Este 4 de noviembre, La Hora dio a conocer que investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) visitaron las oficinas del medio para solicitar datos personales al periodista Diego España. eP Investiga consultó al MP y confirmaron que se debe a diligencias en seguimiento a una denuncia contra el periodista por violencia contra la mujer.
“El MP tiene la obligación de investigar las denuncias de hechos que pudieran constituir un delito, independientemente de la profesión o rol de la persona involucrada. Esta obligación está basada en el principio de la búsqueda de la verdad y la justicia, y su función es esclarecer los hechos, no criminalizar a las personas, como maliciosamente se maneja en algunas cuentas de redes sociales. No implica ningún tipo de criminalización, como errónea y maliciosamente se pretende hacer creer”, dijo a eP Investiga el jefe de prensa del MP, Juan Luis Pantaleón.
Pantaleón no detalló quién denunció a España ni cuándo se presentó la misma. “En una democracia toda denuncia debe ser investigada de acuerdo con los principios legales y las garantías del debido proceso. Esto incluye a todos los ciudadanos quienes tienen derechos y responsabilidades. La investigación es un mecanismo legítimo para asegurar el respeto a la ley”, agregó.
Según la publicación de La Hora, la visita de dos investigadores DEIC se realizó el pasado 31 de octubre, pasadas las 15:30 horas; vestían como civiles. El periodista los atendió y le fueron solicitados datos como su número de teléfono personal, dirección de su domicilio y su Documento de Identificación Personal (DPI), esto para “notificarle en un futuro”.
eP Investiga consultó al respecto a la Procuraduría General de la Nación (PGN), quienes indicaron no tener conocimiento del caso. La respuesta de la PNC fue la misma.
El departamento de prensa del Ministerio de Gobernación informó que no tenían una postura con respecto al tema, siendo la DEIC una división agregada a esta cartera.
“Ya se habló a La Hora, por lo pronto no se dará otra postura, ya que es parte de una investigación que ordenó el MP”, informaron.
La postura del Gobierno
Esta redacción también solicitó una opinión sobre la persecución contra España a la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh), pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.
Respecto a la postura del presidente Bernardo Arévalo, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP) indicó que están en contra de la persecución contra los periodistas.
“Nuestra postura es clara respeto irrestricto a la libertad de prensa. La persecución política contra las y los periodistas será siempre condenada por este Gobierno. La participación de la DEIC en el caso del periodista España fue realizada por una diligencia del MP, algo que PNC debe obedecer por Ley. Rechazamos cualquier acto de intimidación contra la libertad de expresión, la libertad de prensa y el acceso a la información”, indicó la SCSP.
Por su parte, la vicepresidenta Karin Herrera dijo a este medio y publicó en su cuenta de X que se solidariza con España. “En un país que valora y defiende su democracia, es fundamental que todas las personas, incluyendo a los periodistas, ejerzan la libertad de expresión sin temores. Expreso mi solidaridad con el periodista Diego España, y con quienes trabajan diariamente para informar a la población”, dijo.
Amenazas previas contra España
El colectivo de periodistas No Nos Callarán reporta al menos dos agresiones previas al periodista España. En 2022, la excandidata a presidencia de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) intimidó al comunicador señalándole de acoso cuando este le cuestionó el actuar de la bancada de su partido en el Congreso.
Este año, la diputada de Valor y exministra de Relaciones Exteriores del gobierno de Jimmy Morales, Sandra Jovel, amenazó a través de un comunicado de iniciar acciones legales en contra del medio y de España por difamación, calumnia, acoso y violencia psicológica contra la mujer, esto derivado de una publicación del periodista que informa que el MP no presentó acciones legales ante la CC para revertir la decisión de una judicatura que cerró el caso penal contra Jovel por adopción irregular en 2011.
