Foto: El Diario De Hoy

¿A qué se dedica el Panel de Personas Independientes, del cual usted es integrante?

Catorce organizaciones civiles, nacionales e internacionales, decidieron crear un panel de personas independientes para observar el proceso de elección de altas cortes en Guatemala. Nos seleccionaron a tres: Antonia Urrejola, expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la abogada Ana Lorena Delgadillo, integrante del grupo de las Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas y a mí, Sidney Blanco, salvadoreño, exjuez en El Salvador por 25 años, profesor también de la UCA por 30 años y fui magistrado de la Sala de lo Constitucional en El Salvador.

Este panel tiene como mandato observar el proceso, reunirse con los actores clave del proceso, opinar, dar recomendaciones, recordar a los electores, los estándares internacionales de este tipo de procesos de elecciones, resaltar la importancia que tienen las elecciones del organismo judicial, de los integrantes del Organismo Judicial, tales como la transparencia, publicidad, independencia y participación social, entre otros.

¿Qué apertura han tenido en el país?

Se realizó una visita en la que asistieron Ana Lorena y Antonia, quienes sostuvieron reuniones con diferentes sectores, con el presidente Arevalo, con el Pleno de la Corte de Constitucionalidad, con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, con los pueblos indígenas, con la empresa privada, con algunos miembros de la academia, con asociaciones de jueces, con organizaciones de la sociedad civil y con el cuerpo diplomático. No se reunieron con comisiones de postulación directamente. Creyeron que no era conveniente para que no se señale alguna interferencia.

Hemos estudiado el ordenamiento jurídico interno, conocemos de los antecedentes de las condiciones paralelas o las consecuencias y tensiones que se produjeron. Y estamos vigilando día con día cómo se va desarrollando el proceso.

Algunas personas que están ahí en el lugar nos informan permanentemente de cada una de las agendas, de los puntos que van aprobando, de los debates. Además, con frecuencia nos conectamos directamente porque la Organización Guatemala Visible transmite en vivo las sesiones y por ahí nos enteramos del proceso.

Luego de que se han superado algunos inconvenientes, ¿qué tema ven álgido?

La decisión de no entrevistar a los candidatos. Abrigábamos la esperanza de que las comisiones tomarían en cuenta la importancia que tiene la selección de estos funcionarios y que los entrevistarían, por lo menos a los miembros aspirantes a la Corte Suprema de Justicia, porque las entrevistas permiten conocer de primera mano el pensamiento de los aspirantes. Creo que es importante que la sociedad escuche de viva voz cuáles son sus visiones, cuál ha sido su trayectoria, en qué han participado, cómo piensan comportarse y, si tienen señalamientos, preguntárselos directamente. Desgraciadamente acordaron que no van a realizar entrevistas, invocando el poco tiempo y la cantidad de personas.

¿Han detectado cuestiones positivas durante el proceso?

Vemos algunas señales de esperanza. Somos conscientes de que existe el denominado pacto de corruptos que en Guatemala que ya está identificado con nombres y apellido y estamos también estamos convencidos de que puede haber influencia de esos sectores en estas condiciones. Pero, por otro lado, también vemos otro sector que se está tomando en serio este proceso y está resistiendo a cualquier organización o manipulación de esos sectores cuestionados.

¿Han efectuado alguna observación en especial, a los comisionados?

Hemos insistido ante la comisión que deben tratar a todos los postulantes sin ningún tipo de discriminación y que potencien la participación de indígenas y también de mujeres, porque ambos sectores son muy representativos en la sociedad guatemalteca. Eso estamos insistiendo a los comisionados.

¿Cree que el fallo de la CC en el cual se les indica que deben cumplir los plazos para terminar el proceso ayudó a desentrampar el proceso?

Creo que esa declaración de la Corte de Constitucionalidad viene a dar luces y sombras de las que estoy hablando. Una declaración de esa naturaleza me parece muy importante porque también puede contribuir a despejar cualquier duda que se pudiera tener en algún momento acerca de que la CC estaba por la línea de frenar el proceso. Y esta declaración, esperamos que sea sincera. Viene a demostrar lo contrario, que hay interés en que el proceso se lleve adelante dentro de los plazos.

¿Qué pasaría si logran ganar los intereses particulares sobre los generales en relación con este proceso de selección de magistrados?

Eso significaría que Guatemala seguiría tal como está. Y ¿Cómo está? Un sistema judicial cuestionado, una criminalización a defensores de derechos humanos, una percepción negativa desde el contexto que, fuera lo que fuera en Guatemala, una ausencia de tutela de derechos a las personas sería un revés muy fuerte para la sociedad que clama por unos cambios en el sistema judicial.

¿Qué importancia tiene para el país tener jueces independiente?

Un juez independiente debe de fijarse únicamente en aspectos estrictamente técnicos. Y es el llamado en los poderes del Estado a mantener la cordura, la neutralidad, el equilibrio. Los otros dos poderes son políticos. Y lo político significa generalmente ser parcial. Es lo contrario de lo que caracterizan los jueces. Debería caracterizar a los jueces la imparcialidad. Entonces, en otras palabras, la elección de buenos magistrados y buenos jueces de la Corte de Apelaciones constituiría una esperanza de protección de los derechos.

¿Qué importancia tiene para el país tener jueces independientes?

El papel de los tribunales es frenar los abusos de poder de los actos que realizan los otros poderes. Los jueces tienen la capacidad para desconocer la validez de una ley, si es contraria a la Constitución o a los tratados internacionales. Entonces, el papel de un juez independiente es vital para el Estado de Derecho.

¿Qué comparación haría entre el proceso de justicia que existe en Guatemala con el de su país?

En El Salvador ha habido una involución, porque en algún momento se respetaba el pluralismo de ideas, la participación política diversa, los poderes fundamentales en relativa independencia. El papel del Poder Judicial, del que formé parte, tenía la capacidad para desconocer leyes cuando eran contrarias a la Constitución, se frenaba al presidente de la República en algunas decisiones arbitrarias, y se intentaba mantener la pureza del ordenamiento jurídico.

Eso acabó con el gobierno de Bukele, porque él ha cooptado todas las instituciones. La Asamblea Legislativa es casi como sus empleados que trabajan para el Ejecutivo, aprueban leyes sin discusión, con distancia de trámite. Y casi toda la actividad de Legislativo proviene a instancias del presidente Bukele. Esto significa que los diputados carecen de iniciativa prácticamente para aprobar cualquier ley. No tienen autorización para aprobar cualquier ley. Es un secuestro total.

¿Sucede lo mismo con el poder judicial?

En el poder judicial es peor. Recordemos que el 1 de mayo de 2021, la Asamblea Legislativa, por instrucciones del presidente, removió al Pleno de la Sala de lo Constitucional, el Judicial General, e impuso a abogados y abogadas leales a él. Entonces, a partir de ahí, no hay sistema judicial independiente y se han cooptado todas las instituciones: la Contraloría de Cuentas, el Tribunal de Ética Gubernamental, el Instituto de Acceso a la Información Pública, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la Fiscalía, la Corte. Creo que Guatemala no está en materia de institucionalidad democrática en las condiciones tan dramáticas como está el Salvador. Pero es un riesgo permanente que es el fantasma que aparece en nuestras regiones del autoritarismo, ya sea del Ejecutivo o de cualquier otro de los poderes del Estado.

Creo que a los políticos les cuesta entender la importancia de la separación de poderes. Yo creo que, aunque los guatemaltecos dicen: “Todavía no estamos en eso, pero vamos en camino de…”, ¿verdad? Si se logra la total cooptación ahorita del Organismo Judicial, creo que irían ya muy cerca del Salvador. Bueno, el Ejecutivo quedaría todavía en pie, pero en un Estado democrático, un Ejecutivo al que los demás poderes le obstruyan absolutamente todo, no puede hacer nada. Si le bloquean el presupuesto, pues el presupuesto le corresponde aprobarlo a la Asamblea. Está bloqueado, y no digamos un sistema judicial adverso que se dedique a criminalizar, a perseguir, a emprender acciones. Serían dos poderes contra uno. Y ese, obviamente, no es el diseño de un Estado democrático. Cada Estado tiene sus funciones y competencias diseñadas en la Constitución y perfectamente delimitadas. Pero bueno, hay personas que siguen creyendo, a veces con pensamientos retrógrados, que una vez llegan al gobierno pueden hacer lo que quieren sin que nadie les controle.

¿Ha preparado algún cronograma el Panel para los últimos meses?

Hemos programado realizar una segunda visita. Planificamos la presentación de nuestro primer informe preliminar, a más tardar la primera semana de septiembre, con las impresiones preliminares, con los hallazgos preliminares, algunas recomendaciones y con todo el trabajo que hemos realizado. Esperamos que se logre cumplir en tiempo los nombramientos. Y si son los mejores, las mejores abogadas, pues habrá que celebrarlo.