Echeverría fue beneficiado con arresto domiciliario, bajo la condición de presentarse periódicamente al Ministerio Público (MP) para marcar huella biométrica, prohibición de salir del país y de comunicarse con testigos y otros implicados. También deberá pagar una caución económica de Q10 mil en un plazo de cinco días y entregar cartas de recomendación a la judicatura.

El MP, representado por el fiscal Ángel Saúl Sánchez Molina, solicitó cuatro meses para concluir la investigación, plazo que fue aprobado por el juez, fijando el 3 de febrero de 2025, para la entrega del acto conclusivo y, el 18 de marzo de 2025 a las 12 horas para la audiencia de discusión de etapa intermedia.

Sánchez Molina se opuso a la medida sustitutiva, argumentando el riesgo de fuga y la posibilidad de que Echeverría obstaculice la investigación. Por su parte, la abogada Sandra Agustín Palacios, abogada de la Procuraduría General de la Nación (PGN) no se opuso a la medida, siempre que se mantuvieran las restricciones impuestas por el juez. 

En un comunicado, la PGN ha manifestado su descontento debido a la falta de cumplimiento por parte de Agustín a las instrucciones previas para solicitar falta de mérito. La PGN califica como inaceptable la persecución de personas sin indicios suficientes, y señala que este caso refleja un abuso del proceso penal como mecanismo de criminalización política, según lo expuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Como consecuencia de lo expuesto en el comunicado recientemente publicado, ya se le ha notificado de la finalización de su contrato como prestadora de servicios a la institución”, informó la PGN.

El representante de la Usac, Baudilio Navarro, se adhirió a la posición del MP, cuestionando el arraigo del acusado.

El defensor de Echeverría, Juan Castro, criticó los indicios presentados por el MP, señalando que no vinculaban directamente a su cliente con los delitos imputados y argumentó que no se pudo probar su participación activa en la toma de la universidad.