La crisis en el Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (CIV) resalta por la baja contratación y ejecución de proyectos durante las gestiones de los dos extitulares de la cartera: Jazmín de la Vega y Félix Alvarado. Sin embargo, fue la primera jefa quien autorizó los dos contratos más onerosos del 2024, según Guatecompras.

La empresa mexicana Construcción de Caminos y Proyectos Interestatales S. A. de C. V. (Capisa) obtuvo dos contratos para dos obras diferentes desde la Dirección General de Caminos (DGC) que suman un total de Q263 millones 385 mil 792.65. Gilberto Guerra,  exdirector interino de la DGC, firmó ambos acuerdos el pasado 23 de mayo. De La Vega avaló las adjudicaciones el 12 de febrero.

La exministra explicó a eP investiga que ambos proyectos son parte de un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por lo que ella revisó que todo lo actuado por la junta de calificación se encontrara dentro del marco legal. Además, comentó que esas licitaciones patrocinadas por entidades internacionales son observadas y verificadas a detalle. Sin embargo, la exfuncionaria reconoció que es imposible profundizar en los vínculos de cada empresa contratada y de sus representantes legales. Por otro lado, recordó que el caso B410 no había sido descubierto por la SAT al momento de la adjudicación. De la Vega recalcó que la elaboración de los contratos y el inicio de las obras se ejecutaron durante el período de su sucesor, Félix Alvarado.

Los dos eventos también fueron publicados en Guatecompras en la misma fecha, el 19 de octubre del 2023. Uno de los proyectos es para el mejoramiento de la ruta que va de Santa Eulalia a San Sebastián en Huehuetenango, por Q132 millones 566 mil 193.70. El segundo es para mejorar la carretera que va de Chitomax a Cubulco en Baja Verapaz por Q130 millones 819 mil 598.95.

En los contratos, el mexicano Martin Alejandro Carmona Solorzano comparece como mandatario de Capisa, autorizado en Guatemala por el abogado Fernando José Smitt Gordillo. Este abogado también constituyó la empresa en el país el 1 de septiembre del 2021. Ese año, el profesional fue asesor de la Comisión de la Mujer del Congreso de la República de marzo a diciembre. El 4 de julio del 2020, la Policía Nacional Civil lo capturó por infringir las restricciones del confinamiento por la Pandemia del Covid-19 junto al entonces subsecretario de la Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET) y una asistente de esa misma entidad.

El otro representante y el caso B410

Aunque Carmona Solorzano firmó como mandatario los contratos de Capisa con el CIV, Guatecompras y la Superintendencia de Administración Tributaria registran que Roberto Vinicio Gómez Ovando fue nombrado como representante legal el 12 de agosto del 2022. El ejecutivo también representa a cuatro empresas más, según los registros de Guatecompras y la SAT. Dos de esas sociedades están ubicadas en la 33 calle “C” 10-16 zona 7 colonia Bamvi II, justo donde la SAT identificó cientos de empresas fantasma que configuran el caso B410 por evasión fiscal de más de Q300 millones.

El 23 de septiembre de 2021, Gómez Ovando fue registrado en la SAT como representante legal de Tridente de Poseidón S. A. Esta empresa se creó el 7 de abril de ese año. Además, el 18 de septiembre de 2023, Gómez Ovando comenzó a representar a Relicarios S. A., constituida el 31 de marzo de 2023. Ambas coinciden en la dirección que originó el nombre del caso de evasión fiscal y comparten el número telefónico.

Relicarios S. A. fue constituida por el abogado José Luis Oropin Mollinedo, quien también constituyó decenas de empresas del mismo caso denunciado por la SAT. Oropin Mollinedo comparte oficina con su colega David Francisco Barrera Maldonado. Este último representa más de 300 firmas de empresas involucradas en el expediente B410.

Las otras contratistas del Estado

Además de la empresa mexicana y de las sociedades involucradas en el caso B410, Roberto Vinicio Gómez Ovando también es representante legal de otras dos firmas que han ganado contratos con el Estado. Por un lado, Productos Especiales de Concreto S. A. ha obtenido Q316 millones 691 mil 375.44 desde 2012 hasta la fecha. En tanto PCR Lab S. A. ha sido beneficiado con contratos por Q6 millones 356 mil 205.42 del 2022 hasta el 2024.

Productos Especiales de Concreto S. A. también está vinculada con Capisa porque Gómez Ovando fue nombrado como representante legal el 21 de febrero del 2022 por el abogado Fernando José Smitt Gordillo, el mismo que creó Capisa en Guatemala. Además, estas dos empresas registran la misma dirección en la zona 13 capitalina.

Roberto Vinicio Gómez Ovando también representa a PCR Lab S. A. desde el 10 de septiembre del presente año. Esta empresa se creó el 28 de octubre del 2021. El nombramiento de representación de Gómez Ovando fue firmado por el abogado Julio Alberto Nuñez Mejía, quien fue nombrado el 16 de febrero de este año como jefe de la Dirección General de Transportes bajo la gestión de Jazmín de la Vega en el CIV.

Al respecto de esta contratación, la exministra explicó que Nuñez estuvo en el cargo únicamente por unos 45 días, pero fue destituido por señalamientos internos de corrupción. “Yo no lo conocía. Esa designación fue instruida por el equipo de la Presidencia”, aseguró.