Foto: Nisgua

Según una publicación del Centro en Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), la resolución  anula todo lo actuado en el caso desde su inicio y ordena que en un plazo máximo de 5 horas se les dé libertad a los militares implicados. 

La resolución fue firmada por los magistrados Miguel Enrique Catalán y Eva María Recinos, quienes recientemente fueron asignados como magistrados titulares en esa Sala de Apelaciones tras la elección de Cortes. 

Esta resolución fue firmada también por Jaime Amílcar González Dávia, electo como magistrado suplente. 

La acción de amparo fue promovida por Carlos Augusto Garavito Morán, señalado en este caso, con el auspicio del abogado Moisés Galindo, en contra del Juzgado Primero de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo, presidido por la jueza Claudette Domínguez.

Según la resolución judicial, quedan anuladas las órdenes de captura, auto de prisión preventiva, auto de procesamiento, apertura a juicio y todas las demás diligencias hasta el inicio de la investigación del MP.

Uno de los prófugos en este caso era Edgar Justino Ovalle, exdiputado con el desaparecido partido político FCN Nación, con el que Jimmy Morales llegó a la presidencia.

Los beneficiados con esta resolución fueron Benedicto Lucas García, Raúl Dehesa Oliva, Carlos Augusto Garavito Morán, César Augusto Cabrera Mejía, José Antonio Vásquez García, Byron Humberto Barrientos Díaz, César Augusto Ruiz Morales y Juan Ovalle Salazar.

Esta resolución se suma a la dictada en febrero de este año, cuando la Corte de Constitucionalidad (CC) confirmó el fallo de la jueza Domínguez de cerrar el proceso contra militares señalados en este caso. El caso se encontraba actualmente en etapa intermedia.

El caso 

El Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (Creompaz), ubicado en Cobán, Alta Verapaz, fue utilizado durante el Conflicto Armado Interno como un centro clandestino de detenciones ilegales, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada y violaciones, según organizaciones sociales. 

En el 2016, 14 oficiales militares retirados fueron detenidos por los delitos de desapariciones forzadas y crímenes de lesa humanidad, con base en pruebas encontradas en el centro militar.

Entre el 2012 y 2015, la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) realizó 14 exhumaciones en el lugar donde está ubicado el Comando, encontrando 558 osamentas en cuatro fosas comunes.

Según las investigaciones, al menos 90 de esos restos encontrados pertenecían a niños y niñas.