Foto: Carlos Alonzo

Según la SAT, la estructura está conformada por al menos 410 empresas con varias similitudes, como por ejemplo, que cuentan con el mismo representante legal guatemalteco y socio, además de que al menos el 75 por ciento de estas fueron constituidas por el mismo notario. 

El consorcio de esas empresas habría facturado más de Q6 mil 400 millones en IVA e ISR entre 2021 y 2024, según los datos presentados por la SAT.

Además de que poseen el mismo representante legal, las empresas tienen los mismos peritos contadores, además de domicilios fiscales no localizados y están ubicadas principalmente en zonas rojas.

Entre 2021 y 2023, esas empresas facturaron Q5 mil 730 millones. En estos datos se identificaron nueve empresas vinculadas a la estructura que en ese periodo de tiempo vendieron de forma directa Q81 millones al Estado, según Guatecompras. 

Entre esas empresas que vendieron de forma directa al Estado están Grupo Basado, S.A.; Grupo Propela, S.A. e Inverisiones Caddie; S.A; entre otras.

Además, el Grupo Basado le vendió  principalmente a la Policía Nacional Civil por más de Q43 millones.

También se informó que unos 16 contribuyentes vendieron al Estado más de Q4 mil 342 millones y adquirieron de la estructura más de Q375 millones en bienes o servicios.

La SAT también identificó a dos contribuyentes de esta estructura que vendieron bienes o servicios a cinco constructoras que son proveedoras del Estado.

Estas empresas han sido proveedoras de varias entidades del Estado, como municipalidades, el Ministerio de Gobernación, Ministerio de Salud, unidades del Ministerio de Comunicaciones e Industria Militar 

¿Funcionarios implicados?

Según Marco Livio Díaz, jefe de la SAT, que hayan entidades del Estado que les hayan comprado a estas empresas no quiere decir que existan funcionarios involucrados. 

Díaz afirmó que ya se han presentado denuncias ante el Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación y Contraloría General de Cuentas para que se investigue estos hechos. 

Además, explicó que el Ministerio Público ya ha solicitado información de al menos cinco empresas que están siendo investigadas. Sin embargo, se negó a proporcionar nombres. 

De igual forma, no mencionó quienes son las personas que han sido denunciadas tras estos hallazgos. 

El superintendente afirmó que la defraudación del Estado en este caso es de aproximadamente Q300 millones, pero indicó que incluso podría llegar a los Q800 millones.