Esta es una de las tres solicitudes planteadas por Arde, las otras dos se refieren al nombramiento de gobernadores faltantes y a “ya no permitir la injerencia ilegal de la Corte de Constitucionalidad (CC) en las funciones del Congreso”.

Arde pidió remover del cargo a la Fiscal General basándose en el artículo 251 de la Constitución Política de la República. También le solicitaron que, con base al artículo 227 constitucional, se nombre a los gobernadores faltantes “sin aceptar cortapisas legales”. 

“Las solicitudes están fundamentadas en los artículos 44 y 5 constitucionales, que declaran nulas ipso jure ‘las leyes’, disposiciones gubernativas o de cualquier otra índole que disminuyan, restrinjan o tergiversen’ las facultades constitucionales del presidente o las de otros organismos del Estado y que facultan al mandatario a ‘no acatar’ cualquier tipo de ‘órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella”, dijeron. 

Arévalo agradeció la visita de los representantes de Arde, a quienes les afirmó que se estudian todas las medidas legales al alcance para remover a la Fiscal General del cargo.

CC se ha extralimitado

Para el Movimiento Arde, la CC ha cometido abusos y se ha extralimitado en sus funciones, al grado de, supuestamente, reconocer la primacía de la Ley Orgánica del Ministerio Público sobre la misma Constitución, lo cual aseguran es “para impedir la destitución de la actual Fiscal General”.

Por lo anterior señalaron que el papel del Ministerio Público se ha desvirtuado y que se ha construido en un instrumento para evitar que se siga con la lucha contra la corrupción. 

Además, aseguran que la propia CC “se ha constituido en la principal amenaza al orden constitucional legítimo”.

Arde pidió al presidente destituir de forma inmediata a la Fiscal General y que no acate resoluciones de la CC, a las cuales calificaron como “disposiciones inconstitucionales”, con el propósito de restaurar el orden constitucional. 

También aseguraron que no conviene realizar una consulta popular para buscar la destitución de Porras, debido a que la Constitución faculta al presidente para destituirla. 

Para Arde, la realización de una consulta popular se puede utilizar para iniciar reformas profundas al sistema político de Guatemala.

Lee más: