El amparo señala que los nombramientos de Mauricio Roberto Bernard Alvarado, como gobernador de Guatemala; y de Hernán Carlos Ríos, de Quiché, no se realizaron con legitimidad, debido a que no formaban parte de las ternas propuestas por la sociedad civil en 2024. 

Tras esto, la CC decidió darle trámite al amparo y emplazó al Ejecutivo para que en un plazo de 48 horas se remita un informe circunstanciado sobre el proceso de nombramientos de los gobernadores. 

En una conferencia de prensa realizada este lunes, el presidente Bernardo Arévalo se pronunció por este tema y aseguró que desde finales de diciembre del año pasado se aceptaron las renuncias de los gobernadores y que se procedió a realizar los nuevos nombramientos. 

“El proceso de nombramiento ha sido siempre acompañado de una serie de amparos, pero nosotros hemos hecho todo en estricto apego a la ley”, dijo. 

Arévalo mencionó que están en este momento trabajando la información correspondiente que solicitó la CC ante el amparo que fue presentado y que le ha dado trámite.

Un proceso con acciones legales

En 2024, el proceso de nombramiento de gobernadores también se vio envuelto en acciones legales. Se trata de un proceso que se inició en enero de 2024, pero que hasta junio de ese mismo año se completó. 

Arévalo argumentaba que el retraso en los nombramientos de gobernadores se debía a que los perfiles seleccionados por los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede) no eran idóneos.

Además, el año pasado se dio una polémica con el nombramiento de Mélinton Estuardo Solórzano Rivera como gobernador de Quiché, quien fue denunciado por presuntamente haber entregado Q30 mil a los integrantes del Codede para ser incluido en la terna. 

El año pasado el abogado Erick Castillo también había presentado un amparo contra el presidente por desatender la voluntad de la sociedad civil plasmada en las ternas que le remitieron los Codede para elegir gobernadores.