¿Cree usted que el Presidente todavía tiene oportunidad de destituir a la Fiscal General?

Creo que el Presidente debe buscar una manera de destituir a la Fiscal, si esa es su intención. Considero que las grandes decisiones judiciales, como la que permitió que Arévalo tomara posesión en enero del año pasado, no solo se basan en interpretaciones legales, que en ese caso estaban bien fundamentadas, sino también en consideraciones políticas.

Lo que el Presidente debería hacer, independientemente de si desea o no destituir a la Fiscal, es fortalecer mucho más su base de apoyo. Necesita reforzar su relación con los ciudadanos, los pueblos indígenas y otros sectores de la sociedad. Esto permitiría que los demás actores políticos lleguen a conclusiones más justas y de acuerdo a la ley.

¿Cuál es el escenario si el Presidente no destituye a la Fiscal General?

El presidente Arévalo es un hombre que realmente valora la Constitución, la democracia, la justicia y el Estado de derecho. El dilema que enfrenta ahora es si actúa de manera decisiva contra la Fiscal General. Habrá quienes consideren que tales acciones están apegadas a la Constitución, mientras otros dirán lo contrario.

Si no actúa, el Pacto de Corruptos inevitablemente lo enfrentará, continuando con su estrategia de desgaste, comenzando por atacar a sus ministros y eventualmente buscarán destituirlo, encarcelarlo o incluso desterrarlo. Las consecuencias no serían sólo la pérdida del gobierno y del poder, sino, en mi opinión, la muerte del sistema democrático. Esto implicaría también el colapso de la justicia, la democracia y el Estado de derecho.

Creo que el Presidente tiene que decidir entre estas dos opciones. La agenda de los opositores está clara, y algo significativo ocurrirá en los próximos 15 meses, probablemente el próximo año o incluso antes. El tiempo no está de su lado, y esa es la decisión crítica que debe tomar ahora.

Respeto profundamente al presidente Arévalo y considero que esta oportunidad democrática que Guatemala está viviendo es única, aunque muy frágil. Espero sinceramente que se conserve para el bien del pueblo guatemalteco. Creo que el resultado inmediato de un golpe contra el presidente Arévalo, incluyendo su destitución y la de la vicepresidenta, sería una grave inestabilidad política y económica, además de un aumento significativo en la migración. Espero sinceramente que no se produzca nuevamente violencia política en el país, pero considero que la situación podría volverse extremadamente caótica.

¿Cómo podría el Presidente restablecer su popularidad sin destituir a la Fiscal? Es decir, ¿podría convivir con la Fiscal General hasta que termine su mandato en mayo de 2026?

Lo veo muy difícil. Es posible que ambos decidieran no atacarse por el momento, pero creo que es inevitable que el Pacto de Corruptos, por medio de la Fiscal General, trate de destituir al Presidente antes de que él pueda escoger al sucesor de Consuelo Porras.

Esto, ocurrirá independientemente de quién haya ganado las elecciones en Estados Unidos este mes. El calendario sigue siendo el mismo. Faltando menos de un año y medio para tomar decisiones cruciales, creo que en 2025 habrá esfuerzos del Pacto de Corruptos, apoyados por la Fiscal, para poner al Presidente en aprietos y tratar de sacarlo, ya sea por la vía legal o mediante otras acciones.

Al fin y al cabo, estos actores están muy temerosos de perder la protección y el poder que les otorgan su acceso a posiciones políticas y fuentes de ingresos.

Considerando que hay voces muy críticas hacia el presidente Arévalo debido al hartazgo por la percepción de inacción y parálisis en su gobierno, ¿qué rol debería asumir la ciudadanía en este contexto?

Creo que los ciudadanos deberían expresarse, especialmente si están preocupados o son críticos del presidente Arévalo. Tienen todo el derecho de hacerlo, pero también considero importante que entiendan el panorama más amplio. No se trata solo de los desafíos que enfrenta el Presidente, sino de las amenazas que se ciernen sobre el gobierno democrático y el modelo democrático en general. El objetivo de los opositores no es únicamente sacar a Arévalo, sino asegurarse de que una situación como esta —la elección de un Presidente ajeno al Pacto de Corruptos no vuelva a ocurrir. Creo que es algo que toman muy en serio.

Por eso, los ciudadanos deben expresarse, pero también deberían considerar cómo sus acciones y críticas son percibidas. Si el Presidente decide actuar contra la Fiscal General, los opositores estarán atentos a lo que dicen y hacen los ciudadanos: ¿les preocupa o no?

En ese sentido, si alguien tiene críticas o preocupaciones, como ciudadano debería estar dispuesto a ser consecuente y participar activamente en la defensa de sus derechos. Es fundamental que esta participación sea a través de actividades legales y no violentas, promoviendo siempre el respeto al marco democrático y al Estado de derecho.

¿Cree usted que un gobierno de Estados Unidos, sea cual sea su denominación, apoyaría un golpe de Estado o la destitución del Presidente?

Es difícil predecir exactamente cuál sería la política de un gobierno de Trump, ya que no solo depende de los grandes objetivos trazados en su campaña y de cómo implementa sus políticas, sino también de las personas que él elija para ejecutar esas políticas a un nivel subministerial. Es decir, en posiciones clave, pero que no llegan a ser ministros.

Sin embargo, creo que el gobierno de Trump se encontrará con lo siguiente: al asumir el poder, estarán completamente enfocados en el tema de inmigración, que no es solo un lema de campaña, sino una prioridad sumamente importante para ellos. En ese contexto, probablemente verán al gobierno de Arévalo como uno de los más cooperativos de Centroamérica en cuanto a migración. De hecho, el gobierno actual de Estados Unidos ha evaluado que la migración ha disminuido desde que Arévalo asumió el poder, y la cooperación en términos de recibir a los retornados ha aumentado.

Este gobierno, en mi opinión, hará todo lo posible por seguir cooperando con el nuevo gobierno de Estados Unidos en este tema. La pregunta es si el gobierno de Trump aprovechará esta oportunidad o si apoyará (o ignorará) un intento de golpe contra Arévalo.

El secretario de Estado designado, Marco Rubio, apoyó la transición de gobierno en Guatemala, ¿cree usted que esta designación es relevante para Guatemala?

Sí, creo que sí. Sin embargo, como mencioné antes, también dependerá de otras designaciones que se hagan. Pero la decisión sobre Marco Rubio es relevante, ya que es una persona con bastante experiencia en América Latina. Como usted señaló, en un momento clave, en diciembre, hizo una declaración afirmando que Arévalo había sido elegido Presidente y debía poder asumir el cargo. Claro, las posiciones pueden cambiar, pero lo importante no solo es esa declaración, sino también el hecho de que Rubio es alguien que quiere cumplir con las promesas electorales de Trump. Creo que él verá una oportunidad para buscar mayor cooperación con el actual gobierno de Guatemala.

Si analizamos un poco más, la pregunta clave es: si realmente se quiere mejorar la situación migratoria, ¿qué es lo preferible? ¿Apoyar un gobierno democráticamente elegido o respaldar un golpe de Estado o un cambio de régimen que podría generar más inestabilidad? De hecho, pienso que eso probablemente incrementaría la migración. Aunque no es una certeza, los elementos actuales sugieren que el nuevo gobierno de Trump buscará cooperar con el gobierno de Arévalo. Sin embargo, es cierto que la elección de Trump ha dado más impulso a quienes se oponen a Arévalo y quieren que se vaya.

Consuelo Porras está vetada por más de 40 países, ¿esto se podría interpretar como un apoyo tácito a favor de su destitución?

Mi perspectiva es que el resultado de una eventual remoción de la Fiscal General sería positiva para la justicia, el Estado de derecho y la democracia en Guatemala. Creo que, en general, un gobierno de Estados Unidos vería esa acción de forma favorable bajo estas condiciones.

Respecto a un posible gobierno de Trump, su enfoque sería probablemente más pragmático, guiado por un análisis sobre si esta acción beneficia o no los intereses estadounidenses. En ese contexto, el tema de la migración jugaría un papel importante en su evaluación.

¿Y el narcotráfico? Considerando que el expresidente Trump ha sido focal sobre este tema y la migración.

En cuanto al narcotráfico, entiendo que el gobierno actual ha incautado más drogas en lo que va del año que en los últimos dos años del gobierno de Giammattei. Sin embargo, parece que el tema central en la política estadounidense sigue siendo la migración.

¿Cómo cree que el Presidente debería reaccionar ante una CC que obstaculice cualquier camino para destituir a la Fiscal General?

Es bien sabido que él valora profundamente la legalidad y el Estado de Derecho, probablemente más que cualquier otro Presidente que Guatemala haya tenido. Incluso cuando esto le impone costos significativos, el Presidente parece decidido a ser recordado como alguien democrático y respetuoso de la ley. El problema es que las cosas avanzan hacia un punto en el que los actores que han cooptado las instituciones encargadas de interpretar la ley harán todo lo posible para evitar que él elija al próximo Fiscal General. Esto no solo podría llevar a su destitución, exilio o encarcelamiento, sino también a que asuma otro gobierno dispuesto a tomar medidas extremas para evitar, por al menos una generación, la elección de un Presidente que no sea parte del “Pacto de Corruptos”. Ese es el dilema que enfrenta el Presidente. Como mencioné antes, esto es como una bomba de tiempo. Ya para abril de 2026, el Pacto y sus aliados probablemente activarán esfuerzos para removerlo de alguna manera. Ante este panorama, el Presidente debe estar considerando cuál sería la postura de la Corte de Constitucionalidad (CC) en caso de tomar decisiones importantes.