Un total de 24 personas que no son familiares del expresidente Alejandro Giammattei ni del exvicepresidente Guillermo Castillo tuvieron seguridad presidencial entre el 14 de enero de 2020 y el 14 de enero de 2024. Entre los beneficiados destacan personajes como Miguel Martínez; el panameño Poll Anria; el diputado Maynor Mejía y el expresidenciable Manuel Conde; los exsecretarios Giorgio Bruni, Mynor de la Rosa y Carlos Sandoval; y el magistrado de la CSJ, Carlos Contreras.
María José Iturbide fue removida del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) por dejar que su hija utilizara un vehículo y seguridad del Estado. Pero según miembros del partido oficial, la hoy exfuncionaria también fue señalada por mantener lazos cuestionables que le causaban conflicto de interés, entre ellos cinco asesores que llegaron a esa cartera al mismo tiempo que ella.
Las actuales autoridades de la institución solicitaron a la Contraloría General de Cuentas (CGC) una auditoría para determinar si hubo sobreprecio en la compra de la rotativa que costó al Estado casi la mitad del presupuesto del diario oficial y que, además, tuvo problemas de funcionamiento durante los primeros meses de este año.
Tres empresas administradas por los hermanos José Javier y Gustavo Andrés Alejos Jansa han recibido Q208 millones en contratos con distintas entidades públicas. En conjunto con otras seis sociedades vinculadas, la familia ha recibido Q2.6 millardos en contratos con el Estado. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) son las entidades que más han beneficiado a la red de empresas de la familia Alejos.
El presidente Bernardo Arévalo justificó la destitución de Jazmín de la Vega, exministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) con el irrespeto a un acuerdo establecido para efectuar los pagos adeudados a constructoras. Aunque el mandatario no especificó a qué empresas benefició la exfuncionaria, el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN) reporta que al menos cinco constructoras vinculadas a financistas de otros gobiernos devengaron millones de la cartera dirigida por de la Vega hasta el viernes último.
La Universidad César Vallejo (UCV) de Perú concedió el pasado 9 de mayo un doctorado honoris causa a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) Leyla Susana Lemus Arriaga y Héctor Hugo Pérez Aguilera “por su defensa de la democracia”.
Dentro del círculo que ha rodeado de cerca al presidente Bernardo Arévalo en los primeros cuatro meses de gobierno figuran pocas mujeres, entre ellas su esposa, quien cumple un papel importante en el tema social y ha tomado, según algunas fuentes consultadas, la batuta en algunos ministerios, como el de Salud.
El clan político-empresarial recibió al mandatario en el campamento donde una empresa de la familia Córdova ejecuta los trabajos de ampliación a cuatro carriles de la ruta CA-14, tramo Santa Cruz Verapaz-Cobán, Alta Verapaz. Los Córdova tienen señalamientos de ser cercanos a los Baldizón y de beneficiarse con millonarios contratos de obra pública durante los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei.
En 2020 los encargados de impartir justicia fueron designados subrepticiamente en un sanatorio de la zona 2 capitalina. En 2014 las cortes del OJ se negociaron en torno a la cama de un hotel, según el decir de la exvicepresidenta Roxana Baldetti. En ambos casos las principales decisiones no fueron adoptadas en las Comisiones de Postulación, establecidas para ese fin, sino en lugares informales bajo otras reglas, que no reconocen los criterios de capacidad, idoneidad y honradez de los aspirantes. Esta es la antesala de las elecciones de cortes en este 2024.
Tres entidades comerciales relacionadas con el legislador Maynor Gabriel Mejía Popol, hombre de confianza del exgobernante, resultaron beneficiadas con millonarios contratos para proveer de mobiliario al Estado en los últimos cuatro años.
