El Gobierno de Suiza ha anunciado la imposición de sanciones contra cuatro altos funcionarios del Ministerio Público (MP) y un juez por su papel en intentar impedir la toma de posesión del presidente electo Bernardo Arévalo de León.

Las sanciones están dirigidas a la Fiscal General, María Consuelo Porras Argueta, y a otros cuatro funcionarios del MP: Ángel Arnoldo Pineda Ávila, secretario general; José Rafael Curruchiche Cucul, jefe de la FECI y la fiscal de la FECI, Leonor Eugenia Morales Lazo.

Además, las sanciones también se han aplicado al juez séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Fredy Raúl Orellana Letona.

A través de un comunicado, el gobierno del país helvético indicó que las sanciones aplicadas siguen la línea de las sanciones previamente impuestas por la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá.

Después de su victoria en las elecciones de agosto de 2023, Arévalo de León enfrentó obstáculos significativos para su investidura como presidente, indica el Gobierno de Suiza.

La Fiscalía, liderada por Consuelo Porras, lanzó una serie de acusaciones penales contra él y su partido político, Movimiento Semilla.

El Gobierno suizo ha calificado las acciones de los funcionarios sancionados como intentos de «obstaculizar el traspaso pacífico del poder», lo que representa una amenaza para la democracia y el Estado de derecho en Guatemala.

Con efecto inmediato, las medidas restrictivas prohíben la entrada de Consuelo Porras y los otros cuatro funcionarios al territorio suizo y les impone sanciones financieras.

Estas sanciones también incluyen la inmovilización de bienes que los funcionarios puedan tener en ese país.

Acciones contra la Fiscal General

El Gobierno de Guatemala presentó, a finales de febrero, una solicitud de antejuicio contra la Fiscal General debido a su negativa de participar en una reunión del Consejo de Ministros. La acción ya está en manos de la Corte Suprema de Justicia, pero aún no se ha conocido.

Además, el Gobierno solicitó una opinión consultiva a la Corte de Constitucionalidad para determinar si Consuelo Porras cumple con los requerimientos de honorabilidad que establece la Constitución Política de la República de Guatemala.

También, diputados del suspendido Movimiento Semilla presentaron una denuncia penal en contra del jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, por los delitos de abuso de autoridad, sedición, usurpación de funciones y revelación de información confidencial.

Otras acciones legales también se han presentado en contra de Ángel Pineda y en contra del Juez Fredy Orellana.