Esto tras una denuncia por la posible falsificación de documentos, usurpación de calidad en la emisión de permisos de circulación y cobros no reportados a la institución.

De acuerdo con el MP, la investigación inició el 2 de diciembre de 2024, tras la denuncia presentada por la directora general de la DGT, Elizabeth Velásquez, el pasado 28 de noviembre.

Según la denuncia, algunos permisos de circulación fueron presuntamente vendidos de manera irregular, a pesar de que estos trámites deben ser gratuitos. 

Además, usuarios de la DGT habrían reportado indicios de anomalías en los procedimientos, lo que motivó la acción legal.

La denuncia fue interpuesta el 28 de noviembre de 2024, durante la gestión interina de Paola Constantino como ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Constantino asumió el cargo de manera temporal tras la renuncia de Félix Alvarado el 15 de noviembre de 2024.