La Contraloría General de Cuentas (CGC), a través de su Dirección de Auditoría al Sector Educación, Ciencia, Cultura y Deportes, ha tomado acción ante una denuncia ciudadana que señala presuntas irregularidades en el nombramiento de José Samayoa Lara, quien fue designado por el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) como director de la Escuela de Ciencia Política (ECP).
Luego de publicación de eP Investiga, El Ministerio de Finanzas corrigió dos de las restricciones que habían dificultado el acceso a la información de Guatecompras, después de que este medio documentó los cambios. La Usac fue restituida en el buscador por entidad compradora y se eliminó el límite de un año para las búsquedas por palabras, pero el portal todavía mantiene bloqueado el acceso a datos de personas y empresas que antes podían ser consultados públicamente.
El juicio por la desaparición forzada y delitos contra los deberes de la humanidad de Luz Leticia Hernández Agustín, Ana María López Rodríguez y Leandro Gabriel Calate Temú ha llegado a su etapa de conclusiones y el Ministerio Público (MP) ha solicitado una pena de 170 años en contra de Juan Francisco Cifuentes Cano, el único acusado dentro del caso.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) expresó su preocupación por las represalias contra estudiantes y docentes de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) que han cuestionado públicamente el proceso, calificado como fraudulento, en el que Walter Mazariegos fue reelecto como rector.
La Comisión de Postulación que nominará a aspirantes al cargo de jefe de la Contraloría General de Cuentas (CGC) inició este viernes con el proceso de recepción de los expedientes de profesionales que se postulen. Además, se espera que este día la Comisión inicie con la elaboración de la tabla de gradación.
La magistrada suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC), Claudia Elizabeth Paniagua, continúa dando asesoramiento al Plan de Prestaciones del Empleado Municipal (PPEM), mediante contratos que han sido suscritos desde el año 2024 hasta la fecha y por los cuales ha percibido más de Q462 mil, según consta en el portal Guatecompras.
Instituciones públicas de Guatemala usan tecnología de videovigilancia de las marcas chinas Hikvision y Dahua. Ambas están señaladas y sancionadas por violaciones a derechos humanos del pueblo indígena Uigur. Estados Unidos, la India y países de Europa han presentado acciones para intentar frenar su uso. Mientras, las dos empresas se han vuelto populares en varios países de América Latina.
La Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Procesos de Mayor Riesgo declaró sin lugar una recusación planteada contra la jueza de Mayor Riesgo “A”, Claudette Domínguez, por lo que la juzgadora continuará al frente del proceso por el caso Creompaz. Este proceso se originó por el hallazgo de osamentas de víctimas del conflicto armado interno.
El pasado miércoles fue detenido Julio Valentín Monroy López, de 35 años, presunto cabecilla de la estructura criminal “Los Taxistas del Viejo”. Sin embargo, lo que cobró más relevancia fue que el juez del Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal, Jimi Bremer, ordenó dejarlo en libertad.
Guatemala compra reconocimiento facial y videovigilancia con IA sin control ni ley de datos, lo que expone una serie de riesgos para la ciudadanía y el cumplimiento de derechos humanos. Pero además, el Estado gasta millones de quetzales en compras troceadas, mediante procedimientos que no son todo lo transparentes que la normativa internacional demanda. Varias de estas contrataciones se han hecho a empresas señaladas y con vínculos cuestionables.
