) para el Departamento de Seguridad.
El 20 de enero, una Junta de Licitación conformada por empleados del Ministerio de la Defensa Nacional adjudicaron la compra de maquinaria pesada por Q14 millones 380 mil a la empresa Class Equipos y Construcciones de Guatemala, S.A., con conexiones con la familia Recinos de Jalapa en la que destacan William Rubén, exdiputado del Congreso de la República y su hermano Marco Antonio, quien en 2016 fue procesado por financiamiento electoral ilícito al Partido Patriota (PP).
En sus viajes a Zaragoza, Chimaltenango, la comitiva que resguarda a la Fiscal General se alojó en Villa Alcázar, propiedad de Juan Manuel Cárdenas Marroquín. Esta persona labora para el diputado Gustavo Adolfo Cruz Montoya de Visión con Valores (VIVA).
