SAT avanza con auditorías solicitadas por el MP en el caso B410 

El superintendente de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Marco Livio Díaz, informó hoy sobre el avance de las auditorías solicitadas por el Ministerio Público (MP). Estas investigaciones han enfrentado retrasos debido a prácticas evasivas de algunas de las empresas involucradas para evitar la revisión de su contabilidad, incluyendo direcciones falsas y excusas sobre la pérdida de registros contables.

Jovanna García

octubre 29, 2024 - Actualizado octubre 29, 2024

Díaz destacó que, aunque se han otorgado amparos a grandes empresas permitiéndoles retomar sus actividades, la SAT continúa apelando estas decisiones ante la Corte de Constitucionalidad. La entidad espera que las auditorías concluyan pronto, de modo que el MP pueda avanzar con las acciones judiciales correspondientes. 

Hasta ahora, la SAT ha exigido una cifra de Q300 millones en impuestos adeudados y estima que la suma total podría alcanzar los Q800 millones.

“El haberle otorgado amparos les quitó presión. Las auditorías se siguen haciendo, yo espero que la primera semana de noviembre tengamos una reunión para revisar todas las auditorías incluso que nos pidió el MP para poderlas entregar y con eso avance el caso judicial en los tribunales”, concluyó Díaz en declaraciones posteriores a una conferencia sobre el uso incorrecto de la Factura y Declaración Única Centroamericana (FYDUCA).

Medidas sobre la FYDUCA

El superintendente, y el intendente de Aduanas, Edwin Curtidor Juárez, dieron a conocer que se han intensificado las medidas de control sobre la FYDUCA, un documento tributario utilizado en transacciones comerciales entre Guatemala y Honduras.

Tras detectar que existían al menos 14 formas de uso incorrecto de este documento, la entidad implementó controles adicionales en puntos estratégicos como Sanarate, El Progreso y las Aduanas Fronterizas Integradas de El Corinto, El Florido y Agua Caliente. Las irregularidades detectadas incluyen subvaluación de mercancías, domicilios fiscales no localizables y suplantación de identidad.

Durante 2024, estas acciones de control han derivado en 27 decomisos valorados en más de Q12.6 millones y la suspensión de 33 contribuyentes del régimen del IVA por incumplimiento de localización. Asimismo, se han efectuado 24 auditorías con un impacto impositivo de Q22.6 millones. 

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