^{Foto: Carlos Alonzo}

Esta mañana, luego de ser extraditado de México, Rabbé declaró ante el Juzgado de Turno que no podía ser devuelto a Guatemala, ya que es refugiado político en México desde 2022. El excongresista sostuvo que tanto la Constitución mexicana como la guatemalteca prohíben la deportación de refugiados a su país de origen, por lo que argumentó que su retorno es ilegal.

La audiencia de primera declaración de Rabbé fue aplazada y se está a la espera de saber si se rendirá hoy, o mañana 9 de agosto. 

Inicialmente, su caso estaba asignado al Juzgado Primero de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo A, pero la defensa informó que están a la espera de que rinda primera declaración en el Juzgado Décimo Penal. Sin embargo, esa judicatura reveló que no tenían la carpeta judicial, mientras que el Juzgado de Mayor Riesgo A confirmó que estaban a la espera de recibir al consignado.

Óscar Colindres, abogado defensor de Rabbé, sostuvo que su patrocinado gozaba de un estatus de refugiado otorgado por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), lo cual frenó el proceso de extradición por la protección que México le brindó. No obstante, el abogado indicó que un problema migratorio provocó la expulsión de Rabbé del territorio mexicano sin que se informara adecuadamente sobre su estatus de refugiado y sin que la Secretaría de Relaciones Exteriores de México comunicara que el proceso de extradición estaba detenido.

Cierre del caso Plazas Fantasma

El caso Plazas Fantasma, revelado en 2016 por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), implicaba a exdiputados y trabajadores del Congreso en un esquema de contrataciones irregulares. 

Según las investigaciones, durante el periodo de la Junta Directiva del Organismo Legislativo 2014-2015, se contrató a personas que no llegaban a trabajar al Congreso, pero que cobraban salarios de entre Q15 mil y Q20 mil. Algunas de estas personas solo tenían escolaridad de nivel diversificado y no cumplían con los requisitos para los contratos.

En septiembre de 2022, la jueza Claudette Domínguez declaró el sobreseimiento del caso, librando a los exparlamentarios de enfrentar juicio. El Ministerio Público (MP) apeló la resolución en una Sala, pero esta ratificó el fallo de la jueza. Posteriormente, la Fiscalía acudió a la Corte de Constitucionalidad (CC) en busca de revertir la decisión, pero el 1 de agosto de 2024, la máxima corte ratificó el cierre del caso.

Con la resolución de la CC, se confirma el cierre definitivo del caso Plazas Fantasma, poniendo fin a la investigación de corrupción en el Congreso. Los exdiputados y extrabajadores involucrados quedan libres de enfrentar juicio por los hechos denunciados en esta trama de corrupción.