^{Foto de portada: Carlos Alonzo.}

Por propuesta del comisionado Luis Laparra del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), la postuladora decidió que su sede permanente sea la Universidad Rafael Landívar. La decisión fue unánime.

La votación de la nómina sería en el Congreso de la República, pero en aras del tiempo restante para el proceso, surgió esta propuesta conversada en recesos, según comentaron otros comisionados del CANG, Julio Velásquez y Horacio Avendaño, quienes también respaldaron la propuesta.

Durante la sesión representantes de la Plataforma Nacional de Víctimas del Conflicto Armado Interno pidieron no reelegir a los magistrados actuales ni a personas con señalamientos de corrupción, que se elijan a magistrados íntegros, capaces e independientes y reconsiderar realizar todo el proceso en la sede de la Universidad Rafael Landívar, por la imparcialidad del mismo.

El jueves 5, el listado definitivo de aspirantes será publicado en el Diario de Centroamérica  y a partir de ese día hasta el 7, la sociedad civil podrá presentar tachas en contra de aspirantes. Los comisionados sesionarán el próximo 8 de septiembre a las 9:00 horas.

Revisan descargos 

De los 230 candidatos excluidos de manera preliminar, hasta el 2 de septiembre, un total de 209 personas presentaron sus pruebas de descargo. 

Este 3 de septiembre, la Comisión tomó la decisión de no aceptar nuevos documentos, por eso aquellos aspirantes que los presentaron como descargo fueron excluidos automáticamente del proceso.

Un ejemplo es el caso de Leonor Morales, fiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, quien intentó corregir errores mecanográficos y horarios en sus declaraciones juradas con documentos adicionales. Morales acusó a la Comisión de aplicar una “rigurosidad excesiva” que vulneraba sus derechos. Sin embargo, su expediente quedó fuera. 

La Comisión decidió “perdonar” la ausencia del documento 18, la declaración jurada en la que consta que ejercen como abogados desde hace más de cinco años, a aspirantes que ya ocupan un cargo en el sistema judicial como magistrados o fiscales. Un ejemplo de esto es Gilberto de Jesús Porres, esposo de la Fiscal General del Ministerio Público, Consuelo Porras, quien fue reincorporado al proceso.

En un principio no entregó el documento 18, y fue su único error. Al presentar el descargo, pero sin agregar un nuevo documento, fue reincorporado. Argumentó que ese requisito solo le corresponde a abogados en el ejercicio de su “profesión liberal”.

Otro aspirante que quedó excluido fue el presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), Mario Siekavizza. Fue excluido porque presentó una constancia de colegiado activo no vigente de la institución que preside. 

Siekavizza respondió a la Comisión que ellos podían solicitar al CANG la constancia “ya que el artículo 18 de la  Ley de Comisiones lo permite”.

La Comisión analizó todos los casos y fueron reincorporados al menos 50 aspirantes tras presentar pruebas de descargos.

Además, el lunes 2, se recibieron 310 expedientes adicionales, presentados a través del Consejo de la Carrera Judicial, que fueron incluidos en el registro de aspirantes a magistrados de la Corte de Apelaciones y otros tribunales de igual categoría.