Sala evaluará recusación de juez en el caso por genocidio 

El próximo jueves 21 de noviembre, a las 10:00 horas, la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo celebrará una audiencia para resolver la recusación presentada por la defensa del general retirado Benedicto Lucas García que busca apartar al juez Gervi Sical, del Tribunal de Mayor Riesgo “A”, y detener el juicio en su etapa final.

Jovanna García

noviembre 19, 2024 - Actualizado noviembre 19, 2024
El juez Gervi Sical, del Tribunal de Mayor Riesgo “A”, durante el inicio del juicio por Genocidio Ixil encontra del militar retirado Benedicto Lucas Garcia, abrl 5,2024. Foto Johan Ordóñez.

Foto de portada: Carlos Alonzo.

La recusación está respaldada por un amparo provisional otorgado al exjefe del Estado Mayor del Ejército, lo que ha permitido cuestionar la imparcialidad de los jueces a cargo. 

La abogada defensora de Lucas García argumentó en audiencias previas que el proceso no debería continuar hasta que se resuelva la revocatoria del amparo. “Esta defensa no puede continuar emitiendo sus conclusiones a menos que exista una revocatoria de esta resolución de amparo provisional”, dijo. Además, solicitó que la audiencia se suspendiera y remitir el expediente.

La Sala Primera de Mayor Riesgo, que otorgó el amparo provisional, está integrada por los magistrados Miriam Regina Brolo como presidenta; Marco Tulio Pérez Lemus, vocal I, y Jorge Emilio Morales Quezada, vocal II. 

Hayde Valley, abogada de Impunity Watch, expresó su preocupación por los riesgos que enfrenta el juicio debido a los retrasos. Recordó que el Código Procesal Penal estipula que, una vez iniciado un debate, este no puede suspenderse por más de diez días, lo que pone en peligro la validez de lo actuado hasta el momento. 

“Si se llegan a concretar esos diez días, prácticamente todo lo realizado en el debate quedaría sin efecto, y eso es gravísimo porque sería acentuar más la denegación y el retardo en la justicia”, manifestó.

Valley también destacó los esfuerzos de las víctimas, quienes han trabajado durante décadas para preservar testimonios y exigir la investigación del caso. “Sería bastante vergonzoso cómo quedaría el país a nivel internacional si un caso tan grave no puede tener sentencia por una situación que la propia ley establece que sí puede solventarse”, afirmó. Asimismo, insistió en que el Organismo Judicial tiene herramientas legales para garantizar la continuidad del proceso y evitar que los avances logrados sean anulados.

La audiencia se realizará en el nivel 12 de la Torre de Tribunales y su resultado podría marcar el avance o estancamiento del proceso, asegura la abogada Jovita Tzul, quien representa a las víctimas y querellantes adhesivos.

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