Mina Cerro Blanco. Foto: Elevar Resources
Patricia Orantes, ministra de Ambiente, indicó que hizo la solicitud luego de que Elevar Resources solicitara una actualización de la licencia ambiental en el año 2021, la cual fue aprobada por el MARN el 9 de enero de este año.
“El gobierno actual se enteró de la aprobación de la licencia actual a través de la publicación que realizó la propia empresa una semana después”, señaló Orantes.
La ministra explicó que debido a señalamientos, se analizó el otorgamiento de la nueva licencia con base a la ley y aseguró que se detectaron varias anomalías.
Una de ellas fue que la empresa solicitó en 2021 un actualización en la licencia para pasar de explotación subterránea, a explotación a cielo abierto, lo cual no era procedente.
“El cambio de actividad subterránea a actividad a cielo abierto implica un proyecto enteramente nuevo y diferente al proyecto original”, afirmó Orantes.
Además, Orantes indicó que el expediente tenía número de correlativo correspondiente a otra empresa y que se presume que las rúbricas y firmas en la solicitud son falsas.
También mencionó que no existe evidencia documental sobre una notificación a Elevar Resources. Orantes dijo que se usurpó la identidad del notificador y que se extraviaron varios folios del proyecto Cerro Blanco.
“No le correspondía solicitar una actualización de la licencia ambiental, sino debía haber solicitado una nueva licencia ambiental, presentando un nuevo estudio de impacto ambiental”, afirmó la ministra.
Orantes dijo que la explotación a cielo abierto es altamente impactante a nivel ambiental, ya que puede implicar varios riesgos.
El Ministerio de Energía y Minas (MEM) fue notificado en este caso y afirmó que la empresa deberá realizar un nuevo estudio de impacto ambiental, ya que no se puede otorgar la licencia por medio de una actualización.
Denuncia
Por este caso, el MARN ha presentado una denuncia penal en contra del exdirector de la Dirección de Gestión Ambiental y Recursos Naturales, debido a que fue durante su mandato que ocurrieron estos hechos.
“Es necesario deducir responsabilidades”, dijo Orantes, añadiendo que esa persona ya no trabaja en el MARN.
Para Orantes, este caso refleja un debilitamiento sistemático de las instituciones públicas generado por los gobiernos anteriores.
