A casi 10 años de su detención ilegal mientras cubría una manifestación en Chiquimula, la periodista comunitaria Norma Sancir conversa con eP Investiga en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa y describe cómo fue para ella esperar casi una década para obtener justicia.
Sancir nació en Tecpán, Chimaltenango, pero migró al oriente del país donde ha hecho periodismo desde hace más de 14 años. El 18 de septiembre de 2014 fue detenida ilegalmente por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), cuando cubría un desalojo en una comunidad de Camotán, Chiquimula.
El 31 de enero de 2024 se realizó la audiencia en un Tribunal de Sentencia de Chiquimula, en la que condenaron a los policías que detuvieron a la periodista. El excomisario Seferino Salquil Solval y las policías Olga Leticia Segura y Mirna Marleny Agustín recibieron una condena de tres años y nueve meses de prisión conmutables.
Para ella ha sido cansado esperar justicia; sin embargo, asegura que para defender su derecho a la libertad de expresión continuó con el caso.
“Eso me permitió tener fuerzas y poder buscar justicia en Guatemala”, dice Sancir. “Si bien es cierto, fue un proceso cansado, tuve la oportunidad de ser acompañada de toda una red de personas que me sostuvieron”, añade.
Recibir la noticia de la condena de los policías que la detuvieron causó sentimientos encontrados en ella, debido a que en un principio tenía incertidumbre por la lentitud en la que funciona el sistema de justicia en Guatemala, además de temor debido a las implicaciones que podría tener su caso.
Fueron varias ocasiones en las que se suspendieron las audiencias del caso, lo cual representó un obstáculo y que el proceso fuera más largo.
“Hubo momentos en que decía: ‘ya no voy a poder más’. Los policías a los que me enfrentaba me decían que yo no era periodista, me intimidaban con sus comentarios e incluso a periodistas que hacían cobertura les decían que por qué los grababan, queriendo intimidar el derecho de las y los colegas que siempre estuvieron allí”, dice Sancir.
Los nueve años desde su captura hasta la condena de los policías, afectaron su salud emocional al grado de tener padecimientos físicos.
“Fue necesario atender mi salud emocional, lo hice y lo sigo haciendo, porque pasar encarcelada cinco días injustamente por autoridades que yo pensé que me iban a proteger, pero lejos de protegerme violentaron mis derechos”, asegura.
Así cambió su forma de hacer periodismo
Norma afirma que este proceso cambió la forma en la que hace periodismo, pues exploró otras herramientas y plataformas para llevar la información a las comunidades.
“Cambió mi forma de hacer periodismo, soy defensora de derechos humanos y de los derechos de los pueblos indígenas. Seguí haciendo otros formatos, documentando otros procesos que también me llevaron a otros incidentes de seguridad, por lo que tuvieron que moverme del territorio donde yo estaba haciendo mi trabajo”, explica.
A pesar de que estuvo lejos de ese territorio, pudo continuar con su labor de informar y tuvo la oportunidad de tener un programa de radio, gracias a que se ha ganado la credibilidad de sus fuentes.
“La pandemia no me detuvo a seguir en este proceso, hoy me encuentro en otra etapa de mi vida, repensando con qué seguir, qué es necesario para poder seguir ejerciendo esta labor. Buscar otras formas, sin ponernos en riesgo”, dice.
Norma indica que con el actual gobierno hay otro contexto, pero que esto no significa que las intimidaciones y la persecución contra los periodistas se detengan.
“Lamentablemente, en este Estado decir la verdad pareciera que es delito”, asegura.
Sin reparación de los daños
Sancir asegura que está satisfecha con la condena a los policías, no solo porque se hizo justicia, sino porque se le reconoció como periodista comunitaria y como mujer periodista, esta medida representa un precedente importante para el periodismo en el país.
La audiencia para la lectura de las medidas de reparación digna se realizó días después de la sentencia, sin embargo, el Estado de Guatemala aún no las ha cumplido debido a que la defensa de los agentes de la PNC apeló el fallo.
Entre las medidas de reparación digna otorgadas a Sancir se encuentran la obligación del Estado de incluir en la currícula de formación de aspirantes a la PNC y agentes graduados un curso creado por periodistas sobre temáticas de periodismo comunitario y una cartilla ilustrativa con principios de protección a periodistas que debe cumplir la entidad policial, en la que se incluyan datos del caso de la periodista, entre otras.
Si la sentencia queda en firme, las medidas de reparación deberán iniciarse, las cuales dejan precedentes importantes para las y los periodistas, afirma Sancir.
“En la sentencia hay muchas medidas de reparación muy personales, pero la reparación también es para los periodistas, como para poder avanzar con el protocolo de protección a periodistas que viene desde el gobierno de Otto Pérez Molina”, comenta.
Asegura que la sentencia reconoce el derecho de los periodistas de ir a las comunidades y que se garantice a la población el derecho a informarse sobre lo que está ocurriendo. Además, las medidas de reparación establecen que los periodistas puedan denunciar cuando restringen sus derechos.
“Siguen actores de poder que no les va a gustar que digamos la verdad, que las y los periodistas sigamos diciendo la verdad, y creo que esto va a fortalecer nuestro trabajo”, señala.
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