Según lo señalado, Domínguez, jueza “A” del Juzgado Primero de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo, incumplió lo ordenado en la sentencia del 5 de noviembre cuando la Sala otorgó un amparo a Carlos Augusto Garavito Morán, señalado en el caso Creompaz.
Esa Sala anuló todo lo actuado en el caso Creompaz y también ordenó libertad, en un plazo máximo de 5 horas, contra los procesados.
Además, con la sentencia de debida ejecutoria se ordena que se giren de forma inmediata las órdenes de libertad para los señalados en el caso Creompaz.
Esa resolución beneficia a Benedicto Lucas García, Raúl Dehesa Oliva, Carlos Augusto Garavito Morán, César Augusto Cabrera Mejía, José Antonio Vásquez García, Byron Humberto Barrientos Díaz, César Augusto Ruiz Morales y Juan Ovalle Salazar, todos señalados en el caso.
Moisés Galindo, abogado que actuó en representación de Carlos Augusto Garavito Morán, confirmó a eP Investiga que los implicados fueron liberados durante la noche del miércoles 6 de noviembre.
Galindo indicó que la jueza ordenó la libertad, sin medidas, debido a que estaban detenidos “ilegalmente”. Además, afirmó que dicho Juzgado no tiene la jurisdicción y competencia autorizada por la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Presentan apelación
Ayer, abogados y querellantes de víctimas en el caso Creompaz presentaron un recurso de apelación ante la Corte de Constitucionalidad (CC), argumentando que la resolución de la Sala Segunda fue “abiertamente ilegal”.
Los abogados de las víctimas afirmaron que en la resolución existen errores jurídicos y que no tomaron en cuentas las obligaciones que el Estado de Guatemala ha adquirido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en casos como este.
El proceso se encontraba en la etapa de ofrecimiento de prueba, pero con la resolución de la Sala todo quedó anulado, incluso las órdenes de captura pendientes, como lo es el caso del exdiputado Edgar Ovalle.
