El medio Emisoras Unidas dio a conocer que la defensa de Estrada fundamenta la apelación en la enmienda 821, que entró en vigor en febrero de 2024 y permite ajustar el cálculo de los antecedentes penales y la cooperación con las autoridades para reducir el nivel del delito en ciertos casos.

La enmienda 821, aplicable de forma retroactiva, podría reducir la condena de Estrada en hasta dos niveles del delito, según el Tribunal de Distrito de Nueva York. Los abogados de Estrada presentaron la solicitud el 31 de julio de 2024, aunque el 19 de agosto de este mismo año se presentó un memorándum en oposición a esta.

Estrada fue condenado en febrero de 2020 a 180 meses de prisión por el juez Jed S. Rakoff en el Distrito Sur de Nueva York, luego de haberse declarado culpable de participar en una conspiración para importar y distribuir toneladas de cocaína hacia Estados Unidos. 

Según el fiscal estadounidense Geoffrey S. Berman, Estrada conspiró con el cartel de Sinaloa para financiar su campaña presidencial a cambio de ofrecer acceso irrestricto a los aeropuertos y puertos marítimos de Guatemala para el tráfico de drogas.

Durante su campaña presidencial en 2018 y 2019, Estrada y su coacusado, Juan Pablo González Mayorga, negociaron directamente con supuestos miembros del cartel de Sinaloa, quienes resultaron ser agentes encubiertos de la DEA. A cambio del apoyo financiero de la organización criminal, Estrada prometió apoyo estatal para las actividades de narcotráfico y nombrar a sus integrantes en altos cargos gubernamentales. Incluso, ofreció participar de las ganancias del tráfico de cocaína que transitaría por Guatemala.

Además de los vínculos con el cartel de Sinaloa, Estrada presumió de contar con el apoyo del cartel de Jalisco Nueva Generación. También ordenó contratar sicarios para asesinar a rivales políticos y asegurar su victoria electoral, proporcionando armas como fusiles AK-47 para estos fines.