Acción Ciudadana y Transparencia Internacional dieron a conocer hoy los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) en 2024, en el cual Guatemala obtuvo 25 puntos de 100 posibles. Eso significa que el país logró dos puntos más en comparación a la medición realizada en 2023.

De esa cuenta Guatemala se situó en la posición 146 de 180 países evaluados a nivel mundial en donde 0 puntos significa mucha corrupción y 100 poca corrupción. A nivel mundial, el sector público guatemalteco tiene una percepción similar a países como Kirguistán y Mozambique. Mientras que a nivel del continente americano el país solo tiene mejor puntaje que Paraguay, Honduras, Haití, Nicaragua y Venezuela.

Los países con mejor puntaje a nivel mundial son Dinamarca con 90 puntos, Finlandia con 88 y Singapur con 84. Mientras que las naciones peor evaluadas son Sudán del Sur con 8 puntos, Somalia con 9 y Venezuela con 10.

Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana, explica que “por primera vez desde 2014 Guatemala detuvo la caída en el Índice de Percepción de la Corrupción. Durante esos 10 años el país perdió 9 puntos y entre 2023 y 2024 hubo un pequeño avance de dos puntos”.

“En general hay un reconocimiento al nuevo gobierno en relación a que no hay una agenda pro corrupción, como si la hubo en las tres administraciones anteriores. Sin embargo, persiste la incógnita si esta leve mejora será sostenible o no”, comentó Marroquín.

El director de Acción Ciudadana también señaló que países como República Dominicana y Armenia han podido mejorar considerablemente su puntuación en el Índice de Percepción de la Corrupción debido a que realizaron reformas integrales para combatir la corrupción en sus Estados.

¿Cómo se calcula el IPC?

El puntaje de cada país es el resultado de la combinación de tres fuentes de información obtenidas a partir de 13 encuestas y evaluaciones de corrupción realizadas por organizaciones internacionales como la Unidad de Inteligencia del grupo The Economist, Freedom House, Banco Mundial, Foro Económico Mundial, entre otros.

Cada país es evaluado sobre la percepción en soborno, malversación de fondos, funcionarios que utilizan su cargo público para obtener lucro personal sin afrontar las consecuencias, capacidad de los gobiernos para prevenir la corrupción en el sector público, excesiva burocracia en el sector público que puede incrementar las oportunidades de ejercer la corrupción y nepotismo en los nombramientos de funcionarios públicos.

También se examina que la legislación garantice la transparencia en las declaraciones de finanzas personales y posibles conflictos de interés en los cargos públicos, protección legal de denunciantes de casos de soborno y corrupción, captura del estado por intereses privados y acceso a la información sobre asuntos públicos de interés ciudadano y actividades de gobierno.