_{Fotos: Carlos Alonzo}

El martes 1 de abril, la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales declaró sin lugar la apelación presentada por los abogados Diego Sagastume Vidaurre y Ricardo Sagastume Morales, ratificando así los resultados de las elecciones del CANG celebradas el pasado 14 de febrero. En dichos comicios, la planilla 10, Unidad X la Justicia, liderada por la exjueza Gámez, obtuvo la presidencia de la Junta Directiva para el período 2025-2027. Fue con una estrecha ventaja de 53 votos sobre la planilla 4, Unidos por el Derecho. Esta última, vinculada al exrector Estuardo Gálvez, logró imponerse en el Tribunal de Honor y en el Comité Asesor de Inversiones.

En esta conversación con eP Investiga, Gámez expone su visión sobre la función gremial, los intereses que intentaron frenar su llegada al cargo y el papel que tendrá el Colegio en procesos como la elección del próximo Fiscal General del Ministerio Público y la reconfiguración de la Corte de Constitucionalidad.

Estamos a una semana de que se asumió la presidencia del CANG. Hubo denuncias sobre la anterior junta directiva que intentó de alguna forma bloquear esta transición por una apelación pendiente en la Asamblea de los Colegios Profesionales. ¿Cómo describiría el proceso de transición?

En efecto, la junta directiva por mandato de los estatutos y de la ley de colegiación profesional obligatoria, señala que debe renovarse cada dos años. Específicamente el 19 de marzo a las cuatro de la tarde concluía el periodo de la anterior directiva y tenía que hacerse el cambio. A consecuencia de una apelación que se encontraba en trámite, la junta directiva saliente en un punto resolutivo de forma unilateral señaló que en virtud de la apelación para ellos tenía efectos suspensivos y en consecuencia continuarían en sus cargos hasta que fuera resuelta.

Evidentemente, era una resolución sin ningún sustento legal y nosotros no íbamos a acatar esa disposición arbitraria. Se presentó un amparo por amenaza, efectivamente para garantizar que se diera la toma de posesión y así fue resuelto.

Fue algo parecido a lo que se vivió en las elecciones presidenciales, donde a través de recursos legales se intentó impedir la transición y ese cambio de mando. ¿Qué estrategias emplearon ustedes además del amparo? 

Es imperioso que en un Estado de Derecho se acate los sistemas por los cuales la ley existe. Hemos de decir que el sistema democrático está compuesto, si bien es cierto por normativa, esta debe ser interpretada en favor de la democracia, en favor de la alternabilidad del poder. No podemos aplicar la ley de forma aislada o hacer determinada interpretación en un sentido contrario a lo que el fin de la norma pretende. 

Entonces, las apelaciones están contempladas en la ley y, si hay inconformidad de alguien, debe seguir su curso, ¿verdad? Pero eso no suspende ni paraliza la alternabilidad porque precisamente genera la certeza jurídica. Un país sin certeza jurídica va a la deriva.

De haberse tomado en cuenta esta apelación, ¿usted considera que hubieran cambiado los resultados para la planilla?

No, definitivamente no. El resultado fue arrasador. La primera vuelta fue una diferencia de 1 mil 500 votos, un poquito más, y en la segunda vuelta, habiendo únicamente dos planillas, aún así se obtuvo la mayoría. En una votación en donde los agremiados expresaron su voluntad, en donde los fiscales realizaron lo que ellos tienen que hacer, la fiscalización del proceso electoral, no hubo ninguna razón fundada dentro del proceso que hiciera considerar que había alguna anomalía sustancial que impidiera validar los resultados y así fue determinado por el Tribunal Electoral del Colegio de Abogados que resolvió validar los resultados y comunicarle a la junta directiva los mismos. No cabía de alguna manera la apelación, pues era de una planilla de un postulante y su hermano que tuvieron una minoría de votos.

¿Cuál era la necesidad de retener el control en el CANG? ¿Hay un trasfondo político?

En realidad podemos intuir que podían haber mezclados otros intereses, que son precisamente los que hay que desterrar del CANG, y definitivamente que los objetivos del colegio cumplan con lo que debe ser, con lo que está establecido en la norma por la cual se creó el colegio de abogados. Inició precisamente por una necesidad de reivindicar y de fortalecer la organización profesional y garantizarle a los ciudadanos que los profesionales iban a generar confianza en la población y demás. 

¿Han identificado alguna irregularidad legal en el manejo del CANG de la administración saliente?

Las cuentas cuadran cuando se contrapone factura contra crédito contra débito. Sin embargo, debemos considerar que en este caso es dinero de los abogados y nos debemos basar más que en la justificación del gasto, en la calidad del gasto. Es decir, en qué se invierte y en qué se convierte. Que regrese a ellos con servicios efectivos. 

Con base en los objetivos del colegio, uno es la formación continua y la profesionalización de sus agremiados. Es donde más falencias hemos encontrado. 

Tenemos una unidad académica que debe estar al alcance de todos, que debe ser lo suficientemente incluyente, debe tener programas de formación y de capacitación continua que alcancen a todas las profesiones que aglutinamos. Es donde se deben concentrar los esfuerzos del colegio, es donde más debilidades encontramos.

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Uno de los rostros más visibles durante la administración anterior fue el del director de la Unidad Académica, Sergio Madrazo, quien también compitió como candidato a la presidencia del Colegio en las elecciones de febrero, encabezando la planilla número 3, impulsada por la Agrupación Solidaria de Profesionales Afines (ASPA).

Madrazo, pastor evangélico y hermano del diputado Danilo Madrazo del partido TODOS, ha sido un actor activo tanto en espacios religiosos como en redes políticas conservadoras. Fundó la agrupación Academia de Reyes Rejobot, cercana a The Heritage Foundation, y ha sido públicamente reconocido por magistrados electos en 2024 por su apoyo en los procesos de postulación a la Corte Suprema de Justicia.

Además de su candidatura, según un reportaje de este medio, Madrazo fue denunciado junto al expresidente del CANG, Mario Siekavizza, por presuntamente usar recursos institucionales para favorecer a su planilla. Parte de los señalamientos incluyeron el uso de fondos para imprimir materiales y realizar eventos académicos en los que se promovía su figura y la de su equipo, bajo el paraguas de la Unidad Académica. En la biblioteca del CANG se encuentran libros con su rostro.

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¿Qué se está haciendo para revisar esa parte administrativa en un ente que es privado, pero que de alguna forma históricamente también ha servido para devolución de favores políticos?

Lo primero que hay que hacer es tomar acciones correctivas para evitar que ese tipo de circunstancias se puedan dar desde el colegio. Definitivamente la contratación debe atender a perfiles de capacidad y de idoneidad y no al pago de favores, o para realizar cualquier tipo de prebendas y demás. Eso nos lleva nuevamente al tema de la transparencia y que los recursos deben ser bien empleados.

De encontrar algún tipo de anomalía en la gestión saliente o de otras gestiones, ¿las harán públicas o las denunciarán de alguna forma?

Claro, en el colegio los agremiados son los primeros que tienen que ser informados de cualquier situación. Si ellos preguntan, tienen que encontrar respuestas. Yo creo que si hay algo que comunicar, debe ser de la forma más prudente. Definitivamente, la función que me acoge como presidenta es ese compromiso que tengo con los agremiados de responder a todas las inquietudes, a las necesidades que se planteen en la medida que esto sea posible en la administración.

En los últimos procesos de designación de magistrados, el CANG ha sido señalado de influir, no de la forma más positiva. ¿Cómo planea recuperar la confianza en el colegio, no sólo de los agremiados, sino también de la ciudadanía?

Hay dos tipos de elección. Hay elección que se hace por asamblea en el caso de la Corte de Constitucionalidad. Es el agremiado el que tiene que ser consciente y depositar su voto de manera que elija a una persona que considere que merece asumir ese cargo por condiciones de idoneidad, de responsabilidad, de honorabilidad. 

Nuestra misión es hacer una participación efectiva y activa, proactiva, en el sistema de selección para que sea a través de los perfiles idóneos que se haga la selección de las personas que integrarán la nómina que se entregará al señor presidente para la elección del próximo Fiscal General. Es una gran responsabilidad y definitivamente debe atender a los mejores perfiles que se puedan encontrar en la profesión para aspirar a ese alto cargo.

El próximo año será clave para el sistema de justicia. ¿Cómo su junta directiva planea garantizar no tener ningún tipo de presiones en este tipo de procesos? 

Cuando elegimos representantes, tiene que ser basado en ese perfil de independencia, de personas que no sean fácilmente manipulables, ni utilizables, ni que se presten para este tipo de situaciones. Yo creo que es muy lamentable que, a través de la responsabilidad que se adquiere y de esa participación tan importante en las comisiones de postulación, se vaya a defraudar la confianza depositada y se vaya a hacer un papel distinto al esperado. Yo creo que, en este caso, la selección de estos perfiles tiene que ser sí o sí, de manera que sea beneficioso para el pueblo de la República de Guatemala.

No puede hacerse con base en intereses particulares, ni beneficiando a otro tipo de intereses. Es muy delicado que eso ocurra y yo creo que es papel del Colegio de Abogados, como partícipe en ese tipo de elecciones, responder a esa expectativa con toda la transparencia y con toda la responsabilidad que se debe.

Cuando usted dejó de ser jueza, denunciaba una serie de anomalías que existen en el sistema de justicia, ¿nos puede hablar de la necesaria renovación en el sistema de justicia del país?

Guatemala pasó de un sistema de persecución penal democrático a un sistema penal acusatorio. En 1994, que se produce el cambio, se inicia un proceso de renovación del sistema de justicia penal a un sistema democrático, esperanzador en cuanto a la tutela de derechos, pero poco a poco ese sufrió un retroceso que se fue degradando en el tema de la independencia de los jueces. 

Mantener la independencia de los jueces es una herramienta indispensable para los ciudadanos, porque eso es la garantía de que la justicia se va a impartir con los valores que el pueblo espera.

Pensar en un uso arbitrario del sistema de justicia, en realidad, lo que hace es restar la confianza del ciudadano y evitar que tenga credibilidad en el sistema, que va a responderle a la tutela judicial y que no se va a prestar el sistema de justicia ni a revanchas, ni a generar impunidad, ni a generar una aplicación del sistema de justicia de forma arbitraria. 

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Gámez fue jueza de Primera Instancia Penal en Sacatepéquez durante más de dos décadas. En junio de 2024, presentó su renuncia al Organismo Judicial tras ser trasladada al juzgado de turno de Mixco, una decisión que denunció como un “despido indirecto con fraude de ley”. Años antes, en 2018, fue una de las seis finalistas en el proceso de elección de Fiscal General, al obtener 14 votos dentro de la Comisión de Postulación. Desde entonces, ha combinado su ejercicio profesional como abogada litigante con una activa participación gremial y, más recientemente, en casos de alto perfil como el de la exdiputada y exdirectora del Instituto de la Víctima, Ligia Hernández, procesada en el caso conocido como Corrupción Semilla.

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¿En qué momento estamos como país, donde estas elecciones que se vienen son cruciales, ya que podrían definir el rumbo tanto del sistema electoral como del sistema de justicia? 

Yo lo que creo es que quienes administran el sistema de justicia, y en su momento yo lo hice durante más de 25 años, no administramos justicia a título particular ni por intereses particulares; se administra justicia en el nombre del pueblo de la República de Guatemala. 

Cada funcionario, cada empleado público representa los intereses del pueblo. Traicionar esos intereses. No se representa a sí mismo, no actúa representando a un grupo específico; en este caso, la junta directiva, por ejemplo, representa a los más de 50 mil agremiados que tiene el colegio que aglutina a abogados, notarios, licenciados en ciencias jurídicas y sociales, criminólogos, sociólogos, criminalistas, internacionalistas, politólogos y otras profesiones afines. Quienes administran justicia, representan también a cada ciudadano en lo particular y deben ejercer esa tutela judicial efectiva pensando en ese ciudadano.

Entre todas estas elecciones en las que el CANG va a tener un rol muy importante, ¿por qué la del cambio fiscal general resulta todavía más importante y en la que la ciudadanía está muy atenta? 

Un sistema de justicia penal es lo que le da la visibilidad, la percepción a la ciudadanía. Decía el académico Claus Roxin que el derecho penal es el sismógrafo de la Constitución. ¿A qué se refería con esto? Que nosotros medimos el reconocimiento o no de los derechos ciudadanos a través del derecho penal porque es el más sensible, es el que toca las fibras más elementales de la sociedad, precisamente porque toca la libertad, el derecho a la reivindicación de las víctimas. Si tiene un sistema de justicia penal fortalecido y democrático, va a tener esa garantía de reducir los niveles de impunidad y se va a perseguir efectivamente a quien deba perseguirse.

Entonces, la tranquilidad ciudadana también pesa sobre el sistema de justicia penal. Pero todas las elecciones son sumamente importantes; cada empleado, cada funcionario, desde su metro cuadrado, tiene que fortalecer la democracia y el Estado de Derecho y procurar que su función sea eficaz para el beneficio público. Esto es un engranaje que se compone de un montón de piezas; lo que pasa es que el derecho penal es más visible para la sociedad.

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En 2026, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala jugará un papel decisivo en cuatro procesos de alto impacto para la justicia y la institucionalidad democrática. El 20 de marzo deben tomar posesión los nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral; el 13 de abril, los de la Corte de Constitucionalidad; el 17 de mayo, el o la fiscal general del Ministerio Público; y el 19 de mayo, el nuevo Procurador General de la Nación. En cada caso, el CANG participa mediante asambleas o comisiones de postulación.