El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y la Procuraduría General de la Nación (PGN) presentaron el 4 de abril una denuncia en contra de Amelia Flores, exministra de Salud durante el gobierno de Alejandro Giammattei. Esta denuncia deriva de la firma del contrato para la adquisición de vacunas Sputnik V como tratamiento para la pandemia del Covid-19 en el país.

El ministro de Salud, Óscar Cordón, y el procurador, Julio Saavedra, llegaron al Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Penal del Organismo Judicial (OJ) para presentar la denuncia.

Los funcionarios informaron que el contrato con la empresa rusa Human Vaccine fue perjudicial para el Estado de Guatemala, ya que no cumplía con los requerimientos legales necesarios para su validez.

El actual Gobierno de Guatemala afirmó que dicho contrato comprometió la salud y el bienestar de los guatemaltecos.

En esta denuncia, aún no señalan al expresidente Alejandro Giammattei ni a Miguel Martínez; el procurador respondió que esto se debe a que no aparecen en los documentos del contrato para la adquisición de las vacunas.

“Es una contratación que se realizó de manera flagrante contrariando lo que establecía la ley”, dijo Saavedra en referencia al Decreto 1-2021, mediante el cual se establecieron directrices para la adquisición de las vacunas.

El 3 de mayo de 2021, elPeriódico publicó un artículo en el cual se dio a conocer el contrato suscrito entre el Estado de Guatemala y la empresa Human Vaccine, que fungió como intermediaria.

A través del Decreto 1-2021, se definió que tanto el Ministerio de Salud como el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) debían adquirir las vacunas directamente con el fabricante, que en este caso era el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, y no a través de Human Vaccine.

Saavedra enfatizó este punto, pues dicha empresa fue la que firmó el contrato, contrariando lo establecido en el Decreto.

“Fue una contratación totalmente abusiva y en contra de los intereses del Estado”, agregó el procurador Saavedra.

También dijo que este contrato se firmó con total opacidad, debido a una cláusula de confidencialidad que impidió su auditoría social. Además, el contrato absolvía de cualquier responsabilidad por el atraso en la entrega de las vacunas.

Los funcionarios mencionaron que la vacuna no contaba con la autorización ni certificación para su uso en ese entonces.

El procurador Julio Saavedra dijo que presentaron la denuncia ante el OJ y no ante el Ministerio Público (MP) debido a que esa institución podría desestimar la denuncia.

“En el MP, conforme a la ley, tienen la facultad de desestimar las denuncias de acuerdo a la calificación y revisión que ellos hagan”, dijo Saavedra.

Fue por eso que decidieron presentar la denuncia ante el órgano jurisdiccional para que un juez contralor pueda remitir al MP y así garantizar que la denuncia pueda avanzar.

El contrato

El acuerdo para adquirir las vacunas Sputnik V fue suscrito entre el Gobierno de Guatemala y Rusia el 30 de marzo de 2021, con la compra prevista de 16 millones de dosis.

La exministra de Salud, Amelia Flores, firmó este acuerdo con Human Vaccine, que es filial del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF).

El 5 de abril de 2021, el Ministerio de Salud inició el proceso de pago de Q614.5 millones, equivalente al 50% del costo total de las vacunas.

Saavedra mencionó también que el Estado de Guatemala hizo un pago de regalías en este contrato por US$796 mil dólares para la empresa Human Vaccine.

Durante su gestión, la ministra Amelia Flores anunció que el objetivo de esta compra era vacunar a 8 millones de personas, administrando ambas dosis antes de finalizar el 2021.

A pesar de esto, diversas críticas surgieron por la demora en la entrega de las dosis, lo que llevó a una renegociación del contrato.

Persecución a medios de comunicación y sociedad civil

El jefe de la Comisión Presidencial Contra la Corrupción, Santiago Palomo, dijo que este contrato se suscribió mientras muchas personas sufrían las consecuencias económicas y sanitarias por la pandemia.

“Es un acto grave y es una evidencia más del sistema corrupto e impune en el que operaron las administraciones anteriores”, dijo Palomo, quien añadió que hubo al menos 5 millones de dosis vencidas o desperdiciadas.

El comisionado afirmó que medios de comunicación fueron perseguidos y criminalizados por investigar este contrato. Organizaciones de sociedad civil y ciudadanos fueron hostigados por buscar información sobre el contrato.

El presidente Bernardo Arévalo dijo en la conferencia que durante su administración no se tolerarán los casos de corrupción y se retiró de la conferencia sin dar respuesta a las preguntas de la prensa.