^{Foto de portada: Carlos Alonzo.}

Este proceso, revelado durante la gestión de la FECI de Juan Francisco Sandoval y la extinta Comisión Internacional contra Impunidad en Guatemala (CICIG), evidenció cómo se sustrajeron cerca de Q50 millones mediante plazas fantasma y el cobro de sobornos para la construcción y remozamiento de hospitales.

Previo al inicio del juicio, la jueza negó la incorporación del informe DEAC-2018-127 de la Dirección de Evaluación y Análisis Criminal del MP por hacerlo fuera de tiempo. En este documento se explican los hechos investigados y la participación de altos exfuncionarios como Estuardo Galdámez y Luis Fernando Pérez, así como de Sarí Villavicencio, hija del fallecido exministro de Salud, Jorge Villavicencio.

Según una nota de Prensa Comunitaria, la decisión de la jueza Cruz llegó a la Corte de Constitucionalidad (CC) mediante una apelación presentada por el MP. La Corte falló a favor del MP, reactivando un amparo contra la decisión de Cruz Toscano, y ordenando que se continúe con el trámite del amparo en la fase procesal correspondiente.

Sandoval, exjefe de la FECI, dijo a eP Investiga que la jueza Cruz Toscano está resolviendo bajo un patrón que beneficia a exfuncionarios vinculados a casos de corrupción.

“Desde 2018 cuando (Cruz) conoció una de las incidencias del caso de Blanca Stalling, denuncié públicamente las falsedades con que resolvía los casos en beneficio de actores corruptos. De momento se ha descubierto un patrón de prevaricatos, que haría pensar que existe algo más detrás de eso. Lamentablemente eso sigue ocurriendo en detrimento de la justicia y favoreciendo a los corruptos, quienes salen ganando en perjuicio del pueblo”, agregó Sandoval acerca de la decisión de Cruz.

Son 13 personas implicadas en el caso. Originalmente eran 16, pero tres fallecieron por diversas causas. El 23 de agosto la jueza Cruz Toscano decidirá si envía o no a juicio a los acusados.