Foto: Archivo eP Investiga
Entre los diferentes hallazgos de la investigación se destaca que las niñas víctimas de violencia sexual que son obligadas a la maternidad forzada no tienen acceso a seguridad social y apoyo económico. El programa “Vida”, gestionado por el Ministerio de Desarrollo (MIDES), resulta insuficiente para las víctimas y también es restrictivo.
El programa ofrece apoyo para las niñas embarazadas o niñas madres menores de 14 años que fueran víctimas de violencia sexual. Entre enero y junio de 2024 se registra que solo 129 niñas son beneficiarias a pesar de que 1 mil 953 de entre 10 y 14 años dieron a luz en ese año.
“Esta discrepancia pone en manifiesto la significativa brecha existente entre la financiación disponible y la ayuda que llega a las niñas embarazadas”, según HRW.
El programa ofrece un estipendio económico periódico para que tanto las niñas como su hijo o hija puedan suplir necesidades básicas con Q1 mil 500 mensuales, los cuales reciben a través de una transferencia bancaria.
Según la investigación, tal estipendio, además de abarcar a muy pocas niñas madres, sólo cubre entre el 50 y 55% del umbral nacional de pobreza en Guatemala, pues según datos del Banco Mundial, es de 5,50 dólares al día.
En cuanto al presupuesto del programa, que tuvo un aumento de aproximadamente 55% entre 2020 y 2022, sufrió una reducción del 15% en 2023 y 2024.
Según datos oficiales, estas son las asignaciones presupuestarias en los últimos años:
2022: Q1 mil 774 millones 500, con los cuales se apoyó a 159 beneficiarias mediante 1 mil 183 transferencias monetarias condicionadas.
2023 y 2024: Se asignó Q1 mil 500 millones para cada año.
Barreras por el sistema de justicia
HRW señala que el programa tiene estrictos requisitos de elegibilidad que dificultan que más niñas madres puedan acceder a este apoyo financiero. Si sus casos están en un proceso judicial, es un juez el que puede ordenar la inclusión de una niña en el programa.
Estos son los requisitos de elegibilidad:
1. Procesamiento judicial del caso, el cual puede llevar años resolverse.
2. La niña debe presentar su partida de nacimiento para demostrar su identidad.
3. Sólo las ciudadanas guatemaltecas son elegibles, lo que excluye a las niñas que puedan estar indocumentadas.
4. La niña no debe vivir con su “pareja”, a pesar de que muchas se ven obligadas a cohabitar con sus agresores o parejas debido a los limitados recursos económicos familiares.
5. Exclusividad de las prestaciones: La niña y su familia no pueden ser beneficiarios de otros programas del Mides.
Según HRW, hay otras barreras no oficiales para que las niñas puedan ser beneficiarias de este apoyo económico. “Por ejemplo, una representante de una organización de sociedad civil especializada en derechos sexuales y reproductivos compartió un caso en el que la madre de una niña tenía una deuda bancaria. Debido a dicha deuda, el banco retuvo los fondos que le correspondían a la niña, a pesar de cumplir con los requisitos de elegibilidad del programa”, se anota en la investigación.
Otro obstáculo es que en comunidades rurales, las niñas no siempre cuentan con partidas de nacimiento, lo cual las restringe del programa.
El rol del Ministerio Público
HRW señala que acceder a datos certeros en Guatemala implica un reto debido a que las cifras acerca de violencia sexual están fragmentadas y las instituciones involucradas reportan información diferente.
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) realizó 24 mil 441 peritajes en casos de violencia sexual o embarazos de niñas de 14 años y menores entre enero de 2018 y junio de 2024, pero el Ministerio Público (MP) reportó solo 13 mil 011 casos menores de 14 años que son sobrevivientes de violencia sexual, entre enero y octubre de 2023.
Entre enero de 2020 y junio de 2024, la Procuraduría General de la Nación (PGN) reporta 1 mil 729 casos de violación que involucran a niñas y niños. Mientras tanto, De enero de 2018 a junio de 2023 la Policía Nacional Civil (PNC) registró solo 519 casos de violencia sexual contra niñas de 15 años y menores, y 22 casos de violencia sexual contra niñas menores de 14 años entre enero y junio de 2024.
Actualmente, según los datos recopilados por HRW, hay 6 mil 697 desestimaciones con casos de violencia sexual contra niñas menores de 14 años entre enero de 2018 y octubre de 2023.
Además, 4 mil 085 son desestimaciones fiscales y 2 mil 612 judiciales; lo que quiere decir que no hubo acceso a justicia para más de 6 mil niñas y, por ende, tampoco un apoyo financiero del programa Vida, que tiene como requisito el procesamiento judicial.
2022 y 2023 son los años en los que más desestimaciones fiscales desde el MP reportan en casos de violencia sexual a menores de 14 años. En 2022 se registraron 1 mil 318 desestimaciones por parte de la fiscalía, mientras que en 2023, 1 mil 766.
