El Gobierno de Guatemala pidió una opinión consultiva a la Corte de Constitucionalidad (CC) para determinar si la Fiscal General, María Consuelo Porras, cumple con los criterios de honorabilidad establecidos en la Constitución Política de la República.
La acción legal busca determinar si Porras se ajusta a lo establecido en los artículos 207 y 251 de la Carta Magna y si estos deben cumplirse únicamente al momento de postularse al cargo o si deben mantener su vigencia durante el ejercicio de la función pública.
Juan Gerardo Guerrero Garnica, Secretario General de la Presidencia, indicó que esta acción se presentó debido a que consideran que la Fiscal General “no está comprometida en la lucha contra la corrupción”.
“Consintió (la Fiscal General) un intento de ruptura del orden constitucional y del régimen político-electoral de Guatemala”, dijo Guerrero Garnica a los medios de comunicación.
Además, aseguró que Porras “ha avalado la corrupción” y que ha ignorado hechos graves, como el contrato de las vacunas rusas, que ya ha sido denunciado por el gobierno.
“Permitió que sus fiscales vulneraran las urnas y manosearan los votos ciudadanos y se atrevieron a proponer la repetición de las elecciones”, comentó el secretario.
Recordó también que la Fiscal General ha sido declarada como actora “corrupta y antidemocrática” por al menos 29 países.
Procedimiento
El secretario general indicó que la CC deberá dar respuesta a una serie de preguntas que el Gobierno de Guatemala ha establecido para la opinión consultiva.
Con esto se busca aclarar el panorama y determinar cuáles son las acciones que se deben tomar en contra de la Fiscal General.
Guerrero Garnica dijo que la Corte de Constitucionalidad tiene un plazo de 60 días para resolver esta petición del Gobierno.
Revocatoria del cargo
Guerrero Garnica mencionó también que la opinión consultiva busca determinar si la pérdida de la honorabilidad puede constituir una causa justificada para la revocatoria del nombramiento como Fiscal General.
“Buscamos una ruta que nos libere el paso para que el presidente de la República al establecer las causales pueda removerla del cargo”, dijo Guerrero Garnica.
Esta es la segunda acción que el Gobierno de Bernardo Arévalo presenta en busca de separar del cargo de Fiscal General a María Consuelo Porras.
El pasado 29 de febrero, Julio Saavedra, jefe de la Procuraduría General de la Nación, presentó una solicitud de antejuicio en contra de Porras por su negativa de participar en un Gabinete de Gobierno en enero de este año.
Guerrero Garnica indicó que la Corte Suprema de Justicia aún no ha colocado en agenda el antejuicio contra la Consuelo Porras.
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