_{Foto: Carlos Alonzo}

“La corrupción es un mal endémico de nuestra sociedad. La única manera de controlarla es que desde la cabeza hasta los pies de una organización no se permita ningún arreglo bajo la mesa, ni chantajes, ni compadrazgo”, declaró.

La conferencia inició con el anuncio del nombramiento de Allan Renand Guevara Hernández como viceministro de Infraestructura, quien se suma al equipo conformado por Josué Andreé Ricart, viceministro Administrativo y Financiero; José Raúl Solares Chiu, viceministro de Comunicaciones; y Fernando Suriano, viceministro de Transportes. 

El ministro también mencionó que se encuentran en evaluación los perfiles para dos viceministros adicionales, los cuales serán nombrados próximamente. 

Explicó que la exministra interina, Paola Constantino, retoma sus labores dentro de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE). “De alguna manera, va a continuar con nosotros en el aspecto de ayudarnos a culminar de buena manera la transición”, expresó. 

Añadió que su trabajo será clave para cerrar los procesos de cambio en el ministerio y que de momento se están “dilucidando conjuntamente con ella cuál va a ser el mejor camino que pretenda seguir”.

Compromiso contra la corrupción en el CIV

Durante la presentación del plan, Díaz enfatizó que durante su administración no tolerará actos que comprometan la honorabilidad ni el uso responsable de los recursos del Estado. “Los recursos del Estado son de los guatemaltecos, y deben volver a los guatemaltecos”, dijo.

El ministro aseguró que se adoptarán medidas estrictas para garantizar que todos los procesos, desde la adjudicación de proyectos hasta la ejecución de obras, se realicen con apego a la ley. “Quienes deseen trabajar con nosotros deberán hacerlo conforme a las reglas y leyes que imperan en el país. Todo estará sobre la mesa”, dijo.

Resaltó que trabajará en conjunto con entidades como la Contraloría General de Cuentas (CGC) y la Comisión Nacional Contra la Corrupción (CNCC) para supervisar la ejecución de proyectos y garantizar que los recursos lleguen a las comunidades.

Los 5 ejes del plan Conecta 2025

El plan Conecta 2025, según la exposición del ministro, busca atender las necesidades más urgentes del país a través de cinco ejes principales:

1. Infraestructura vial: Incluye la reactivación de 252 kilómetros de carreteras, la construcción de 325 kilómetros adicionales y el mantenimiento de 180 puentes. Además, se implementará un programa permanente de limpieza y señalización en 2,800 kilómetros de red vial registrada. “Vamos a evitar que los desastres paralicen la economía del país”, aseguró el ministro. La creación de convoyes y la reactivación de zonas viales también son parte de lo planteado para mejorar la atención de emergencias y evitar la paralización económica en situaciones de desastre.

2. Sistema aeronáutico: Contempla la certificación del Aeropuerto Mundo Maya, la recuperación del Aeropuerto Internacional La Aurora y la modernización de la normativa aérea. Según Díaz, por años el sistema aeronáutico no ha estado a la altura de lo que exigen las normas internacionales. 

3. Tránsito marítimo: Incluye una nueva Ley General Portuaria, una Política Nacional Portuaria y el Plan Nacional de Desarrollo Portuario, con el objetivo de optimizar la conectividad marítima del país.

4. Conectividad digital:  Según el plan, la conectividad digital será una prioridad para reducir la brecha tecnológica en escuelas públicas, centros de salud y estaciones de la Policía Nacional Civil. 
5. Construcción de infraestructura social: El ministro también destacó la construcción y remozamiento de escuelas, centros de salud y viviendas.

“No tengo nada que justificar”

Durante la conferencia de prensa, el ministro Díaz abordó diversos cuestionamientos. Respecto a la sanción impuesta por la CGC ante la falta de finiquito al momento de asumir el cargo, aseguró que no existió ninguna irregularidad en su nombramiento.

“No tengo nada que justificar. Simplemente yo el día miércoles ocho inicié el trámite”, declaró. Explicó que el problema derivó de un error administrativo de hace 16 años relacionado con el cierre de un Plan de Probidad. “Fue un olvido personal. Cumplimos con la sanción y con la ley, y no hay nada más que discutir”, puntualizó. Además, afirmó que este contratiempo ya fue solventado conforme a la normativa vigente y reiteró que ni el presidente ni él cometieron algún ilícito en su nombramiento.

El ministro también rechazó el cuestionamiento sobre una supuesta vinculación con un caso de tráfico de armas. Calificó las declaraciones de “falsas y malintencionadas” y explicó que, en su momento, las autoridades fiscales investigaron el caso sin encontrar ningún vínculo con su persona. “Es un ataque más de quienes adversan este cambio. Las decisiones relacionadas con ese caso correspondían a los ministros de Defensa, no a un oficial subalterno como yo lo era en esa época”, declaró. 

Por otro lado, sobre el mecanismo de pagos establecido en 2024 por el presidente Bernardo Arévalo para los proyectos de obra pública, el ministro confirmó que se mantendrán los sistemas basados en avances físicos y financieros. 

“Las unidades ejecutoras tienen la capacidad técnica para definir a quiénes se debe pagar, observando estrictamente los avances físicos y financieros de las obras”, explicó. Además, detalló que este modelo será supervisado en coordinación con la Contraloría, el Ministerio de Finanzas (Minfin) y la Secretaría de Planificación (Segeplan), quienes participarán en una mesa técnica para resolver expedientes judicializados y proyectos suspendidos.

Sobre los proyectos detenidos por problemas legales, aseguró que estos seguirán su curso en los tribunales, pero se buscará concluir aquellos que puedan ser viabilizados. Aclaró que todo será manejado dentro de los parámetros legales y sin negociaciones irregulares.

“Aquellas obras que puedan concluirse mediante un diálogo abierto serán priorizadas, siempre dentro del marco de la ley”. Además, enfatizó la necesidad de un balance entre los beneficios para el Estado y los contratistas, destacando que las decisiones se harán públicas para garantizar la transparencia.