La oficina de prensa del MP explicó que “la Fiscalía de Casos Especiales está conociendo el fenómeno de estafas en todas sus modalidades y está siendo fortalecida con la finalidad de dar respuesta efectiva y pronta ante el alza de denuncias por este fenómeno delictivo”. 

Con esta reestructuración, los fiscales que se encontraban investigando violaciones a los derechos humanos y casos históricos como el que está en desarrollo de Genocidio Ixil, serán reasignados para atender el fenómeno delictivo de las estafas.

El traslado de estos fiscales ocurre en un momento en el que la Fiscalía de Derechos Humanos se encuentra en la etapa final del debate por genocidio en contra del general retirado Benedicto Lucas García.

Extraoficialmente, se conoce que los trasladados son Erick Mangandid, agente tiscal y los auxiliares fiscales del caso por genocidio, Luis López, Edgar del Cid y Mario Rosales.

“No es factible compartir esa información en estos momentos por temas de seguridad del personal fiscal y los casos que investigan”, respondieron del MP al consultar sobre los movimientos realizados en las fiscalías, los cuales iniciaron la semana pasada. 

Respecto a las carpetas judiciales que conocían en la de Derechos Humanos, el MP explica que “fueron reasignadas”. Asegurando que cuenta con ”personal suficientemente capacitado para continuar el diligenciamiento de los casos con la objetividad, profesionalismo y rigor correspondiente”.

La fiscal Mercedes Morales, titular del caso contra Lucar García, pidió la semana pasada 30 años de prisión en su contra por genocidio, 30 por el delito de deberes contra la humanidad y 40 por cada una de las 70 víctimas de desaparición forzada; dando un total de 2 mil 860 años.

Este juicio, que está próximo a su sentencia tras más de 95 audiencias y décadas de espera, ha enfrentado repetidas acciones dilatorias por parte de la defensa de Lucas García, quienes han interpuesto recusaciones y amparos en un intento de detener el proceso.

La medida ha generado inquietud entre sectores sociales que consideran que el cambio podría afectar el desarrollo del caso y entorpecer la sentencia. 

Sobrevivientes y organizaciones de derechos humanos como la Asociación para la Justicia y la Reconciliación (AJR) y la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) denunciaron hoy medidas para retrasar la sentencia por parte de la defensa de Lucas García.