La denuncia se dirige contra los magistrados Alejandro Prado Estrada, presidente; Ingrid Vanessa García Vásquez, vocal I, y Mario Federico Hernández Romero, vocal II, por los delitos de prevaricato y resoluciones violatorias a la Constitución.

Según explicó Pinto a eP Investiga, la acción penal se basa en la insistencia de los magistrados de la Sala en resolver un caso a pesar de que habían sido recusados. “El día de la resolución del 15 de enero, cuando se resolvió la recusación en la Sala Tercera, se insistió y fue evidente la insistencia del presidente de resolver y de no importarle que estaban recusados los miembros de la Sala, y aún así resolvieron”, señaló el abogado.

Pinto cuestionó que los magistrados utilizaran como argumento hechos ocurridos después de la fecha en la que se presentó la recusación, lo que considera una irregularidad grave. 

“Tomaron argumentos de una situación o de actos que había cometido el juez una semana anterior, el viernes anterior, cuando la recusación fue presentada el 28 de octubre del año pasado. No pudieron haber puesto argumentos que el MP metió un día antes en un memorial, era totalmente ridículo”, afirmó.

El abogado también informó que, además de la querella, se presentó una recusación contra el juez Mario Hichos del Juzgado Segundo Penal, lo que implicaría que el caso pasara nuevamente a la Sala Tercera. Sin embargo, ahora los magistrados de esa sala enfrentan una causal de excusa obligatoria por tener una querella en su contra.

“Ellos ahora tienen unas causales de excusa obligatoria, porque tienen una querella presentada en contra de ellos, por lo que no pueden resolver bajo ningún término ninguna situación de insistencia”, explicó Pinto.

Asimismo, la defensa de los magistrados del TSE mantiene pendiente un amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para revertir las decisiones que los han dejado inhabilitados. “El amparo ante la CSJ no se ha resuelto aún, pero si fuera favorable, todo esto se acabaría”, concluyó Pinto.

Esta acción legal se suma a la crisis institucional que atraviesa el TSE, luego de que la Sala Tercera revocara las resoluciones que habían permitido a los magistrados titulares regresar a sus funciones. Tras esta anulación, la magistrada Blanca Alfaro asumió la presidencia en funciones.